A lo largo de la última década, durante el período comprendido entre 2008 y 2017, los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han aprobado 35 leyes, reales decretos-ley y reales decretos que han alterado las reglas del Impuesto de Sociedades. En total, las normas introducidas han supuesto 198 cambios en la regulación del gravamen empresarial por excelencia.
Así lo denuncia la revista Empresario de la CEOE. Según la publicación de la patronal, "hablamos de casi doscientos impactos normativos que han sido aprobados en la mayoría de los casos sin previsibilidad y en mitad del ejercicio fiscal, provocando una notable inseguridad jurídica entre las empresas españolas". Los expertos del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) apuntalan las quejas de la organización empresarial que dirige Juan Rosell. Según Luis del Amo, "estamos hablando de cambios continuos en uno de los impuestos más visibles para el capital productivo, tanto autóctono como foráneo".
La tendencia arranca con el PSOE en el gobierno. En 2008, coincidiendo con el estallido de la crisis, se producen ocho modificaciones legales en el Impuesto de Sociedades. En 2009 se introdujeron cinco cambios más, mientras que en 2010 se aprobaron otras doce revisiones y en 2011 se legislaron doce alteraciones adicionales.
Pero esta deriva no solo no se altera con la llegada del PP a La Moncloa, sino que ha ido a más desde que Mariano Rajoy es presidente del gobierno. Así, en 2012 se registraron 33 cambios normativos en el Impuesto de Sociedades, mientras que en 2013 hubo 39 modificaciones, en 2014 se aprobaron 53, en 2015 se legislaron 30 cambios y en 2016 se introdujeron 7 alteraciones.
Aunque el gobierno ha intentado exprimir al máximo la recaudación fiscal obtenida de las empresas, lo cierto es que los ingresos obtenidos en concepto del Impuesto de Sociedades están muy lejos de los 45.000 millones que se ingresaron en 2007. El punto más bajo llegó en 2010, cuando este tributo aportó 16.000 millones al fisco. En 2015, último ejercicio con datos fiscales cerrados, los ingresos de Hacienda fueron de 20.650 millones de euros.
Como denuncia la CEOE, "la propia vicepresidenta del gobierno ha reconocido que en España hay una burbuja normativa. De hecho, la inflación legislativa no afecta solo al ámbito tributario. En el Código Penal, por ejemplo, se han producido treinta modificaciones durante los últimos veinte años. Otro caso digno de mención es el mercado de trabajo, que se ha reformado 50 veces desde 1995, derivando en más de 7.000 normas laborales".
La patronal entiende que la economía ha perdido 2.200 millones y 70.000 puestos de trabajo por las últimas modificaciones legislativas introducidas en el Impuesto de Sociedades. "La seguridad jurídica es importante. Hay que hacer una lectura técnica antes de comenzar a redactar nuevas leyes. Esta vorágine tiene consecuencias muy negativas para el tejido empresarial, el crecimiento económico y la creación de empleo", señala Rosell.
De hecho, la publicación resalta que "aunque el PIB ha recuperado el umbral perdido durante la crisis económica, el número de empresas sigue siendo más bajo que antes que comenzara la crisis, de modo que siguen haciendo falta medidas para incentivar la creación del tejido empresarial. Sin embargo, iniciativas como el incremento de la presión fiscal caminan en la dirección contraria".
Además, el responsable del área fiscal de la patronal, Bernardo Soto, recuerda que "las previsiones de ingresos tributarios se han venido incumpliendo de forma sistemática. En 2014 se proyectaban 178.632 millones pero se obtuvieron 174.987; en 2015 se esperaban 186.112 millones pero se recaudaron 182.009; en 2016 se preveían 193.520 millones pero se lograron 186.249 millones".
Soto también destaca "el incremento de la inseguridad jurídica y de las discrepancias interpretativas" motivado por la creciente complejidad y acumulación normativa. Los datos le dan la razón. El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha recibido 1,6 millones de reclamaciones desde 2008. De las que se han resuelto (aún quedan 150.000 en el tintero), más de un 40% han sido zanjadas a favor del contribuyente.