Las cifras de usurpación de bienes inmuebles en la Comunidad de Madrid que hemos divulgado en Libre Mercado son escandalosas. Y ponen de manifiesto que el fenómeno de la okupación, lejos de ser cosa de idealizados rebeldes sin causa y personas en situación de auténtica precariedad, está en manos de bandas de indeseables perfectamente organizadas.
Desde abril de 2016 hasta mediados del pasado octubre, la Policía identificó a 3.731 okupas en la Comunidad de Madrid. De ellos, al menos 2.597 han sido fichados en lo que va de 2017. Más de la mitad tenía antecedentes con la Justicia, y un tercio estaba en España en situación irregular. El 84% son extranjeros, procedentes principalmente de República Dominicana, Marruecos y Rumanía, aunque también hay cifras relevantes de ecuatorianos y colombianos.
Madrid no es la única ciudad que padece esta lacra. Mención especial merece igualmente Barcelona, que tiene la desgracia de padecer una alcaldesa antisistema que se ha pasado media vida haciendo piña con los okupas y que sigue volcada en dinamtiar la imagen internacional de la Ciudad Condal.
La pregunta que deben plantearse los ciudadanos es qué ha pasado para que estos atentados contra la propiedad sean tan comunes en nuestro país. La respuesta tiene que ver, en primer lugar, con una legislación infame que deja completamente desprotegidas a las víctimas, a las que en incontables casos se destroza la vida sin que los criminales purguen las duras condenas que merecen ni las Administraciones les ofrezcan protección ni el menor apoyo.
Es tan alucinante como increíble que en España no exista un proceso civil específico para resolver estas situaciones. Así, mientras que en la mayoría de los países de Europa las ocupaciones ilegales de inmuebles se resuelven en 48 horas por la Policía, aquí es necesario acudir a los tribunales con abogado y procurador para iniciar un proceso que puede prolongarse hasta 18 insoportables meses.
La demagogia de la izquierda y la falta de coraje del PP han permitido que nuestras ciudades se conviertan en paraísos para las malditas mafias de la ocupación, que saben muy bien cómo utilizar la legislación en provecho propio. Urge una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para acabar de una vez por todas con la impunidad de estos delincuentes, especialmente indeseables por el tremendo daño que causan a sus víctimas y la degradación socioeconómica que provocan allá donde se instalan.
Y, por supuesto, es igualmente perentorio señalar a los políticos tremendamente responsables de este estado intolerable de cosas. No son dignos de ostentar el menor cargo público, para qué hablar de gobernar ciudades como Madrid o Barcelona.