Nadie dice nada. Todos señalan al de al lado. Ninguno acepta ser fuente de la filtración. Y el discurso se repite a uno y otro lado: saldrá por consenso, hay que ser responsables, es un tema de Estado… La reforma laboral 2.0, ese acuerdo que negocian Gobierno-Patronal-Sindicatos, tiene pinta de que va a convertirse en uno de esos temas eternos, que se alargan en el tiempo sin que se atisbe un final claro hasta que, de un día para otro, anuncian una foto en el Ministerio de Trabajo y convocan a los periodistas a un briefing para explicar su contenido.
Por ahora no hay nada cerrado, al menos oficialmente. ABC publicó la semana pasada un adelanto de lo que, en teoría, contiene la propuesta inicial que el Ministerio ha puesto sobre la mesa. Las partes aseguran todos los puntos están abiertos, que la negociación está dando sus primeros pasos y que lo que salga de la mesa necesitará el acuerdo de todos los implicados. Vamos, que no hay nada.
Algunas de las propuestas gustan más a unos que a otros. Y la medida estrella, el encarecimiento del despido para los contratos temporales, no convence a nadie. A los sindicatos y al PSOE porque dicen que supondría la aprobación del contrato único por la puerta de atrás. A la patronal tampoco porque incrementa los costes de este tipo de contratos temporales. Es curioso pero, en una cuestión en la que el consenso es la palabra en la que todos coinciden, la única medida que parece evidente que se aprobará es la única que en teoría no satisface a ninguno de los implicados.
Las siguientes son diez grandes preguntas sobre esta nueva reforma, la que debería ir dirigida a retocar los aspectos menos afortunados de la de 2012, que todavía permanecen sin respuesta:
- El despido de los temporales: será el gran tema de debate. Tiene dos partes. Por un lado, la duración máxima de los contratos temporales (también incluye los que se encadenen). En teoría, Empleo quiere dejarlo en dos años, máximo susceptible de ampliación a tres si así lo determinan los convenios colectivos del sector.
Con este modelo, la indemnización por finalización de contrato de los temporales pasaría a ser de 12 días el primer año (como hasta ahora), 16 el segundo y 20 el tercero. Como explicamos en su momento, la idea es que el paso de temporal a indefinido se sienta como algo natural (hay que recordar que la indemnización por despido objetivo, que tras la reforma de 2012 es la que se paga por defecto, es de 20 días).
- Contrato único encubierto: ni al PSOE ni a los sindicatos les gusta mucho el sistema (o eso dicen en público, ya sabemos que en estos temas hay un discurso diferente con y sin micros) porque creen que institucionaliza el contrato único de Ciudadanos por la puerta de atrás. En el caso de los socialistas este rechazo es más extraño, porque es un modelo muy parecido al que firmaron con el partido naranja antes de la investidura fallida de Pedro Sánchez.
Es cierto que la idea de los promotores es ésa. Es decir, en vez de dividir a los trabajadores en dos: 1. aquellos que empiezan con contrato laboral y se eternizan en esa condición; 2. aquellos que empiezan con contrato laboral y consiguen que les hagan fijos. Pues como solución, la propuesta es que todos se conviertan en fijos de forma natural, al llegar los dos años y sin que el empresario note un coste extra o tenga que pasar muchos trámites.
- Causalidad: en realidad, la clave de la reforma puede estar aquí, aunque nadie habla del tema. En el borrador de ABC se habla de reforzar la causalidad de los temporales, para que este modelo de indemnización creciente sólo se use en casos en los que de verdad se cubre una plaza coyuntural, debido a picos de demanda o a la estructura productiva del sector.
El problema es que presionar mucho en este sentido puede terminar con los buenos efectos comentados en los dos primeros epígrafes. Ese contrato de dos años que se convierte en fijo casi sin que nos demos cuenta podría ser una especie de contrato único si se generaliza su uso y entre los empresarios cunde la sensación de que es la forma de integrar a los nuevos trabajadores en la empresa. Si cada nuevo empleo temporal no sólo cuesta más sino que además tiene la amenaza de la inspección, ante la que hay que demostrar de forma fehaciente esa temporalidad, lo que tenemos es un mecanismo de disuasión a la contratación, no de facilitación de conversión a fijos.
