Tres años y cientos de miles de euros después los cooperativistas de Raimundo Fernández Villaverde están lejos de conseguir su proyecto. Su andadura comenzó en 2014 cuando el Ministerio de Defensa sacó a subasta pública la parcela que ocupa el Taller de Precisión y Centro Electrónico de Artillería, un edificio del siglo XIX situado en el distrito de Chamberí.
Y ahora el Ayuntamiento de Madrid se ha sacado una nueva carta que dificulta, sobremanera, que estas más de 300 familias puedan hacer frente a inesperados pagos millonarios. "Sentimos frustración, rabia. Y nos encontramos en una situación de indefensión y de riesgo de viabilidad" de la cooperativa, dijo este martes su portavoz, Juan Andrés García, en un encuentro con los medios.
El 10 de marzo concluyó el plazo de alegaciones, una vez que el Pleno dio el visto bueno al Plan Parcial. Entre ellas se incluyó un correo electrónico "sin firma, sin registro de entrada en el Ayuntamiento", pero que "se incorpora al expediente administrativo", que provoca que el Consistorio decida revisar el importe a monetizar. Y es que el 26 de enero la cooperativa acordó con el gobierno de Ahora Madrid la cantidad que debía pagar al no poder cederle una parte de la parcela para uso dotacional (una guardería, una biblioteca, parque público…) por ser ésta demasiado pequeña. Es lo que se conoce como monetización. El importe varía en función de si la finalidad de ese suelo es dotacional o si sus expectativas son edificatorias.
De 14 millones de euros a 41
Según esta alegación, "presentada de forma irregular", la valoración inicial realizada por el Ayuntamiento, hasta en tres informes para acordar el importe de la monetización correspondiente a la cesión de redes sociales, fue errónea y solicita una nueva valoración aplicando un criterio adicional. Una vez recibida el Consistorio solicitó un informe a la Carlos III, que compartió este último criterio. De esta manera, las más de 300 familias pasarían de tener que abonar 13.900.000 euros a 41 millones.
La cooperativa cuenta, por su parte, con dos dictámenes, de la Universidad Politécnica y la Universidad Autónoma de Madrid, que en ambos casos avalan el criterio de valoración establecido previamente "y del que ahora se quiere desdecir el Ayuntamiento".
Sin diálogo y la callada por respuesta
Ante tal situación, las familias solicitaron al Ejecutivo local hace unos meses la constitución de una mesa técnica de trabajo para debatir y consensuar un criterio de valoración con el que ambas partes se sintieran conformes. Esta solicitud no ha obtenido respuesta hasta la fecha.
"El Ayuntamiento está jugando a ahogarnos", declaró Juan Andrés. "Hay gente que se está planteando abandonar" la cooperativa cuando ya llevan invertidos más de 200.000 euros. Puede llegar el caso de que algunos "se vena obligados a salir" al no poder hacer frente a este nuevo pago millonario.
Y es que estas familias, aparte de la cantidad ya aportada, tienen que hacer frente cada mes a una multitud de gastos: algunos pidieron un crédito al banco; la seguridad privada de la parcela; sus viviendas actuales… Así las cosas, la semana que viene votarán en asamblea qué hacer, si aceptar la nueva imposición del Gobierno de Manuela Carmena o no y que el expediente quede paralizado encima de la mesa. No descartan, desde luego, acudir a los tribunales.