Una de las principales reivindicaciones de los partidos de izquierdas en España es lograr una distribución más plana de los ingresos, tanto del capital como del trabajo. En este último caso, ya no nos estaríamos moviendo en la distribución general de la renta, sino en la distribución salarial. Para conseguir este objetivo se pide penalizar con más impuestos a los asalariados que más cobran, impuestos con los que, en teoría, se financiaría un mayor gasto público para aumentar la renta de los hogares del tramo inferior de la distribución.
Sin embargo, no deja de ser curioso que si el objetivo es avanzar hacia una mayor igualdad se pida desde estos mismos partidos y sindicatos que aumenten de manera considerable los salarios de los empleados públicos. Y es que subir el sueldo a este colectivo sería perjudicial tanto para la distribución salarial como para la distribución general de la renta.
Esto se explica por la posición que ocupan los empleados públicos en la distribución salarial por deciles (el número de trabajadores se divide en diez tramos iguales de menor a mayor sueldo). En el siguiente gráfico se presenta la situación tanto de los asalariados públicos como del sector privado en el año 2016.
Casi un 21% de los asalariados públicos se encontraban dentro del 10% que más ganaba, mientras que solo un 7,3% de los privados ocupaban esa posición, y casi el 45% entre el 20% que disfruta de mayores sueldos. De igual modo, el porcentaje en el 10% que menos gana era completamente inverso, puesto que solo un 2% de los asalariados públicos se encontraba en ese grupo frente al 12% de los privados.
Así pues, es evidente que subir los sueldos públicos beneficiaría, sobre todo, al tramo superior de la distribución salarial (deciles 6-10), es decir, a quienes disfrutan de mayores sueldos. Además, aunque esta mejora revirtiese de algún modo en el tramo inferior, lo haría en un porcentaje menor, con lo que la desigualdad salarial aumentaría.
En el último año, el salario medio de los empleados públicos creció un 1,44%, mientras que en el sector privado experimentó una caída del 1,5%. Esto ha permitido a los primeros escalar posiciones en la distribución respecto a los segundos, que ahora tienen una presencia mayor en el 50% que menos gana.
Por otro lado, si se compara el gráfico anterior con los valores obtenidos en 2007, el resultado es relativamente similar: el porcentaje de empleados públicos en el 50% que más gana es el mismo en ambos años, un 84,4%, aunque en 2007 tenían más peso en los deciles 9 y 10.
Todo ello no significa que la brecha salarial que existe entre ambos colectivos sea algo arbitrario y sin justificación. Ése es otro tema. Lo curioso del asunto es que, como consecuencia de esas diferencias, elevar el sueldo de los empleados públicos aumentaría la igualdad salarial, y, por tanto, también la desigualdad de rentas en general, dada la posición superior que ocupan estos trabajadores en la distribución, contradiciendo así uno de los grandes postulados de la izquierda.
En cuanto a si la citada brecha salarial se explica o no por las características particulares que poseen los trabajadores públicos, este trabajo del Banco de España señala que la mayor parte de estas diferencias (3/4 partes en el periodo 2005-2012) se justifican por factores observables y no observables propios de este colectivo -mayor cualificación, más antigüedad y trabajo a tiempo completo...-.