El modelo de financiación territorial que existe en España constituye una anomalía a nivel internacional y su desarrollo ha terminado en un rotundo fracaso, tal y como evidencia el enorme despilfarro de recursos públicos que llevan a cabo las autonomías, así como la absurda duplicidad de funciones y la existencia de administraciones paralelas, que, además de saquear el bolsillo del contribuyente, son un claro ejemplo de nepotismo, clientelismo y corrupción política.
La aprobación del cupo vasco que ha tenido lugar esta semana es tan solo el último capítulo de una particular dinámica política que, por desgracia, lleva reproduciéndose en España desde hace muchos años. Que el cálculo del cupo está amañado es una obviedad de tal calibre que el propio Ángel de la Fuente, uno de los expertos designados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para diseñar el nuevo modelo de financiación, desmonta, punto por punto, la argumentación del Gobierno. Como consecuencia, el País Vasco abona al Gobierno central mucho menos dinero del que debería para costear las competencias que presta el Estado en dicha región foral, y, por si fuera poco, se queda con una mayor recaudación de IVA de la que le corresponde en realidad.
No es el algo nuevo. Todos los gobiernos de la democracia, tanto del PP como del PSOE, han minorado de forma maniquea y consciente la factura del cupo para, de este modo, lograr el apoyo de los nacionalistas vascos, ya sea para lograr una cierta estabilidad política en el Parlamento o bien para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, tal y como ha sucedido este año. Sea como fuere, el problema de fondo es que se hace caso omiso a las leyes, al tiempo que se miente de forma descarada a la opinión pública, por cuestiones de puro interés partidista.
Y lo más triste es que esta especie de mercado persa en el que los políticos de diferentes administraciones y partidos se reparten el dinero de todos en base a su particular conveniencia no es un fenómeno exclusivo del País Vasco, sino que se extiende a todas las autonomías, en mayor o menor grado. El actual modelo, tal y como está concebido, no responde a criterios técnicos, ni sociales ni económicos, sino que consiste, única y exclusivamente, en el habitual compadreo político entre cúpulas partidistas y barones regionales, dando como resultado un sudoku de imposible resolución. Mariano Rajoy se ha comprometido a presentar un nuevo sistema en los próximos meses, pero todo apunta a que será más de lo mismo, un juego en el que se intercambian privilegios, partidas presupuestarias e inversiones en función de las necesidades políticas de cada momento. Si a todo ello se suma, además, la abierta deslealtad que han demostrado las fuerzas nacionalistas, el engendro autonómico no podría haber salido peor.
Los criterios de eficacia y eficiencia, que son los únicos que deberían primar en el ámbito de la financiación pública, brillan por su ausencia. A nivel internacional, existen numerosos modelos territoriales, tanto centralizados como federales, cuyo éxito y buen funcionamiento constituyen un ejemplo a seguir. Sin embargo, en España, la mayoría de partidos políticos apuestan por mantener el complejo, opaco y derrochador sistema actual, en el que las diferentes autonomías sacan más o menos tajada de la tarta común en función de su color político o la situación que mejor convenga al partido que en ese momento ostente el poder. Dado que Rajoy apenas ha abordado los problemas económicos de fondo que sufre España durante la crisis, mucho menos se atreverá a tocar el desastroso sistema de financiación autonómica.