Nada más conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Uber, el sector del taxi se ha lanzado a aplaudir la resolución. Sin embargo, la decisión de los jueces europeos no cambia en nada la actual situación que existe en España respecto a ésta y otras plataformas de movilidad colaborativa, como es el caso de Cabify, puesto que ambas ya operan bajo licencias legales y reguladas por el Estado, las conocidas VTC (vehículos de alquiler con conductor).
Lo primero que hay que señalar al respecto es que la citada sentencia, publicada este miércoles, resuelve un conflicto relacionado con un servicio muy concreto, UberPop, que ya no opera en España desde que, a finales de 2014, un juzgado de Barcelona ordenó su cese cautelar. UberPop ponía en contacto a pasajeros con conductores particulares, no profesionales y sin licencia, tal y como sucede en otras muchas ciudades del mundo, pero la Justicia española prohibió de forma provisional esta actividad tras la denunciada efectuada en su día por la asociación Elite Taxi Barcelona. El juzgado mercantil número 3 de Barcelona, encargada del caso, decidió entonces elevar una cuestión prejudicial al TJUE para dictaminar si UberPop, tal y como sostiene la multinacional, es tan sólo un servicio de intermediación electrónica o, por el contrario, es un servicio de transporte, como sostienen los taxistas.
Esta diferencia es fundamental, puesto que si la plataforma en cuestión se califica como un "servicio de la sociedad de la información", su regulación se encuadraría en el marco de las directivas comunitarias relativas a los servicios del mercado interior y comercio electrónico, que dependen de la UE y que pertenecen al ámbito de la libre prestación de servicios en general, sin necesidad de licencia específica; por el contrario, si se considera que es un "servicio en el ámbito de los transportes", su regulación depende de cada Estado y, por tanto, podría requerir de una licencia para operar en caso de que así lo estipule el gobierno de turno.
Lo que acaban de dictaminar los jueces europeos es que Uber es un servicio de transporte y, como tal, los gobiernos de la UE pueden exigir las licencias y autorizaciones que estimen convenientes. En concreto, el texto señala que un servicio de intermediación como el que ofrece la plataforma para poner en contacto a conductores no profesionales que usan su propio vehículo con los usuarios está "indisociablemente vinculado" a un servicio de transportes. "Crea una oferta de servicios de transporte urbano", que hace accesible mediante herramientas informáticas, y, por tanto, queda excluida del ámbito de la libre prestación de servicios.
La clave, sin embargo, es que UberPop, que operaba sin licencia, ya fue prohibida por el citado magistrado de Barcelona, de modo que no funciona en España desde hace tres años. El dictamen no afecta, pues, al nuevo servicio UberX, que opera con licencias VTC desde principios de 2016, al igual que otras compañías. Es decir, la actual operativa de la empresa norteamericana es perfectamente legal. No hay ningún cambio con respecto al actual servicio.
Tal y como indica el TJUE, "incumbe a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de servicios de intermediación" como los relativos a Uber, de modo que el funcionamiento de esta actividad queda en manos de cada gobierno europeo. Y, en el caso concreto de España, este tipo de servicios operan a través de las licencias VTC. El arrendamiento de vehículos con conductor se encuentra regulado por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y su reglamento de desarrollo (ROTT).
Las licencias VTC y la 'guerra del taxi'
El actual conflicto con el taxi surge a raíz de la liberalización del sector que llevó a cabo en 2009 el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la transposición de la Directiva de Servicios de la Unión Europea, la conocida como Ley Ómnibus. Este cambio legal derogó los artículos que permitían el establecimiento de limitaciones cuantitativas y de requisitos materiales a la actividad de las VTC. Es decir, todos aquellos que quisieran una licencia VTC podrían acceder a ella sin ningún tipo de límites, a diferencia de lo que sucedía hasta entonces, donde se fijaba un máximo de 1 vehículo VTC por cada 30 taxis (ratio 1:30).
Posteriormente, el PP cambió la ley cuando llegó al Gobierno y, a finales de 2015, restableció el citado ratio 1:30, respondiendo así a las reclamaciones del taxi. Sin embargo, la cuestión es que, durante los años previos en los que se liberalizó el sector VTC -de 2009 a 2015-, se concedieron miles de licencias, cuya legalidad está siendo avalada por el Tribunal Supremo, de modo que, hoy por hoy, hay más de 1 VTC por cada 30 taxis.
Curiosamente, España posee, junto con Italia, una de las regulaciones más restrictivas de la UE en materia de VTC, ya que se limita por ley el número de vehículos que pueden circular por las calles, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos. De hecho, sucede lo mismo con el taxi, puesto que este tipo de licencias lleva congelado desde hace décadas. En España, el número de taxis apenas supera los 70.000, en Madrid se mantiene estancado en 15.000 y en Barcelona ronda los 10.800, a pesar del aumento de la población y el turismo, disparando así el precio de las licencias en el mercado secundario.
A este respecto, la Comisión Europea ha cargado en un reciente estudio contra los límites que establece el Gobierno a la concesión de licencias de taxi y VTC, tras asegurar que España mantiene una regulación del transporte "obsoleta". "Establecer un límite absoluto en el número de taxis que pueden operar en un área es el enfoque más restrictivo que han adoptado los reguladores, con el consiguiente impacto negativo en la competencia y sus beneficios", aclara. "Todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos por la legislación deben ser objeto de una licencia. Todas las prescripciones impuestas para obtener la licencia o autorización, incluida la clasificación financiera y la aptitud del vehículo, deben ser proporcionados y no deben constituir una forma directa o indirecta obstáculo para acceder al mercado", concluye el informe de Bruselas.
Golpe a UberPop
Pese a ello, la sentencia del TJUE sí supone un importante varapalo para el servicio que presta Uber en Europa. Al requerir de licencia, su regulación dependerá de cada gobierno, de modo que los conductores no profesionales no podrán emplear la plataforma libremente, tal y como sucede en numerosas ciudades alrededor del globo, donde muchos particulares se sacan un dinero extra gracias a este servicio, al tiempo que los clientes se benefician de la reducción de los tiempos de espera y unos tarifas mucho más bajas que el tradicional servicio del taxi.