Madrid ha vuelto a protagonizar una nueva huelga general por parte del sector del taxi este miércoles. El motivo de la protesta no es otro que la irrupción de las plataformas digitales en el mercado del transporte de viajeros en las grandes ciudades, como es el caso de Uber o Cabify, intensificando así una competencia que, hasta hace poco, estaba fuertemente restringida.
Prueba de ello es que el número de licencias de taxi lleva congelado desde hace décadas en torno a las 70.000 en toda España, a pesar del aumento de la población y del crecimiento del turismo, lo cual, entre otros efectos, dispara el precio medio de las licencias en el mercado de reventa, que, en realidad, sirven a modo de plan de pensiones a los taxistas que se jubilan.
La concesión de nuevas licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) se produjo gracias a la liberalización parcial del sector que tuvo lugar en 2009. Fue entonces cuando el PSOE, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó la ley ómnibus sobre el libre acceso a las actividades de servicios. Hasta entonces, regía el criterio 1/30 en el que tanto insisten ahora los taxistas (una VTC por cada 30 taxis), cuyo origen se remonta a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) de 1987 y su posterior reglamento.
Sin embargo, la citada ley ómnibus eliminó esa ratio, permitiendo la concesión de licencias VTC sin ningún tipo de límite. Esta liberalización duró hasta finales de 2015, momento en el que el Gobierno del PP aprobó un nuevo reglamento del transporte, introduciendo de nuevo el límite 1/30. Así pues, las licencias VTC concedidas entre 2009 y 2015 son legales, tal y como acaba de avalar el Tribunal Supremo, pese a haber sido recurridas por las asociaciones de taxistas y diferentes administraciones locales y autonómicas. Los tribunales podrían liberar en los próximos meses unas 10.000 licencias que todavía están pendientes de resolución, con lo que el número total de VTCs ascendería a cerca de 16.000, frente a los 70.000 taxis existentes.
Después de que la oferta estuviera congelada durante lustros, el hecho de que en pocos años se dispare un 22% con la entrada de nuevos operadores supone un shock para el taxi, ya que, además de existir una mayor competencia por la clientela, presiona a la baja el precio de las licencias de taxi en el mercado de segunda mano -su precio medio ronda los 140.000 euros-. De ahí, básicamente, las quejas y protestas de los taxistas, al ver que su tradicional modelo de negocio está amenazado.
El número de taxis está congelado
Ahora bien, siendo éste el núcleo del conflicto, ¿cómo funciona el taxi y las licencias VTC en España en comparación con el resto de países europeos? La cuestión es que, pese a las protestas de los taxistas, España cuenta con una de las regulaciones más restrictivas en este tipo de transporte de toda Europa.
A grandes rasgos, el servicio de transporte de pasajeros que prestan los VTCs es idéntico al de los taxis, siendo las diferencias entre ambos servicios de tipo normativo y referidas a la exigencia de distintos requisitos de acceso y ejercicio a la actividad. Así, mientras que los taxis pueden recoger clientes en paradas, directamente en la calle o mediante pre-contratación (teléfono o aplicaciones), el uso de VTC está restringido a los pre-contratos.
Ambos están sometidos a una intensa regulación, ya que se exige disponer de una licencia administrativa y el número de vehículos que pueden operar también está sometido a un control de la oferta por parte de la Administración mediante el establecimiento de límites cuantitativos, así como numerosas restricciones en cuanto a seguridad y calidad del servicio. Por otro lado, los precios del taxi (tarifas) están regulados, a diferencia de los VTCs, donde es libre, si bien la reintroducción del límite 1/30 por parte del Gobierno prohíbe en la práctica la concesión de nuevas licencias para empresas como Uber o Cabify, más allá de las obtenidas hasta 2015.
A este respecto, la Comisión Europea criticó de forma abierta este tipo de limitaciones en un reciente estudio sobre el sector del transporte. En concreto, señaló que determinados países, como es el caso de España, mantienen una regulación "obsoleta". "En varios Estados miembros no existe una revisión periódica del marco regulador que, a la luz de la llegada de nuevos e innovadores proveedores de servicios, parece estar obsoleto", reza el texto.