- Inspección: los sindicatos y el PSOE exigirán que se haga hincapié en este punto, según lo apuntado en el apartado anterior. En septiembre, cuando se empezó a hablar de este tema, Báñez ya dijo que había que penalizar la temporalidad y "reforzar" el papel de los inspectores. Los empresarios temen el aumento de cargas, la inseguridad jurídica y los nuevos costes. Porque además, parece que marcha en la dirección contraria a las demás medidas (por ejemplo, las que reducen y simplifican las modalidades de contratación). ¿Habrá más o menos burocracia? Pues depende de qué enfoque triunfe.
- Reducción de la litigiosidad: era uno de los objetivos de la reforma de 2012 y lo consiguió sólo a medias. Sí, clarificó las causas de despido objetivo, aunque también complicó los ERE, a los que cargó con unos requisitos formales de (casi) imposible cumplimiento. Además (y esto no es culpa de la reforma, aunque un texto más preciso habría ayudado), los tribunales también han tenido su importancia en esta cuestión, con sentencias que bordeaban el límite de la interpretación legal y caían en la arbitrariedad ideológica.
Se supone que este es uno de los grandes problemas de nuestro mercado laboral, que deja tanto margen de interpretación a los jueces y complica tanto las relaciones empleado-empleador que siempre está presente la posibilidad de que uno u otro acaben en los tribunales. Nada de lo anunciado o filtrado reduce (más bien al contrario) este peligro. Si acaso, lo que se intuye es que el endurecimiento de las condiciones para justificar un contrato temporal podría provocar que se disparasen las denuncias (una vez que se termina mi contrato, denuncio que era un fijo encubierto y busco un pellizco extra de indemnización).
- Causas de despido objetivo: esto no es una incógnita. No se tocará. La reforma laboral aclaró este tema… pero sólo hasta cierto punto. Para las empresas que no cumplan los criterios económicos (los famosos tres trimestres de caídas de ventas o beneficios) no es tan sencillo despedir por causas objetivas. Lo hacen porque la ley establece que por defecto todos los despidos son de este tipo, pero siempre queda la posibilidad de los tribunales. En 2012, con la actividad desplomándose, fue un mecanismo que permitió ajustes. Sumado al resto de herramientas de flexibilidad (sobre todo las que permitían a las empresas cambiar las condiciones sin recurrir al despido y circunvalando el convenio sectorial), fue una de las claves del éxito de la reforma. Los empresarios querrían ampliar este concepto de despido objetivo, para que no se limite a las situaciones en las que el negocio pasa por dificultades. Hay muy pocas opciones de que algo así salga adelante.
- Bonus – malus: parecía una de las claves de la reforma de este año, pero ha desaparecido de las informaciones. En teoría, iba a ser el método que sustituiría a las impopulares bonificaciones. "Impopulares" entre los expertos, los sindicatos y la oposición, porque el Gobierno sigue defendiendo sus buenos resultados en estos cinco años. Aquí el planteamiento es dejar de pagar por contrato o según a quién se firmen según qué condiciones y pasar a un modelo en el que las empresas que cumplan determinados requisitos (por ejemplo, menos temporalidad que la media de su sector) se beneficien con reducciones en los costes (sobre todo en cotizaciones) y, a la inversa, se penalice a las que tengan peores ratios. En la teoría no suena mal (premiar a los que generan empleo de más calidad, que también paga más impuestos a las arcas públicas), en la práctica, sobre todo en el caso de las pymes, puede dar lugar a injusticias y no será nada fácil de implementar (aquello de hecha la ley, hecha la trampa).
