A pesar de haber anunciado el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional anulando la jornada laboral de 35 horas decidida unilateralmente por la Junta de Andalucía para 250.000 empleados públicos andaluces, este martes, la propia Junta tuvo que parar urgentemente su plan de incumplimiento por advertirse graves riesgos jurídicos en la decisión.
El caso radica en que los empleados públicos de la Junta estarían obligados a trabajar 37,5 horas, como los demás funcionarios españoles, por la decisión del Tribunal Constitucional. La solución de la Junta sería hacer la vista gorda, de acuerdo con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, para que realmente se trabajaran 35 de ellas en el puesto de trabajo y las 2,5 horas restantes, como si fuera un teletrabajo, en la propia casa. Esta decisión ha sido vista como una fullería que esconde el presunto regalo de las 2,5 horas a los empleados al no poderse constatar si se trabajan o no.
El problema jurídico aparecía en cuanto se inquiría de qué manera la Junta de Andalucía puede controlar el trabajo efectivo domiciliario de 250.000 personas, 2,5 horas pagadas con dinero público. Al no encontrarse un sistema de seguimiento para el cumplimiento efectivo de esas horas de trabajo, la Junta ha tenido que paralizar su decisión hasta que este plan de seguimiento asegure que las 2,5 horas no presenciales se dediquen afectivamente a formación y preparación del trabajo presencial.
En otro caso, resultaría que el cuarto de millón de empleados públicos andaluces podrían estar recibiendo un dinero público de las arcas de la Junta por 2,5 horas semanales, 10 horas al mes y 110 horas al año, sin que pudieran ser controlado su cumplimiento efectivo, lo que podría dar origen a acusaciones varias por gestión irregular de fondos públicos o, quizás, de delitos concretos.
Este martes, la Junta, tras suspender la aplicación de su acuerdo con los sindicatos, les ha pedido que concreten un plan de seguimiento del trabajo real de los empleados públicos porque, dijo su portavoz, Juan Carlos Blanco, trabaja con "rigor y seriedad" y también para dar seguridad jurídica a los acuerdos, anunciando que la ratificación del acuerdo firmado se hará en "cuestión de días".
Según la Junta, se ha acatado así la sentencia del Tribunal Constitucional que reiteraba que la jornada era de 37,5 horas bajo la modalidad de 35 horas presenciales en dependencias oficiales y 2,5 en casa. Además, dice que el retraso en la aplicación de su acuerdo con los sindicatos no se debe a ningún informe en contra de los servicios jurídicos de la Junta sino a que es muy "oportuno" la existencia un plan de seguimiento, oportunidad que, al parecer, no se ha visto antes.
"Bochornoso espectáculo"
Cuenta Europa Press que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha pedido el cese de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, por el "bochornoso espectáculo" en torno a la aplicación de la sentencia sobre las jornada laboral de 37,5 horas en la Junta, y cree que la actual situación "genera inseguridad jurídica" entre los funcionarios andaluces. Ahora "nadie sabe qué jornada laboral va a tener", ha destacado y señala como responsables a la Junta y también a UGT, CCOO y CSIF.
Igualmente, IU Andalucía ha acusado a Susana Díaz de utilizar la aplicación de las 35 horas semanales para "confrontar" con el Gobierno central y "lavar su imagen". El PP, igualmente, insiste en que la Junta ha utilizado a los funcionarios sin importarle las leyes vigentes. Ciudadanos, sin embargo, una vez más, ve positiva la tarea de la Junta y espera que las 2,5 horas domésticas redunden en beneficio de los andaluces.