La realidad es que, aun innecesario, se repite una y otra vez al comienzo de cada año. Lo califico de innecesario porque la evidencia hace estéril el cálculo más sencillo de aquello que es, a todas luces, evidente. Tal el caso de que los pensionistas perderán capacidad económica también en el año 2018.
El Gobierno, siguiendo el hábito de años anteriores, ha decidido que la subida de las pensiones en 2018 no supere el mínimo obligatorio del 0,25 %, cuando el mismo Gobierno, en los precios regulados, ha autorizado subidas en los suministros esenciales para la vida de cualquier ciudadano, también de los pensionistas, en cuantías muy superiores.
Y prefiero no entrar en la previsión del IPC, porque muchos de los bienes que intervienen en el IPC, y la ponderación con la que intervienen, están muy lejos de incluirse en la cesta de la compra de un pensionista, incluso de la del de mayor pensión.
Prefiero, por ello, centrarme en bienes necesarios, cuyos precios, por la ventaja de la regulación (alguna ventaja debía de tener la intervención de la Administración), son evidentes, tales como la electricidad, el gas natural y en general los precios de los servicios públicos, como el servicio de correos, que, en los destinos nacionales, subirá el franqueo en un 10 %, aunque la incidencia de éste sea mínima en la cesta de un jubilado.
Lo que quiero decir es que si en la electricidad, aunque se mantenga constante la parte regulada, se espera una subida superior al 2%, y en el gas natural, según su implantación en el hogar, oscilará entre el 4,9 y el 6,6 %, consumos, estos sí, significativos y de demanda muy rígida en la economía familiar de un pensionista, cuando su pensión apenas ha crecido en un 0,25 %, no necesitamos esfuerzos para concluir en el empobrecimiento del pensionista, en términos reales.
Sin duda, el propio Gobierno ha debido de tomar en consideración los efectos del crecimiento de los precios sobre los sujetos con rentas más bajas, para acordar la elevación del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 4% para el año que comienza. ¿Es que no hay pensiones bajas?
Lo que más me alarma es la causa por la que no es posible elevar más allá del 0,25% (y esto porque es obligatorio) la cuantía de las pensiones. La razón en muy simple, que todo el mundo entenderá, aunque quizá no entienda que sea la única acción procedente. La razón se apoya en el déficit de las cuentas de la Seguridad Social, es decir en la deficiente gestión de la Seguridad Social. Así, como hay déficit, procedamos, por obligación, a restringir la actualización de las pensiones a ese mínimo establecido por ley.
Y pregunto yo: ¿sólo esto? ¿Debemos quizá felicitar al gestor de la Seguridad Social por el éxito en su tarea? Al fin, muchos pensionistas viven con permiso del sepulturero, siendo sus protestas silenciosas.