La agencia S&P dice que no es probable que el conflicto secesionista afecte a la calificación crediticia de España, a no ser que se intensifique la tensión, aunque sí a la de Cataluña, a la que augura en ese caso un gran impacto económico, pudiendo llegar incluso a entrar en recesión.
S&P "no cuenta con que la independencia de Cataluña vaya a tener lugar", a pesar de la declaración que realizó el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado martes, que implicaba una declaración unilateral de independencia, que inmediatamente suspendió a partir de ese momento. No obstante, la agencia indica que, de continuar la actual situación política y económica, el mayor impacto lo sufriría Cataluña, que podría ralentizar su crecimiento económico o, incluso, entrar en recesión.
Esto sucedería, añade, si el gobierno catalán estuviera en dificultades financieras, por ejemplo, si la tensión entre ambos gobiernos pusiera en cuestión los plazos de refinanciación de la deuda catalana o si se erosionara el apoyo financiero español a Cataluña. En esos casos, Cataluña se vería obligada a acumular atrasos de los pagos a sus contratistas y puede que incluso a sus propios funcionarios, poniendo así los servicios públicos en riesgo, lo que aceleraría la recesión económica y generaría mayores enfrentamientos políticos, dice la agencia.
Con las cosas tal y como están en la actualidad, el mayor riesgo crediticio que S&P ve es que la tensión entre Cataluña y el Gobierno central dé lugar a un descenso sostenido de la confianza de empresas y consumidores y ahuyente potenciales negocios. Especialmente en Cataluña, añade, donde el incremento de la incertidumbre legal y regulatoria ya ha llevado a varias empresas y entidades financieras ha cambiar sus domicilios sociales hacia otras regiones españolas.
La agencia considera que una Cataluña independiente no tendría el reconocimiento de un significativo número de gobiernos y, por su puesto, de ninguno de los estados miembros de la Unión Europea. Además, asegura que España seguirá considerando que Cataluña y sus habitantes están sujetos a la legislación española.
La declaración del Govern provocó que el Gobierno central iniciara un procedimiento que puede desembocar a una invocación del artículo 155 de la Constitución, algo sin precedentes, según el cual se rescindiría la autonomía catalana si Cataluña confirma que realmente declaró la independencia de manera unilateral.
S&P puso el pasado 4 de octubre en revisión con perspectivas negativas la calificación crediticia catalana, que actualmente está en B+ (bono basura), reflejando así la escalada del conflicto político. La deuda española continúa con una calificación BBB+ (aprobado alto), con perspectiva positiva, con la expectativa de que se fortalezca el crecimiento económico.