Carles Puigdemont tiene un plan para seguir ingresando dinero del erario público. La semana pasada el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó una instrucción en la que dejaba claro que si el líder independentista quería seguir cobrando el sueldo que le corresponde como expresidente autonómico deberá enviar una solicitud a la Secretaría General de Presidencia de la Generalidad, que, a su vez, deberá comunicarlo con diez días de antelación al propio Montoro. Por tanto, será el ministro de Hacienda el que tenga que autorizar el cobro.
El president ha cobrado 139.585 euros brutos anuales este año.Los expresidentes de la Generalidad tienen derecho al 80% del sueldo durante la mitad del tiempo que han ocupado el cargo y durante un mínimo de 4 años. Es decir, que Puigdemont, que encabezó el consejo ejecutivo 22 meses, podría recibir la pensión de expresidente durante los próximos 4 años. Posteriormente, a partir de los 65 años, cobraría una pensión vitalicia equivalente al 60% del sueldo.
Pero si Puigdemont decidiera realizar la petición a Montoro podría entenderse como que acata de facto su cese y, por tanto, el artículo 155. Así, para evitar llevar a cabo esta especie de rendición ante el Gobierno, Puigdemont renunciará tanto a su sueldo como presidente de la Generalidad, como al de expresidente, mientras que sí exigirá cobrar por su cargo como diputado en el Parlamento catalán, según el Nacional.cat.
Puigdemont reclamaría desde Bruselas el sueldo que le corresponde como parlamentario durante los meses que transcurran hasta la constitución de la próxima legislatura. Esta cifra también es suculenta, ya que ascendería a los 2.871 euros mensuales. Los consejeros Jordi Turull y Josep Rull también son diputados, por lo que seguirían la misma treta.