El Tribunal de Cuentas ha publicado un kilométrico estudio sobre las finanzas de los partidos políticos. Como señaló Libertad Digital, el ente auditor ha negado su visto bueno a las cuentas de nueve agrupaciones, entre ellas Ciudadanos, Izquierda Unida, EH Bildu, Compromís o la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (hoy PDECat/Junts per Catalunya).
El toque a Izquierda Unida resulta especialmente llamativo. El pasado año, sin ir más lejos, su líder Alberto Garzón llamaba a sus militantes a manifestarse contra "la insoportable corrupción que nos machaca". Además, el ahora socio de Pablo Iglesias en la coalición Unidos Podemos declaró entonces que "en España hay una corrupción ilegal, pero también una corrupción legal, debido a un régimen político que mantuvo intacta la cultura de la impunidad del franquismo y debido a una oligarquía corrupta que se enriqueció sobre la base de la represión y se siguió enriqueciendo en la democracia".
Pero no todo en Izquierda Unida parece ser tan impoluto como para dar lecciones como hace Garzón. El análisis del Tribunal de cuentas constituye el mejor ejemplo de esta cruda realidad que el joven político nacido en La Rioja parece ignorar. De entrada, el ente auditor subraya que IU no ha entregado toda la documentación de rigor a tiempo, sino que sus federaciones de Cantabria, Castilla y León y Madrid llegaron fuera de plazo. Más grave aún es que no se adjuntase una memoria explicativa del balance de situación ni tampoco la cuenta de resultados, algo que esto lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP).
El informe también reprocha que solo dos federaciones, la asturiana y la valenciana, hayan incluido en sus estados financieros la actividad económico-financiera de sus sedes provinciales y locales. Además, el Tribunal de Cuentas recuerda que las cuentas consolidadas excluyen a algunas de las agrupaciones integradas en IU, como Izquierda Abierta, Izquierda Republicana, CUT… lo que limita la tarea de fiscalización.
El ente controlador apunta que "del análisis de la documentación presentada se deduce que las cuentas no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la formación". Esto se debe a todos los incumplimientos antes señalados, pero también a distintas salvedades. De entrada, el activo del partido está sobrevalorado en 350.000 euros, mientras que las deudas están infravaloradas en 310.000 euros, lo que supone una desviación superior a 100 millones de las antiguas pesetas. Además, hay sombras en la valoración del suelo y de los activos inmobiliarios (en el caso del PCE, integrado en IU, la sobrevaloración es de 7,6 millones de euros).
También llama la atención el descontrol de las cuentas de IU en lo tocante a las labores de auditoría. Aunque la Ley de Financiación de Partidos exige en su artículo 15 la presentación de un informe de control interno, el partido comunista no ha facilitado este documento al Tribunal de Cuentas, con la salvedad del capítulo valenciano de IU.
Incumplimientos
Pero la opacidad no termina aquí. El informe señala que las cuentas de IU incluyen más de 300.000 euros de donaciones que no han sido adecuadamente identificadas, de modo que no hay información sobre los donantes del partido a nivel nacional y tampoco en regiones como Cantabria, Galicia y Murcia. Esto constituye una práctica irregular que vulnera el artículo 5.1 de la LOFPP. De hecho, el artículo 17 contempla posibles sanciones contra las agrupaciones que incurran en esta irregularidad.
Los incumplimientos en materia de donaciones no terminan aquí. Hay cinco federaciones de IU (Baleares, Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco) que violan las reglas de tramitación de donaciones por el modo en que gestionan los ingresos por donaciones, de modo que se da un incumplimiento de distintos puntos de los artículos 4 y 8 de la LOFPP.
Además, el partido ha realizado diecinueve pagos en efectivo por encima del máximo umbral permitido (2.500 euros por aquel entonces). De esta cifra, dos pagos corresponden a la organización nacional y diecisiete están ligados a la federación de Madrid. Esto supone un incumplimiento de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal.