El líder del PSC, Miquel Iceta, ha sido el último en sumarse a la petición de que el Estado perdone todo o parte del dinero que le adeudan las comunidades autónomas como consecuencia de los mecanismos extraordinarios de liquidez que se vienen aplicando desde 2012, pero no el primero. Los grandes partidos barajan desde hace meses la posibilidad de aplicar quitas a la deuda regional en la futura reforma de la financiación autonómica.
Hace ahora cinco años, el Gobierno salió al rescate de las autonomías que sufrían graves problemas de solvencia, bajo el argumento de que España no se podía permitir el impago de ninguna de sus administraciones, ya que ello, en teoría, agravaría la dura crisis de confianza que, por entonces, registraba el país, con la prima de riesgo superando los 600 puntos básicos. Sin embargo, lo que en principio se vendió como una medida temporal, ha terminado convirtiéndose en indefinida, y uno de sus efectos ha sido la acumulación de una enorme deuda pendiente por parte de las autonomías con el Estado.
Desde 2012, son varios los mecanismos de liquidez y financiación extraordinaria que ha aplicado el Ejecutivo, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el Fondo de pago a proveedores, préstamos del ICO o anticipos a cuenta del sistema de financiación, entre otros. En total, el Gobierno central ha inyectado a las CCAA casi 232.000 millones de euros en liquidez hasta la fecha, tal y como muestra el siguiente cuadro. Las regiones que han recibido más fondos son, por este orden, Cataluña (71.000 millones), Comunidad Valenciana (54.000) y Andalucía (35.000).
Ahora bien, de este dinero, algo más de 190.000 millones corresponden a los citados mecanismos extraordinarios de financiación -sin contar anticipos a cuenta-, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. Casi el 70% de estos préstamos del Estado se destinaron a Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Como consecuencia, si bien la deuda autonómica roza los 286.000 millones de euros a mediados de 2017, más de la mitad, unos 157.000 millones, son créditos concedidos por el Gobierno a través del Fondo de pago a proveedores y el famoso FLA, cuya cuantía ronda los 138.000 millones. Así pues, el 55% de la deuda autonómica está en manos del Estado y, aunque este dinero debería ser devuelto, las peticiones de quita y/o espera por parte de diferentes regiones y líderes políticos crece con el paso del tiempo.
De hecho, PP, PSOE y Ciudadanos coinciden a nivel nacional en la necesidad de "compensar" a las CCAA por su déficit de financiación en la futura reforma del sistema, cuya negociación se pretende abordar en las próximos meses. En concreto, estos tres partidos plantean "mecanismos de compensación" para compensar a aquellas regiones que hayan sufrido un "déficit de financiación" como consecuencia del actual modelo.
La siguiente tabla muestra cuáles serían las regiones más beneficiadas por una quita, en función del porcentaje de deuda que está en manos del Estado. Así, aunque Cataluña es, de lejos, la región que ha recibido más dinero para evitar la quiebra, un total de ocho autonomías verían reducida su deuda entre un 70% y un 80% con un perdón total por parte del Estado, empezando por Comunidad Valenciana, Murcia, seguidas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias y Cantabria.
Extremadura y Galicia, por su parte, verían reducida su deuda casi a la mitad, mientras que las menos favorecidas serían Aragón, Asturias, Castilla y León, La Rioja y Madrid, al ser las que menos han recurrido a estos mecanismos. País Vasco y Navarra no participan de este sistema por ser regiones forales. Si, finalmente, se decide aplicar algún tipo de compensación, dicha cuantía sería sufragada con los impuestos de todos los españoles y no sólo por los contribuyentes de cada comunidad auxiliada por el Estado.
