La filial de Podemos en Cataluña, la coalición de Catalunya En Comú-Podem que encabeza Xavier Domènech, compra buena parte las tesis que blande el movimiento separatista, tanto a nivel económico como político, tal y como refleja el programa electoral que aprobó este domingo de cara a los comicios regionales del 21-D.
Así, en materia de financiación, destaca, sobre todo, la promesa de crear una "Hacienda propia y solidaria" para Cataluña, a diferencia de lo que estipula el modelo actual, donde el Estado recauda el grueso de los impuestos para, posteriormente, redistribuir los ingresos entre todas las comunidades autónomas de régimen común. Aunque, a priori, esta medida suena similar a la planteada recientemente por el líder del PSC, Miquel Iceta, consistente en crear una Hacienda propia catalana en coordinación con el Gobierno central, los comunes de Doménech, Ada Colau y Pablo Iglesias van incluso un poco más allá.
En concreto, el programa plantea crear "un nuevo sistema de financiación específico para Cataluña a partir de la creación de una hacienda propia y solidaria, con el pleno desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña". El objetivo de esta nueva hacienda será lograr "la plena capacidad de decisión sobre tributos en Cataluña", "disponer de los recursos económicos que se generan en el país" y "garantizar la lealtad institucional para evitar arbitrariedades e incumplimientos de las partes".
Es decir, la idea consistiría en crear una hacienda propia para recaudar y gestionar todos los impuestos que se generan en Cataluña, a imagen y semejanza de lo que sucede en las regiones forales. La gran diferencia con respecto al País Vasco y Navarra es que este sistema sería "coherente con el principio de solidaridad territorial", según el texto, puesto que Cataluña aportaría recursos al resto de comunidades mediante el "cálculo de una aportación para la redistribución territorial", asemejándose, pues, al famoso cupo.
El cupo vasco es la cantidad tiene que pagar el Gobierno foral cada año por los servicios y competencias que presta el Estado en dicha región, sin contribuir, por tanto, a la solidaridad interterritorial. El cupo catalán que proponen los comunes, por el contrario, serviría para aportar recursos al resto de autonomías y para "pagar los servicios prestados en Cataluña por parte del Gobierno de España".
Este nuevo sistema de financiación se basaría en tres principios básicos:
- "Equidad" para garantizar la prestación de unos servicios públicos básicos en todas las regiones, "siempre que se haga un esfuerzo fiscal similar".
- "Principio de ordinalidad" para que Cataluña no vea alterada su posición en la ordenación de las comunidades autónomas en recursos per cápita homogéneos una vez realizada la aportación correspondiente a la solidaridad territorial.
- Y "solidaridad interterritorial", con un reparto de recursos en función de las necesidades sociales de cada territorio.
Presos, referéndum...
En materia política, y en la línea que llevan defendiendo los últimos meses los comunes, piden que se celebre un referéndum pactado con el Estado para que la población catalana "pueda expresarse libremente". Dedican todo un bloque del programa a esta consulta que se haría "partiendo de una propuesta surgida del acuerdo entre una amplia mayoría de las fuerzas políticas y sociales catalanas". Después se llevaría al Congreso con lo que llaman una "Ley de Claridad", en la que se tendrían que definir las condiciones de este proceso y la interpretación del resultado.
Esta "Ley de Claridad" requeriría el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para su aprobación, lo que hace que se convierta en una propuesta poco factible. Y por si no fuera poco, Cataluña en Común pide que, al mismo tiempo, se lleve a cabo la elaboración de un nuevo "marco constituyente" catalán y una reforma de la Constitución para que incluya el reconocimiento del "carácter plurinacional" de España y del derecho a decidir.
Siguiendo con su idilio con el desafío separatista, recogen en su programa su petición de libertad para los "presos políticos",el rechazo al 155 y su petición para que deje de estar en vigor el 155.
Inmersión lingüística
En materia educativa, se comprometen a mantener la inmersión lingüística y revocar la LOMCE elaborando una "nueva" Ley de Educación en Cataluña. Aseguran que buscan un modelo que "se oriente a desarrollar las capacidades de todo el alumnado de forma inclusiva" y quieren revocar los acuerdos educativos religiosos, acabando con esa asignatura. Para ello, planean ir disminuyendo los conciertos en los centros privados y aumentar el gasto en educación para acercarse al 6% del PIB.
El texto también defiende aumentar el número de becas universitarias implantando de forma "progresiva" un sistema de tasas de matrícula proporcional al nivel de renta.
También piden potenciar el asociacionismo cultural, un "Plan de Rescate para los artistas, los creadores y los trabajadores de las empresas culturales", elaborar planes de apoyo a las programaciones culturales municipales y también e instaurar un cheque cultural para las familias con menos ingresos.
Por último, los de Domènech también piden que se reforme la Ley de la Corporación catalana de medios audiovisuales que afecta a TV3. Dicen que buscarán que se "blinde" la "independencia, neutralidad e imparcialidad" de los medios públicos.