A lo largo de los últimos años, los gobiernos autonómicos han sido incapaces de aprovechar la recuperación económica para acabar, por fin, con los números rojos de los presupuestos. Por el flanco de la izquierda, PSOE y Podemos han insistido en que la "austeridad" ha sido excesiva. Por el lado de la derecha, PP y Ciudadanos han mostrado un discurso más moderado, pero igualmente han defendido un giro hacia políticas de gasto más expansivas.
"No hay margen para más recortes". Es la contestación que dan políticos de uno y otro signo cada vez que alguien recuerda el agujero presupuestario que aún siguen teniendo las Administraciones Públicas españolas. Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto? ¿Es cierto que ya no hay partidas susceptibles de ser recortadas?
Tomemos el caso de Cataluña. La decisión de controlar directamente las cuentas de la Generalidad, anunciada por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de septiembre nos permite evaluar qué porcentaje del gasto va a financiar partidas esenciales y qué cuota de los presupuestos autonómicos va consignada a otro tipo de cuestiones.
En virtud de estas medidas de control fiscal, el Ejecutivo se compromete a seguir financiando todo aquello considerado como "servicios esenciales". En este epígrafe entrarían la sanidad, la educación, el sueldo de los trabajadores, la seguridad, la asistencia social y los pagos a proveedores privados que contribuyen a financiar estos servicios.
Todos los demás gastos quedan congelados, en virtud de un acuerdo de no disponibilidad sobre aquellos epígrafes presupuestarios vinculados a otro tipo de prestaciones o programas de gasto. De hecho, para evitar cualquier posible fraude, todos los desembolsos deben venir respaldados por un informe de la Intervención de la Generalidad.
Cabe recordar que, en términos de recaudación, los ingresos fiscales que se transfieren a la Generalidad de Cataluña ascienden a 1.400 millones de euros cada mes. Dichos ingresos se deben a tres grandes figuras fiscales: IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Hacienda se encarga de recoger la recaudación que generan estos estos gravámenes y de repartir las rentas obtenidas entre las distintas autonomías.
Pues bien, tras el primer mes de supervisión de los gastos, el Gobierno central ha detectado que solo necesita 940 millones de euros para cumplir con los compromisos de gasto que se consideran esenciales. De manera que, sobre un total de 1.400 millones transferidos cada mes, solo 940 millones van a parar al tipo de conceptos descritos con anterioridad.
Los 460 millones restantes -el 33% del total- se van a transferir a una cuenta que el Gobierno de Mariano Rajoy ha abierto en el Banco de España. Pero la cosa no acaba aquí. Cada mes, la Generalidad gestiona tributos como el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, los Tributos sobre el Juego, las tasas por servicios públicos… En total, se estima que esto supone un ingreso mensual de 200 millones de euros. Por tanto, el desfase alcanzaría los 660 millones de euros.
Despilfarro en los servicios "esenciales"
Este despilfarro no incluye el desfase en que también pueden incurrir las Administraciones Públicas a la hora de prestar servicios básicos. Sería un error pensar que cada céntimo invertido en sanidad o educación está bien gestionado. Comunidades como Madrid han demostrado que se puede lograr mejores resultados con menos desembolsos. La clave es la eficiencia, no el aumento continuado del gasto. Pero, incluso dando por bueno que cada euro invertido en gastos sociales está bien empleado, el control de gastos de la Generalidad revela que el despilfarro es más que notable.
Huelga decir que la misma situación se reproduce en muchas otras comunidades autónomas. No estaría de más, por tanto, que el gobierno de España aplicase la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las demás regiones, ya que intervenir las cuentas para congelar los gastos no esenciales permitiría acabar de una vez con los problemas que se derivan del gasto descontrolado del Estado.