La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha manifestado su oposición a las nuevas medidas que el Ministerio de Fomento ultima para regular el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), el de empresas como Uber y Cabify, por considerar que "no están justificadas" y, además, "restringen la competencia en el sector".
"Las medidas dificultan que existan empresas y particulares que ofrezcan servicios de transporte alternativos al taxi, no son proporcionadas, imponen cargas injustificadas" y, "en última instancia, se perjudica a los pasajeros que utilizan VTC". Así lo indica el 'superregulador' en un informe emitido sobre el proyecto de Real Decreto de medidas sobre los VTC que el Departamento que dirige Íñigo de la Serna pretende aprobar próximamente para solventar el conflicto abierto entre este y el del taxi ante las miles de licencias VTC que se espera se otorguen por vía judicial en los próximos meses.
El órgano que preside José María Marín Quemada indica que ha realizado el informe a iniciativa propia y ante la "transcendencia" que tienen las medidas para el sector, dado que, según desvela, Fomento no le ha solicitado informar sobre la medida. La CNMC suma su rechazo a estas nuevas medidas al recurso que tiene impuesto ante los tribunales, pendiente de resolución, contra las que Fomento ya aprobó en 2015, cuando el Gobierno volvió a regular el sector de VTC, que se había liberalizado en 2009, e impuso el ratio que marca la concesión una licencia de estas empresas por cada treinta que se otorguen a taxistas.
Asimismo, se añade a las diferencias que también se han evidenciado entre la CNMC y Fomento en relación a la intención del Ministerio de volver a fusionar Renfe y Adif. En esta ocasión, la CNMC se pronuncia sobre las dos medidas que Fomento prevé aprobar por Real Decreto próximamente. Una es la prohibición de vender licencias VTC en los dos años siguientes a su concesión, con el fin de evitar especulación con estos títulos. La otra consiste en la articulación de un registro público en el que las empresas como Uber deberán comunicar todos sus contratos de servicios de transporte con el fin de facilitar el control de los mismos a las comunidades autónomas en las que operan.
No obstante, la CNMC, en su informe, concluye que estos dos nuevos "requisitos que Fomento impone a las empresas y particulares que prestan servicios alternativos al taxi para el transporte de viajeros en vehículos de turismo, los llamados VTC, restringen la competencia en el sector y no están justificadas bajo los principios de necesidad ni proporcionalidad".
La especulación es lícita
En concreto, la Comisión pide a Fomento replantearse la prohibición de vender licencias de VTC por considerar que, además de suponer una barrera a la entrada, "no se aportan datos que sostengan o justifiquen la medida o su posible perjuicio para el interés público".
También la ve "discriminatoria", dado que "la existencia de un mercado secundario de autorizaciones no se ha puesto en cuestión respecto a ninguna otra actividad de transporte regulada". Además, la CNMC estima que "los movimientos especulativos son rasgos intrínsecos y perfectamente lícitos en una economía de mercado".
De igual forma, la comisión tampoco ve "suficientemente explicadas" las razones de la obligación de registrar los contratos de transporte, mientras que, por contra, estima "puede suponer una muy elevada carga administrativa", además del "riesgo de suponer una barrera a la entrada y a la movilidad geográfica".