Salvo sorpresa de última hora, España cerró 2017 siendo el único país de la UE que todavía supera el límite máximo de déficit que establece Bruselas, fijado en el 3% del PIB. Pese a ello, la mayoría del arco parlamentario, empezando por PSOE y Podemos, defienden aumentar de forma sustancial el gasto público para, según ellos, revertir los profundos recortes que asestó el Gobierno del PP a los Presupuestos, especialmente en las materias más sensibles, como la sanidad, la educación y la protección social (donde se incluyen las pensiones).
Sin embargo, esta tesis nada tiene que ver con la realidad. La evolución del gasto en términos nominales refleja tres fases muy diferentes desde el estallido de la burbuja crediticia: de 2007 a 2012, cuando el gasto no financiero se disparó de 422.000 millones a 500.000 millones debido a la combinación de recesión, medidas de estímulo (Planes E) y el rescate de las cajas de ahorros; de 2012 a 2014, momento en el que se concentran los famosos recortes, hasta dejar el presupuesto en 465.000 millones; y a partir de 2014, cuando el gasto recupera su tendencia al alza.
En 2016, último ejercicio cerrado del que se disponen cifras oficiales, el gasto rondó los 472.000 millones de euros. De este cuantía, el 63,5%, unos 300.000 millones, se destinaron a los tres pilares básicos del llamado estado del bienestar: sanidad, educación y protección social. Esto supone unos 57.500 millones de euros más que en 2007, cuando comienza la crisis, un incremento del 23,6%.
En concreto, el gasto público en sanidad ha crecido en 6.400 millones desde entonces, un 10,5% más, hasta alcanzar los 67.600 millones; la educación pública emplea 44.900 millones, 1.600 millones más que en 2007 (+3,7%); mientras que la protección social consume 188.300 millones, casi 50.000 millones más (+35,7%), debido, sobre todo, al sustancial incremento que ha registrado la partida destinada a pensiones.
Ahora bien, para ajustar estas cifras, hay que descontar la inflación y medir el gasto en función de la población y los usuarios reales de cada servicio. Según el último cálculo realizado por BBVA Research, el gasto total corriente per cápita en 2016 ya era un 4,6% superior al de 2007, y, dentro de éste, el gasto por usuario en sanidad había crecido un 6% y en educación un 5,4%. Es decir, en la actualidad, el gasto sanitario y educativo en términos reales es mayor que en el pico de la burbuja, a pesar de que la renta per cápita todavía no ha alcanzado el nivel precrisis. Y lo mismo sucede con las pensiones, cuyo volumen no ha dejado de crecer.
El gasto crece un 1,9% desde 2012
Por otro lado, los datos de la Intervención General del Estado demuestran que la manida austeridad de la que tanto se acusa al PP no es tal. Tal y como refleja el siguiente cuadro, el gasto total no financiero bajó un 5,6% entre 2012 y 2016, en términos nominales. Sin embargo, al eliminar el efecto del rescate de las cajas de ahorros, el gasto aumentó un 1,9% durante el citado período, hasta rondar los 470.000 millones.
El gasto en sanidad creció un 4,5%, hasta rozar los 68.000 millones. El 92% de esta cuantía es gestionada por las CCAA. Casi la mitad de este dinero se destina a la remuneración de personal, cuya partida ha crecido un 7,9%. Pese a ello, esta tasa es poco significativa, ya que parte del año 2012, en el que el gasto bajó un 7,7% respecto a 2011 al suprimirse la paga extra, y lo compara con el ejercicio 2016, en el que el gasto se incrementó al devolverse una gran parte de la misma.
Los consumos intermedios se han incrementado un 6,7%, con un importe de 16.528 millones en 2016; la mayor parte, 15.612 millones, se localiza en los servicios prestados a pacientes externos y a los ingresados en hospitales, entre los que se encuentra el gasto en farmacia hospitalaria.
El gasto en educación se ha incrementado un 3,1%, hasta los 44.640 millones en 2016. El 91% de este gasto lo realizan las autonomías, con un volumen de 40.609 millones, superior en un 3% al gasto de 2012. Además, en torno al 20% del gasto autonómico en educación se destina a diversas transferencias, desde becas y transporte escolar a comedores y libros de texto, cuyo gasto alcanzó los 8.163 millones en 2016, un 8% más que en 2012.
Por último, la protección social consume cerca del 40% del gasto total. En el período analizado, ha aumentado un 3%, desde 182.605 a 188.154 millones, impulsado por el aumento de las prestaciones sociales.
La partida destinada a Edad avanzada (jubilados) representa más de la mitad de la protección social y ha aumentado un 16,2% desde 2012, hasta los 102.018 millones, debido, básicamente, al mayor número de pensiones de jubilación (+7,3%). Además, el importe medio de la pensión ha subido de 955,41 a 1.050,82 euros al mes (+10%). El factor que más ha contribuido al aumento de la pensión media ha sido el hecho de que en los últimos años los nuevos pensionistas se hayan incorporado en términos netos con pensiones más altas.
También crece el gasto destinado a enfermedad e incapacidad y las pensiones de orfandad y viudedad (bajo el epígrafe supervivientes en el gráfico). La única partida que cae en este ámbito es la destinada a prestaciones de desempleo por la caída del paro.
