Hace un año y medio, la Delegación de Gobierno de Madrid empezó a coordinar una estrategia orientada a agilizar los trámites judiciales y policiales ligados a los delitos de usurpación. El esfuerzo ha sido fructífero y, según acreditan los datos oficiales, el tiempo medio de recuperación de viviendas okupadas ha bajado significativamente.
Cuando se puso en marcha este nuevo protocolo, los propietarios de viviendas esperaban alrededor de dos años para recuperar sus viviendas. Semejante espera puso en alerta a la Delegación de Gobierno, que empezó a coordinar distintas iniciativas orientadas a reducir estos plazos de espera. Ahora, el tiempo medio observado en la región oscila entre los quince días y los dos meses.
Para activar estos protocolos deben darse dos condiciones. Por un lado, debe presentarse una denuncia, bien en comisaría, bien en la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas. Por otro lado, debe existir un mandato judicial que de cobertura a la actuación, respaldando a los propietarios de los inmuebles afectados.
La Delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, se puso manos a la obra nada más tomar posesión en el cargo. Su objetivo era crear un canal específico para abordar este tipo de delitos. Bajo el nuevo protocolo, cada denuncia pasa por la necesaria verificación policial. A continuación, jueces y fiscales de la región se han comprometido a agilizar estos procesos y pedir medidas cautelares.
Nuevos protocolos para compensar la laxitud legal
Fuentes del gobierno consultadas por Libre Mercado recuerdan que "la ley es laxa, lo trata como un delito leve… Los usurpadores saben que las multas son bajas (apenas tres euros diarios durante tres meses) y que la ley no penaliza la reiteración. Semejante marco de permisividad explica que la usurpación siga sucediendo".
Precisamente por eso era necesario reorganizar la respuesta institucional. "Los procedimientos no estaban bien establecidos, ya que estos delitos son relativamente novedosos", reconocen desde el gobierno. "Por eso hemos hecho todo lo posible para agilizar la tramitación de las usurpaciones. Hay una línea telefónica específica, una Oficina especializada… Además, los magistrados se han comprometido a actuar con toda la celeridad posible, dentro de los plazos legales", explican.
Desde abril de 2016, los tribunales madrileños han realizado 615 juicios rápidos, en virtud de los cuales se han recuperado 1.355 propiedades okupadas. Las cifras muestran que la respuesta es cada vez más rápida. De hecho, 953 de las 1.355 viviendas han sido liberadas en 2017. En este sentido, Dancausa ha insistido en que "hay que denunciar con la mayor celeridad posible, ya que cuanto menos tiempo estén ocupados los inmuebles, más rápida es la actuación. Esto también redunda en menos inseguridad y conflicto para los vecinos".
Medidas de apoyo para situaciones de dificultad
La Delegación de Gobierno también insiste en que no cabe plantear que la okupación obedece a la necesidad, puesto que hay en marcha numerosas iniciativas que ayudan a aquellas familias que se hayan quedado sin hogar.
"En 2012 se aprobó el Real Decreto 6/2012, que suspendió los desahucios de familias en riesgo de exclusión. También 2012 se aprobó el Real Decreto 27/2012, que refuerza la protección de estos deudores hipotecarios y suspende los alzamientos para un colectivo aún más amplio. Ya en 2013, se aprueba la Ley 1/2013 y empieza a funcionar el Fondo Social de Viviendas de Alquiler, que ya ha ayudado a más de 4.000 familias. Por otro lado, las ejecuciones hipotecarias en 2016 están en los niveles más bajos desde 2008. Y no olvidemos que hay 170.000 familias que reciben ayudas del Plan Estatal de Vivienda", explican.