Elnúmero de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar diciembre en 3,41 millones, tras bajar en 290.193 en el conjunto de 2017, el quinto descenso anual consecutivo. Aunque esta bajada del paro esté por debajo de la registrado en 2015 y 2016, constituye, sin duda alguna, una excelente noticia, coronada además por el aumento medio de 611.146 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta desde 2005, año que se vio artificial y positivamente afectada por la regulación masiva de trabajadores extranjeros llevada a cabo por el anterior Gobierno socialista.
Frente a este indiscutible logro cabe señalar la pírrica –por no decir engañosa– victoria alcanzada en la lucha contra el déficit público. Hace tiempo que el Gobierno de Rajoy renunció a su promesa de reducir a cero el desequilibrio presupuestario, mientras que su renegociado compromiso con Bruselas de reducirlo al 3% este año sólo parece poder ser alcanzado mediante la treta de utilizar el superávit de las corporaciones locales para enjugar el desvío fiscal del Gobierno central y las CCAA.
Mención especial merece el impacto que el proceso separatista en Cataluña haya podido tener en los dos ámbitos macroeconómicos mencionados. Aunque el Gobierno no haya informado del coste que para el contribuyente ha tenido el inmenso despliegue policial llevado a cabo para tratar de impedir la ilegal consulta secesionista del 1 de octubre, y aunque tampoco haya datos definitivos del déficit público por autonomías, todo parece indicar que la Administración regional de Cataluña seguirá liderando el endeudamiento de las manirrotas autonomías. A eso hay que añadir la noticia hecha pública este mismo miércoles de que Cataluña ha pasado del segundo al undécimo puesto en reducción del paro en 2017. Nada de lo que extrañarse si se tiene presente la incesante fuga de empresas que huyen de la inseguridad jurídica creada por un proceso secesionista cuyos impulsores no parecen querer darlo por acabado. La estabilidad institucional y la situación económica no son compartimentos estancos sino ámbitos estrechamente interconectados que convierten en ilusa toda pretensión de que España supere definitivamente la crisis sin fortalecerse al tiempo como nación y como Estado de derecho.
Y es que el persistente proyecto de ruptura que defiende la renovada mayoría secesionista surgida de las elecciones del 21 de diciembre no es sólo una amenaza a la legalidad, a la convivencia y a la paz social en Cataluña, sino un peligro para su prosperidad ypara la del resto de España.