Hace año y medio José Manuel Soria, Pedro Almodóvar, Imanol Arias o Pilar de Borbón, entre otros muchos nombres, y como si de prensa amarilla se tratara, vivieron su momento de fama debido a un robo de información a la firma panameña de abogados Mossak Fonseca; 11,5 millones de documentos relativos a 214.488 entidades offshore recogidos en 2,6 TB y conocidos con el nombre de Papeles de Panamá. Desde el pasado domingo volveremos a escuchar día sí y día también el nombre de personajes que han eludido el pago de sus impuestos gracias al robo de información de otros dos despachos: Appleby y Asiaciti Trust, el primero situado en Bermudas y el segundo en Singapur. Esta vez nos encontramos ante 13,4 millones de documentos que llegan a ocupar 1,4 TB de espacio, y la operación tiene nombre distinto: los Papeles del Paraíso.
Hablo de prensa amarilla porque las filtraciones han sido y serán de nombres de famosos, pero no de delitos, salvo el hecho de que se haya robado información privada a dos despachos de abogados. Es más, pregúntense el por qué de que los documentos que se citen no se harán públicos, como sí sucedió en el caso de Wikileaks. Quizás es porque vuelve a estar de por medio el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en su momento señaló que hacer públicos los Papeles de Panamá –tan solo están disponibles unos 200.000 y no en todos se trata de los originales– podría afectar a posibles investigaciones por haberse obtenido las pruebas de manera ilícita –robo–. Quizás también tenga algo que ver que al ICIJ le financian grandes fortunas como la familia Rockefeller o George Soros, y solo interesa que se hagan públicos algunos nombres.
Y es que tener dinero en el extranjero con el objetivo de pagar menos impuestos no es ilegal per se; a saber, ¿usted paga más impuestos de los que debería? Probablemente pague lo que le corresponda, pero no más, de ahí que los "impuestos" se llaman así y no "voluntarios". Lógicamente, dentro de los nombres que aparecen y aparecerán en los Papeles del Paraíso hay y habrá gente que probablemente sí haya cometido algún delito –blanqueo de capitales, evasión fiscal…–, pero el problema de generalizar es el de acusar sin pruebas a inocentes. De hecho, como menciona el economista Dean Mitchell, existen ciertos colectivos que ocultan su patrimonio para evitar a regímenes extractivos, como son los disidentes políticos, judíos residentes en Oriente Medio o, hasta hace poco, teníamos el caso de empresarios vascos a los que ETA les obligaba a pagar el impuesto revolucionario mediante coacciones y amenazas.
En definitiva, en el trasfondo de esta cuestión se encuentra el debate de la necesidad o no de la competencia fiscal y de la existencia de refugios/paraísos fiscales. Pero, como en todo, la competencia es necesaria, puesto que un monopolio impuesto por ley puede infligir precios elevados –en este caso impuestos elevados– sin que nos podamos escapar hacia otras jurisdicciones que sean más amigables. Desde Panamá, en su momento, nos alertaron de que si caían los refugios fiscales solo quedarían los infiernos fiscales, algo que no beneficiaría a nadie, puesto que, por ejemplo, al país centroamericano su modelo de business friendly le ha permitido más que duplicar su renta per cápita y reducir las tasas de pobreza del 22% al 6% durante las últimas tres décadas.