Los nuevos paladines de la esfera intelectual progresista llevan años incurriendo en una curiosa hipocresía que, por un lado, critica con ahínco a los individuos más ricos, pero, al mismo tiempo, ensalza los privilegios fiscales otorgados a territorios más acaudalados. Una doble vara de medir de la que tenemos ejemplos a ambos lados del Atlántico.
En Europa, el caso más evidente lo tenemos en nuestro país, España. En los últimos años, la misma izquierda que dice defender el federalismo añade a continuación la apostilla de que dicho modelo de Estado debe introducirse de forma asimétrica. Detrás de esta neolengua progre se esconde el viejo plan del nacionalismo catalán de conseguir un tratamiento fiscal diferenciado.
Y es que la izquierda patria que nos ha tocado en desgracia no enarbola el federalismo puro y duro, sino que aboga por un engendro que, en la práctica, pasa por conceder una financiación preferencial a Cataluña a costa del resto de los españoles. Es el llamado "pacto fiscal" que pidió Artur Mas hace cinco años y que ahora parece contar con el respaldo explícito o tácito de un segmento significativo del progresismo ibérico.
Curiosamente, esa misma izquierda española defiende de forma machacona la importancia de "subir los impuestos a los ricos" como vía para aumentar la "redistribución de la riqueza". De modo que el progresismo ha terminado cayendo en el absurdo de criticar a las personas ricas, pero defender a las regiones acaudaladas…
Pero, curiosamente, el fenómeno se repite al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Esta vez la polémica viene de la reforma tributaria aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, en línea con la propuesta del presidente Donald Trump. Dicha norma incluye una cláusula que limita a 10.000 dólares el total de impuestos locales y estatales que se pueden deducir los contribuyentes a la hora de pagar sus tributos a nivel federal.
Esto golpea claramente a aquellos territorios que, hasta ahora, maquillaban su elevada fiscalidad gracias a la compensación tributaria que permitía Washington. La reducción del tope que han aprobado los congresistas norteamericanos implica que los impuestos locales y estatales recaigan de forma efectiva sobre el bolsillo de ciudadanos que, hasta ahora, descontaban dichas tasas de su pago de impuestos al gobierno de la nación.
California y Nueva York, los dos bastiones del progresismo yankee han salido golpeados por la medida. Esto ha hecho que los dirigentes demócratas entren en cólera y denuncien el "ataque" de Trump y los republicanos a los blue states, es decir, los territorios en los que la izquierda tiene una clara hegemonía política.
Ni que decir tiene que los alcaldes y gobernadores demócratas tienen en sus manos la solución: podrían bajar los impuestos y dejar de pedir que los contribuyentes pobres del resto del país sigan subsidiando los descuentos tributarios que aplica Washington a los ciudadanos más prósperos. Pero la coherencia en estos círculos políticos brilla por su ausencia. De nuevo, el progresismo se pone al servicio de las regiones ricas, a las que pretende seguir otorgando un tratamiento fiscal diferenciado, mientras sus paladines siguen hablando también de subir impuestos a los ricos. ¿Se puede ser más hipócrita?