- Convenios colectivos: es unas de las cuestiones más polémicas. La reforma de 2012 tuvo como punto clave el debilitamiento de los convenios colectivos sectoriales o territoriales a cambio de reforzar los de ámbito empresarial. Por eso la odian sindicatos y partidos de izquierda, porque terminaba con el control de las cúpulas de las centrales a cambio de otorgar más margen de maniobra a los representantes de los trabajadores a pie de fábrica.
Para esta segunda parte de la reforma, se leen propuestas que desharían si no todo, si buena parte de aquello. En la lucha contra la temporalidad (que será el gran lema que sus proponentes blandirán), se abre la puerta a que sindicatos y patronales lleguen a acuerdos para controlar cómo se aplican las nuevas normas en las empresas o les impongan nuevas normas a éstas. También aquí la clave estará en los detalles, pero todo apunta a que UGT, CCOO y CEOE estarán en el lado ganador de esta neo-reforma. En el Ministerio repiten una y otra vez que todo lo que salga será con consenso: vamos, que la foto del diálogo social requerirá que los que salgan en ella (y el objetivo primordial parece ser que se produzca esa imagen) queden contentos con el resultado.
- Mochila austriaca: no está claro si forma parte de la negociación. En teoría, debería estarlo. En los últimos años, siempre que se ha hablado de reformar indemnizaciones por despido a número de contratos ha surgido el tema de la mochila austriaca (consiste en que parte de la indemnización se paga mes a mes en una cuenta que es propiedad del trabajador, es decir, se la puede llevar a otro empleo en caso de que cambie de trabajo o incluso usarla si la mantiene hasta la jubilación). Nunca se ha planteado que pague el total de la indemnización (entre otras cosas porque dispararía los costes laborales) pero sí se hablaba de ocho días por año. La clave era cómo financiarlo: ¿un nuevo coste extra a las empresas? ¿con un descuento equivalente en cotizaciones? Y como no está claro cómo pagarlo, todo apunta a que no saldrá. Era una iniciativa interesante y que a medio plazo sí podía tener muchos efectos en dualidad y movilidad del mercado laboral. PP y Ciudadanos la llevaban en sus programas y en su pacto de legislatura. Pero ahora mismo, con todas las cautelas de un proceso en el que hay tan pocas certezas, parece muy poco probable.
- Mayorías parlamentarias: la última de las incógnitas quizás sea también la más importante. Desde el Gobierno recuerdan que tienen muy poco margen de maniobra. Y es cierto. Para aprobar cualquier reforma en el Congreso necesitarán el apoyo de Ciudadanos y, posiblemente, del PSOE. Además, para hacer los cálculos de a cuánto dan estas matemáticas parlamentarias no sólo hay que mirar hacia la Carrera de San Jerónimo: el PSOE no apoyará nada que no tenga la aprobación incondicional de los sindicatos, lo que da a las centrales un enorme poder en la negociación.
Las situaciones de minoría son muy interesantes desde un punto de vista estratégico. Por un lado, en ocasiones empujan a alcanzar el peor acuerdo posible: cada parte pone sus condiciones y al final el mínimo común denominador da como resultado una norma coja, que en su obsesión por contentar a todos acaba no resolviendo ninguno de los problemas de fondo. Pero hay otra forma de verlo. Cuando hay muchos implicados en una negociación, también es posible que se acaben haciendo textos más rupturistas, porque todos pueden echarle la culpa al otro de aquel apartado concreto que molesta a sus bases. Algo así como "ese artículo en concreto no nos gusta, pero nos hemos sumado al acuerdo por responsabilidad y porque el conjunto es positivo". Es decir, se diluyen responsabilidades dentro del pacto global. Hay que ser sinceros, es más habitual el primer escenario que el segundo, pero un equipo de negociadores hábil y una estrategia de comunicación adecuada puede facilitar el camino hacia el segundo. Por ahora, lo que tenemos es mucho secretismo, filtraciones interesadas y deseo por todas las partes de que todo acabe en una foto de familia sonriente. No es el mejor punto de partida posible.