Desde que arrancó la legislatura, el Gobierno de Baleares ha insistido en limitar el turismo en las islas. Ahora que el verano llega a su fin, el Ejecutivo regional se prepara para implementar su Ley Turística, aprobada el pasado mes de agosto y orientada a reducir el número de personas que visita el archipiélago mediterráneo.
La medida estrella de la nueva regulación es el establecimiento de un "techo real máximo", que dejará en 623.624 el número de plazas permitidas a los hoteles y viviendas turísticas de Baleares. En Mallorca, los hoteles se repartirán 300.127 plazas, mientras que los pisos turísticos se quedarán con 92.931 plazas. El gobierno se reservará 42.649 plazas más, para su posible venta. Para Ibiza, el límite será de 435.707 plazas, mientras que en Ibiza se permitirán 109.800, en Menorca se autorizarán 60.117 y en Formentera se autorizarán 18.000.
Pero, a la hora de la verdad, la normativa contempla que no todas estas plazas estarán inmediatamente autorizadas. Por ejemplo, 42.649 de las plazas asignadas a Palma de Mallorca son derechos de emisión que retiene el Gobierno balear y que van a depender de la decisión de conceder o no los permisos pertinentes. En Ibiza, por citar otra isla, el Ejecutivo regional se reservará otras 9.000 plazas.
El techo que contempla la ley no es definitivo, sino que deja la puerta abierta a una posible revisión… a la baja.Su idea es denegar la renovación de licencia a hoteles y pisos turísticos, de modo que el techo efectivo se reduzca progresivamente desde las 623.624 plazas anunciadas hasta poco más de 500.000.
Multas de 400.000 euros
Tras la entrada en vigor de la nueva ley, los propietarios de pisos que no cuenten con los permisos para alquilar sus viviendas se enfrentarán a multas que van de 20.000 a 40.000 euros. Además, plataformas digitales o intermediarios como Airbnb pueden sufrir un golpe de hasta 400.000 euros si no eliminan de su catálogo los pisos no autorizados por el gobierno balear.
La dirección general de Turismo ha anunciado que ha detectado casos de "sobreocupación" en el 72 por ciento de los alojamientos turísticos inspeccionados en Palma de Mallorca. Sin embargo, Airbnb ofrece más de 4.300 pisos turísticos en la isla, de modo que no estamos ante una muestra lo suficientemente amplia. Además, el propio equipo de gobierno reconoce que "en la mayoría de las actas, el porcentaje de sobreocupación es del 1% al 10%", de modo que no estamos hablando de hacinamientos generalizados.
Ecotasa y turismofobia
El Gobierno de las islas, respaldado por PSOE, MÉS y Podemos, se ha embarcado en una auténtica cruzada contra el turismo. Además de la nueva normativa anunciada, también ha apostado por doblar el alcance de la llamada "ecotasa", que ascenderá a 3 euros por turista y día. Está previsto que este gravamen genere 120 millones de euros, algo que no ha sentado nada bien a las empresas del sector.
El presidente ejecutivo de Meliá, Gabriel Escarrer, se ha pronunciado sobre estas restricciones, afirmando que "las previsiones para 2018 no son positivas" y anticipando que "habrá un importante desvío de vuelos chárter hacia otros destinos del Mediterráneo, lo que puede ser muy negativo para todo el sector". En opinión de Escarrer, otro de los problemas que enfrenta el sector "son los ataques de turismofobia que estamos viviendo. Los mensajes que se han enviado han llegado a los medios internacionales y constituyen una bomba de relojería para nuestra actividad".
En los últimos años, la pujanza del turismo ha contribuido a elevar significativamente el PIB de la región. En 2016, Baleares aumentó su PIB un 4,1%, la mejor cifra en más de tres lustros. Para 2017 está previsto un aumento de la actividad del 3,6%, lo que supondría un alza acumulada del 11% durante los últimos tres años.