En los últimos años, los trabajadores de la sanidad pública madrileña han protagonizado numerosas manifestaciones y protestas. Las mareas de batas blancas denuncian una y otra vez que el gobierno regional no invierte lo suficiente en los centros de la red autonómica, por lo que reclaman un aumento del gasto sanitario consignado en los presupuestos regionales.
El caso es que, si nos fijamos en los datos de gestión de los hospitales de Madrid, la situación no arroja, en absoluto, una situación dramática como la que se describe en las protestas. Tomemos como indicador de referencia el porcentaje de actividad de los quirófanos hospitalarios. Según datos de la Consejería de Salud, las salas de operaciones trabajan al 74% de su capacidad.
Estos porcentajes oscilan significativamente entre unos centros y otros. Las mayores cotas de eficiencia son las que se dan en cuatro centros de la red pública que están sujetos a modelos de gestión privada. Es el caso de la Fundación Jiménez Díaz (con sus quirófanos al 87,6%), el Hospital de Villalba (con una tasa de actividad del 86,1%), el Hospital Infanta Elena (con niveles del 84,7%) y el Hospital Rey Juan Carlos (en cotas del 84,5%).
En el extremo opuesto nos topamos con hospitales públicos que apenas tienen una actividad de quirófano comprendida entre el 55% y el 65%. Es el caso del Hospital Santa Cristina, el Hospital Central, el Hospital de El Escorial, el Hospital del Sureste o el Hospital de Móstoles.
Esta situación contrasta con unas listas de espera cada vez más abultadas: ya llegan a 57 días en el caso de enfermos más graves y a 149 en el resto de expedientes. Pese a esa mayor demanda, las cifras oficiales nos dicen que durante los dos últimos ejercicios, el listado de pacientes pendientes de operación ha aumentado en 2.300 personas. Pese a ese incremento, la tasa de actividad de los quirófanos está bajando, y en los siete primeros meses del año fue inferior a la de 2016 en tres o cuatro puntos porcentuales.
Más eficiencia
Como explicó Libre Mercado en 2012, los hospitales públicos de gestión privada en Madrid ofrecen los mismos servicios que los centros 100% manejados por la Administración, pero con un ahorro de coste del 27%. El patrón se repite en la Comunidad Valenciana, donde los últimos informes del Tribunal de Cuentas autonómico apuntan que la rebaja es del 25%.
Bajo el gobierno de Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid apostó firmemente por abrir nuevos hospitales públicos cuya gestión quedaba en manos del sector privado. Pese a la polémica que suscitó la apuesta de Aguirre en las filas de la izquierda, estos centros se han consolidado en las primeras posiciones de los índices de desempeño del sector. De hecho, el de Torrejón ha sido distinguido como el mejor hospital de España, con niveles de aprobación del 96% entre sus pacientes y usuarios.