Tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, parece claro que el debate sobre la financiación de Cataluña volverá a cobrar relevancia durante el año 2018. Desde que Artur Mas puso encima de la mesa el reclamo de un pacto fiscal, las élites nacionalistas de la región mediterránea ha venido coqueteando con la idea de abandonar el régimen general y recibir un tratamiento fiscal diferenciado.
CEPREDE, el Centro de Predicción Económica impulsado por la Universidad Autónoma de Madrid y la Cámara de Comercio de la capital, ha estudiado el coste que tendría conceder a Cataluña un "pacto fiscal". Como es evidente, el informe parte de que todos los territorios verían mermada su financiación a cambio de brindar a Cataluña el estatus que reivindican los nacionalistas.
En términos agregados, Madrid asumiría el grueso del ajuste, viendo reducida su financiación en 4.094 millones de euros anuales. También sería especialmente abultada la merma de ingresos de Andalucía (1.623 millones), Canarias (921 millones) o Castilla y León (775 millones). Sin embargo, estas cifras se entienden mejor si ajustamos los datos para tener en cuenta la población.
El impacto en términos per cápita y de empleo
De esa forma podemos saber cuál sería el coste por habitante del pacto fiscal reclamado por los nacionalistas catalanes. Para hacer el cálculo, debemos tomar la cifra de impacto agregado que calcula CEPREDE y dividir dicha estimación entre la población de cada una de las comunidades autónomas.
Este ejercicio determina que el nuevo sistema tendría un coste anual de 633 euros por cada madrileño. Solamente las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registran una cifra superior: 739 euros de esfuerzo fiscal adicional por habitantes. Completaría el podio Canarias, que perdería financiación por un monto de 438 euros/año.
También en Extremadura se vería un impacto superior a los 400 euros. Para ser precisos, el esfuerzo fiscal adicional sería de 406 euros por año. Cerca de esta cifra se situarían Asturias, con 397 euros, y Baleares, con 362 euros. A continuación figuran Castilla y León, con 205 euros, y Castilla-La Mancha, con 202 euros.
Cerrarían la lista Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia. El pacto fiscal supondría 193 euros anuales a cada ciudadano andaluz, mientras que en la región cántabra hablaríamos de un tajo de 180 euros por ejercicio. En La Rioja, el mordisco sería de 123 euros, mientras que en Comunidad Valenciana ascendería a 115. Por último, Murcia tendría que asumir una factura de 56 euros por persona.
CEPREDE estima que el empleo caería principalmente en Madrid y Andalucía, al ser las dos comunidades donde el golpe sería mayor en términos agregados. En la región de la Villa y Corte se produciría un descenso del empleo equivalente a 83.000 puestos de trabajo, mientras que en Andalucía se irían a la calle 35.000 asalariados. Canarias, con 18.000 parados más, Castilla y León, con 16.000 empleos perdidos, y Galicia, con 15.000 trabajos menos, completarían las cinco posiciones de cabeza en cuanto al impacto en el mercado de trabajo.