Funcionarios, sindicatos y políticos no han dejado de pregonar a lo largo de los últimos años la necesidad de reforzar las plantillas de las diferente administraciones y elevar el sueldo de los empleados públicos, tomando como argumento los recortes aplicados durante los peores momentos de la crisis. Y la cuestión es que esta particular campaña ya está surtiendo efecto.
El Gobierno ha revertido buena parte de los recortes salariales aprobados en su día, como, por ejemplo, la extra de Navidad suprimida en 2012, al tiempo que ha lanzado una gran oferta de empleo público y se propone negociar nuevas subidas salariales. En concreto, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se reunirá este miércoles con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO para seguir negociando las retribuciones y la oferta laboral para los empleados públicos.
La última propuesta del Gobierno, realizada a finales de septiembre, pasaba por un incremento retributivo mínimo del 5,34%, que podría elevarse hasta un máximo del 8% en función de la evolución de la economía española. Esta subida, rechazada por los sindicatos, se aplicaría en tres años (2018, 2019 y 2020).
En materia de empleo público, las partes se quedaron en septiembre "muy cerca" de cerrar un acuerdo, que podría contemplar el mantenimiento de la tasa de reposición del 100% en sectores considerados "prioritarios" -casi todos- y el aumento del 50% al 75% en el resto de sectores. Además, se elevaría al 115% la tasa de reposición en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al que se podría sumar un 5% adicional de disposición libre.
CCOO y UGT, por su parte, han lanzado una campaña conjunta de movilizaciones bajo el lema Ahora: salarios, empleo público y derechos, con la que quieren impulsar la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos. Ambos defienden que prorrogar los Presupuestos en 2018 no puede ser un impedimento para aprobar medidas en esta materia, ya que existen antecedentes. Según recuerdan, en 1990 y 1996 se introdujeron mejoras en las Leyes de Presupuestos en materia salarial, de empleo y otras condiciones laborales. Mientras, CSIF defiende, entre otros puntos, la equiparación de las retribuciones en la Administración General del Estado (AGE) con las de las plantillas de las comunidades autónomas, así como la semana laboral de 35 horas.
El empleo público crece un 2,4%
Pero, ¿tanto ha sufrido el empleo público durante la crisis? Los datos dicen justo lo contrario. De hecho, el sector público, lejos de recortar plantillas, ha registrado un aumento en comparación con el pico de la burbuja crediticia, cuando España vivía su particular sueño irreal de crecimiento y abundancia. Durante la última década, el empleo público ha experimentado tres etapas claramente diferenciadas:
- Del tercer trimestre de 2007, cuando la economía nacional alcanzó su cénit, al tercero de 2011: en los primeros cuatro años de la crisis, la plantilla del sector público creció en más de 316.000 personas, al pasar de 2,99 millones a un total de 3,3 millones, un 10,6% más. A pesar de la recesión, el aumento del paro y la explosión del déficit, el anterior gobierno del PSOE engordó el número de efectivos públicos hasta alcanzar un récord histórico. Como consecuencia, el peso del empleo público sobre el total de ocupados subió del 14,4% en 2007 al 17,9% a finales de 2011.
- Del tercer trimestre de 2011 al cuarto de 2013: en los dos primeros años del gobierno del PP tuvo lugar el necesario ajuste de plantillas, al bajar de 3,3 a 2,9 millones, casi 397.000 efectivos menos, corrigiendo así el insostenible incremento llevado a cabo en los años previos. Pese a ello, el peso del empleo público sobre el total se mantenía en el 17% a finales de 2013 y apenas llegó a caer un 2,7% con respecto al pico de la burbuja.
- Del cuarto trimestre de 2013 hasta la actualidad: en los cuatro años siguientes, sin embargo, el sector público ha vuelto a engordar de forma paulatina hasta alcanzar los 3,062 millones de empleados en el tercer trimestre de 2017, unos 153.000 más, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
En la actualidad, el conjunto de las administraciones posee 71.800 efectivos más que antes de la crisis (+2,4%), cuando España estaba en el pico de la burbuja. Y su peso sobre la ocupación total ronda el 16%, superior, por tanto, al 14,4% existente en 2007. Es decir, hoy hay más empleados públicos y su peso sobre el mercado laboral es mayor que antes del estallido de la burbuja.
Por sectores, destaca la evolución del empleo en las CCAA. Así, mientras que el Gobierno central ha reducido su plantilla en 14.000 personas desde 2007 (-2,7%), hasta un total de 498.600, y la Administración Local ha hecho lo propio, con 23.500 efectivos menos (-3,6%), hasta rondar los 630.000, las comunidades autónomas han hecho justo lo contrario.
El empleo autonómico ha aumentado en 135.200 personas durante la crisis (+8,5%), al pasar de 1,6 a 1,73 millones entre el tercer trimestre de 2007 y 2017. De hecho, incluso las empresas públicas han aumentado sus efectivos en 1.900 personas (+1,2%), de 159.000 a 161.000 trabajadores.
El empleo privado se reduce un 10%
El sector privado, por el contrario, es el que ha sufrido el fuerte impacto de la crisis. El número de trabajadores se redujo en más de 3,7 millones entre finales de 2007 y principios de 2014, al bajar de 17,7 millones a tan sólo 14. Esto supone una destrucción laboral próxima al 20%. Es decir, dos de cada diez empleos privados desaparecieron durante esos siete fatídicos años de crisis.
La recuperación económica ha permitido crear desde entonces cerca de 2 millones de empleos privados, lo que supone el 52,5% de los puestos de trabajo destruidos, pero todavía está lejos de alcanzar los niveles precrisis. En la actualidad, España cuenta con casi 1,8 millones menos de empleos privados que en el tercer trimestre de 2007, lo que significa una caída del 10%. Como resultado, el peso del empleo privado sobre el total ha bajado del 85,6% al 83,9%.
