Los partidos de izquierda han logrado avances muy significativos en las últimas semanas en dos de sus grandes reivindicaciones presupuestarias de cara a 2018. La primera tiene que ver con la financiación autonómica y, más concretamente, con la intención que lideran las autonomías gobernadas por el PSOE para acabar con la baja tributación que aplica la Comunidad de Madrid en algunos de sus impuestos cedidos, como es el caso de Sucesiones y Donaciones, que disfruta de bonificaciones de hasta el 99% dentro del ámbito familiar. La segunda está relacionada con la regla de gasto que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuya implementación ha logrado reequilibrar las cuentas de los ayuntamientos, ya que el Congreso acaba de admitir a trámite una propuesta de Podemos que supondría su práctica eliminación.
Ambas batallas políticas se encuentran en un estado muy avanzado de gestación y, por el momento, la izquierda, con la connivencia mayor o menor del PP a nivel nacional, está cosechando una victoria aplastante en ambos campos. La negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya última revisión tuvo lugar en 2009, sigue su curso tras varios años de retraso, pero ahora el Gobierno de Mariano Rajoy confía en sacar adelante el nuevo sistema a lo largo de 2018. Por el momento, el informe de los expertos ya está encima de la mesa desde el pasado verano y las distintas regiones acaban de remitir sus particulares propuestas al Ministerio de Hacienda con el fin de seguir avanzando en las conversaciones.
Sin embargo, uno de los puntos que está recabando un apoyo mayoritario por parte de los expertos y buena parte de las regiones en liza es la necesidad de establecer un umbral mínimo de impuestos autonómicos para, de este modo, reducir la competencia fiscal entre territorios. La denominada "armonización fiscal" se está imponiendo en el debate político que está teniendo lugar entre bambalinas, y su objetivo no es otro que acabar con la reducida tributación que existe en la Comunidad de Madrid, sobre todo en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Este movimiento, encabezado por Susana Díaz desde Andalucía, cuenta con el firme apoyo de otras regiones socialistas, como Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Asturias o Aragón. En los documentos remitidos a Hacienda reclaman la fijación de una fiscalidad mínima común, lo cual se traduciría en una subida de impuestos para el conjunto de los madrileños en caso de que, finalmente, se apruebe dicho cambio.
La relativa autonomía de la que disponen los gobiernos regionales para gestionar sus impuestos propios y cedidos ha permitido una cierta competencia fiscal que, entre otros efectos, ha logrado reducir e incluso eliminar en la práctica algunos tributos. El caso de Sucesiones y Donaciones es el más significativo, ya que desde que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre decidió aprobar fuertes bonificaciones, otras regiones se han visto obligadas a reducir sus gravámenes para contener la fuga de contribuyentes.
Hoy por hoy, existen grandes diferencias autonómicas a la hora de heredar, tal y como recoge el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (Reaf-Regaf). Tomando como base un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, Andalucía, Extremadura, Aragón, Asturias y Castilla y León son, por este orden, los que aplican la mayor mordida sobre el patrimonio familiar. La factura en el caso de Andalucía supera los 160.000 euros. Por el contrario, Canarias (134 euros), Cantabria (1.487) y Madrid (1.586) aplican un tributo mucho más bajo al gozar de una bonificación del 99% en la mayoría de los casos. Como resultado, heredar en Andalucía cuesta 100 veces más que en Madrid y hasta 1.000 veces más que en Canarias. Asimismo, heredar en Madrid cuesta casi diez veces menos que en Cataluña (9.797 euros).
La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, defiende el mantenimiento de esta baja tributación, cuya puesta en marcha está elevando la recaudación, curiosamente, pero la realidad es que se está quedando sola en la defensa de esta postura. Y, dado que la comisión de expertos nombrada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también propone la fijación de un tramo mínimo y máximo en los tributos regionales, será difícil no avanzar hacia algún tipo de "armonización fiscal", en línea con lo que reclaman los barones del PSOE.
La regla de gasto, en la picota
En cuanto al segundo campo de batalla, la famosa regla de gasto, la izquierda también está a un paso de modificar la ley. El Congreso admitió a trámite la semana pasada la iniciativa de Unidos Podemos para modificar los criterios de aplicación de la regla de gasto a los ayuntamientos saneados, de modo que puedan emplear su superávit para gastar más en lugar de amortizar deuda. Esta medida tan sólo recabó el rechazo del PP y de Ciudadanos, mientras que fue apoyada por el PSOE, PNV, ERC, PDeCAT, Compromìs, EH Bildu y Nueva Canarias.
A partir de ahora, la propuesta tendrá que ser debatida en el Congreso, pero, una vez admitida a trámite, se da por hecho que la regla de gasto, cuya vigencia desde 2012 ha logrado sanear las cuentas de los ayuntamientos –único ámbito en el que se ha aplicado de forma estricta–, sufrirá cambios con el fin de flexibilizar su cumplimiento. Según la citada iniciativa de Podemos, esta regla no se aplicaría en las corporaciones locales que cumplan con los objetivos de estabilidad, entendida ésta como un nivel de endeudamiento inferior al 110% de los recursos corrientes y un plazo medio de pago a proveedores inferior a 30 días. Así pues, su aprobación abriría la puerta de par en par a una nueva etapa de fuerte crecimiento del gasto municipal en un momento en el que la deuda pública total ronda el 100% del PIB -máximos históricos-, siendo España, además, el país con mayor déficit de la zona euro.
El hecho de que el PP cometiera un error a la hora de vetarla –llegó cuatro minutos fuera de plazo para impedir su presentación en el Congreso– ya da una idea de cuál va a ser el resultado final de esta contienda. La izquierda está liderando ambas iniciativas, sí, pero los populares tampoco están demostrando un rechazo frontal, de modo que la baja tributación de Madrid y el corsé que ata el gasto de los ayuntamientos corre el riesgo de llegar a su fin en 2018.