Asimismo, Bruselas incide en que "establecer un límite absoluto en el número de taxis que pueden operar en un área es el enfoque más restrictivo que han adoptado los reguladores, con el consiguiente impacto negativo en la competencia y sus beneficios". El problema es que este tipo de restricciones "tienen un impacto negativo en el precio y la calidad de los servicios". Por ello, la Comisión concluye que estas normas deberían ser objeto de un "examen por las autoridades de competencia y de transporte para garantizar que el interés público de la movilidad urbana se fomente de la mejor manera posible".
En concreto, indica que "todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos por la legislación deben ser objeto de una licencia. Todas las prescripciones impuestas para obtener la licencia o autorización, incluida la clasificación financiera y la aptitud del vehículo, deben ser proporcionados y no deben constituir una forma directa o indirecta obstáculo para acceder al mercado". España, sin embargo, está muy alejada de estas recomendaciones: "Algunos Estados miembros como España también han introducido cuotas, restricciones geográficas y/o obligaciones mínimas de servicio. El principal objetivo de estas restricciones parece ser reducir la presión competitiva frente a los taxis y/o crear dos segmentos diferentes en el mercado, centrándose en diferentes tipos de usuarios", advierte el estudio.
Efectivamente, en materia de taxis, si bien casi todos los países exigen algún tipo de licencia, la gran diferencia es que en España está limitado su número de forma muy estricta. En países como Suecia, Irlanda, Eslovenia, Eslovaquia, Polonia, Holanda, Lituania, Letonia, Hungría, Estonia, República Checa, Croacia o Austria no aplican ningún tipo de límite. Por su parte, en Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Rumanía o Reino Unido establecen ciertos criterios socioeconómicos para contener su crecimiento.
Pero es que, además, España es, junto a Bélgica (en el caso de Bruselas), Chipre, Grecia e Italia, el único país que permite transferir dichas licencias de taxi, con el consiguiente y lucrativo beneficio (en Francia está prohibida la reventa para las licencias concedidas a partir de 2014). La suma de oferta congelada y posibilidad de reventa hace que España cuente con uno de los precios de licencia de taxi más caros de la UE, en torno a los 140.000 euros de media, frente a los 160.000 de Italia o los 40.000 de Bélgica, según los datos de la Comisión Europea.
Las restricciones más duras en VTC
Y si el taxi ya está fuertemente restringido, la situación de los VTCs es todavía peor. La legislación de este tipo de plataformas digitales es diferente en cada uno de los estados miembro de la UE, pero puede categorizarse a grandes rasgos en tres grupos, tal y como detalla un estudio de Analistas Financieros Intenacionales (Afi) sobre este sector:
- Ride-sharing (desplazamiento/viaje compartido entre particulares): en algunos estados miembros la regulación permite que los particulares puedan operar sin necesidad de licencia (Polonia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Lituania, Rumanía, Estonia).
- Países que exigen licencias de transporte, pero no fijan límite al número: situación que sucede en la mayoría de los países europeos. En todos ellos, el transporte lo debe conducir un profesional con licencia y la ley no contempla el transporte entre particulares.
- Países que exigen licencias de transporte y que limitan el número: casos como los de Italia y España. En el caso de España, además, la normativa prohíbe circular por las vías públicas o permanecer estacionados para contratar directamente con los clientes, obliga a alquilar la totalidad del vehículo, restringe geográficamente la libre prestación del servicio en territorio nacional y establece un número mínimo de coches y otros condicionantes sobre las características de los vehículos a los operadores, más allá de la obtención de la correspondiente licencia VTC, por la que también hay que pagar entre 40.000 y 50.000 euros debido a la escasez de permisos.
Así pues, España, una vez más, se sitúa a la cabeza de las restricciones en materia de VTC. Tanto es así que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha recurrido ante los tribunales el reglamento ROTT que aprobó el Gobierno a finales de 2015 -justo antes de la celebración de elecciones generales-, por el que reintroduce la ratio 1/30.
Según este organismo, "el efecto de estas restricciones es restringir la competencia en el transporte urbano de pasajeros y blindar el régimen de monopolio existente en la prestación de servicios de taxi. Ninguna de estas restricciones está justificada desde la óptica de la competencia ni de la regulación económica eficiente".