El pasado 14 de noviembre, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, compareció en el XXII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Durante su intervención, ratificó su compromiso de cerrar el ejercicio 2017 con un déficit público equivalente al 3% del PIB.
Mes y medio después, los datos de la Intervención General de la Administración del Estado permiten escudriñar el grado de cumplimiento presupuestario de las distintas capas del Estado: nacional, regional y local. Esta fuente estadística muestra que, de enero a noviembre, el principal incumplimiento fiscal ha sido perpetrado por el gobierno central, que ha gastado 5.000 millones más de lo planteado y cerrará 2017 con un desfase del 1,56% del PIB, equivalente a 18.200 millones de euros.
El cierre de año será especialmente ajustado para las comunidades autónomas. La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local ha contactado a finales de ejercicio con diez regiones para pedir a sus Ejecutivos que congelen sus gastos hasta final de año para evitar incumplimientos. Las misivas fueron remitidas a los Interventores Generales de las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra. Los datos disponibles, para enero-octubre, apuntan a un leve superávit del 0,11% del PIB, una leve mejoría frente al déficit del 0,3% que se registró en el mismo período del año durante 2016.
También mejora el saldo de la Seguridad Social, gracias a un aumento de los ingresos por cotizaciones que resulta cinco veces mayor que el crecimiento de los gastos por el pago de pensiones (5,4% vs 1,4%). En cualquier caso, persiste un déficit de caja. Entre enero y noviembre, el déficit acumulado fue de 7.000 millones, 3.000 millones menos que un año antes. Cabe recordar que la célebre hucha de las pensiones ha quedado reducida a menos de 6.000 millones, por lo que los 9.500 millones de la paga extra que cobran los pensionistas en diciembre fueron abonados con cargo al Tesoro, que emitirá deuda.
Las cifras del ajuste
El buen desempeño presupuestario de las corporaciones municipales, sujetas con éxito a las limitaciones que impone la Regla de Gasto, servirá para maquillar el mal desempeño fiscal que arroja la Administración en el ámbito central y regional. Y es que, a falta de las cifras presupuestarias definitivas que confirmen lo ocurrido durante el último trimestre, el conjunto de los Ayuntamientos acumulaba hasta septiembre un superávit cercano a los 6.000 millones de euros. Un año más, los gobiernos locales compensan la falta de ajustes a nivel nacional y regional.
Los datos de la Intervención General apuntan que el ajuste del déficit observado en 2017 se ha volcado principalmente por el lado de los ingresos, que han subido casi un 4% apoyados en la mayor recaudación que genera la recuperación económica. Además, se ha producido un descenso del 2% en los gastos de las Administraciones, si bien esta reducción no obedece a medidas estructurales de austeridad, sino a caídas coyunturales del gasto en ámbitos como la prestación por desempleo, que va a menos gracias a la recuperación laboral, o los intereses de la deuda, que caen un 6%.