El Ministerio de Hacienda intervino la semana pasada las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por incumplir de forma reiterada y consciente la regla de gasto, el límite que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria para garantizar la sostenibilidad financiera del sector público a largo plazo. Sin embargo, numerosas comunidades autónomas también deberían ser objeto de similar intervención, a la vista de los datos de ejecución presupuestaria.
La citada regla impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de España a medio plazo, siendo posible superarla, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de ingresos de carácter permanente. Para 2017, este procedimiento impide que el gasto público crezca por encima del 2,1% interanual. En el caso de Madrid, el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena pretendía aumentarlo más de un 7%, y, hasta el pasado mes de julio -ultimo dato disponible-, el conjunto de las CCAA incrementaba el gasto a un ritmo del 4,5% respecto al mismo período del pasado año, más que duplicando el límite establecido por Hacienda.
El incumplimiento es, pues, generalizado, según advierte el último Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA de Fedea, publicado el pasado lunes. Según este estudio, las autonomías alcanzarán el objetivo de déficit marcado para 2017 (-0,6% del PIB), por segundo año consecutivo, pero será gracias, única y exclusivamente, al incremento de ingresos, no a la reducción de gastos.
En concreto, Fedea estima que cuatro CCAA superarán el citado objetivo: Castilla-La Mancha (-0,7%), Extremadura (-0,8%), C. Valenciana (-1,2%) y Murcia (-1,5%). Por el contrario, La Rioja terminaría el ejercicio con un ligero superávit (+0,3%) , mientras que Baleares (0%), Navarra (-0,3%), Castilla-León (-0,3%) y Galicia (-0,3%) estarían cerca del equilibrio presupuestario.
Este cumplimiento se debe, básicamente, a que los gobiernos regionales ingresarán 6.586 millones de euros extra procedentes de entregas a cuenta y liquidación, lo cual, sumado al aumento de recaudación de ciertas figuras tributarias, hará que losingresos aumenten un 4,6%interanual, hasta un total de 7.354 millones adicionales. El gasto autonómico, sin embargo, también crecerá un 2,9% interanual en términos de contabilidad nacional -por encima de la regla de gasto- hasta sumar cerca de 5.000 millones extra, según las previsiones de Fedea.
En este sentido, cabe recordar que el objetivo de déficit autonómico tan sólo se ha reducido una décima, pasando del 0,7% del PIB en 2016 al 0,6% actual, de modo que el mayor incremento de la recaudación compensará el aumento del gasto e incluso permitirá cumplir con el citado límite.
Pero la clave es que si las CCAA aplicaran la regla de gasto, este año se acercarían al equilibrio presupuestario. Según las estimaciones de Fedea, ocho regiones superarán la citada regla (+2,1%) a cierre de ejercicio: Canarias (7,3%), Madrid (4,6%), Baleares (4,2%), Cataluña (4,1%), Comunidad Valenciana (3,3%), Asturias (3,3%), Castilla-La Mancha (3,2%), y Andalucía (2,4%).
De hecho, si se dejan a un lado las previsiones, se observa que, hasta el pasado mes de julio, un total de 12 gobiernos autonómicos incumplían la regla de gasto. Según los últimos datos de ejecución presupuestaria, el gasto regional en términos homogéneos aumentaba a un ritmo del 4,5% interanual, muy por encima del límite del 2,1% fijado por la Ley de Estabilidad. Canarias (9%), Comunidad Valenciana (8,4%) y Baleares (6,9%) son las que presentan un mayor aumento, seguidas de Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Andalucía, Navarra, Asturias, Murcia y Aragón. En el lado opuesto se situaban La Rioja (-2,4%), País Vasco (-1,2%) y Extremadura (0,4%), Castilla y León (1,3%) y Galicia (1,6%).
El incumplimiento de la regla de gasto "puede poner en riesgo la consolidación fiscal en ejercicios futuros", según advierte Fedea. "Éste es un síntoma de agotamiento de las medidas de consolidación fiscal puestas en marcha en anteriores ejercicios", añade. Por último, estos datos evidencian la doble vara de medir del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la hora de aplicar la Ley de Estabilidad que se aprobó en 2012. La imposición de la regla de gasto a los ayuntamientos no solo ha eliminado el déficit municipal, sino que se ha traducido en superávit y menos deuda por parte de la Administración Local. Sin embargo, no se ha hecho lo propio con las CCAA ni con el Gobierno central.