La combinación de inseguridad jurídica e incertidumbre política es nefasta para el mundo de los negocios, puesto que empresarios e inversores no saben a qué atenerse, dificultando así el desarrollo y la maduración de sus proyectos. Si lo que está en juego en ese particular escenario convulso es, además, el Estado de Derecho y la pertenencia a la UE y el euro, esa lógica intranquilidad se convierte en pánico, que es, precisamente, lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos días.
Desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O, un reguero de empresas, grandes y pequeñas, junto a bancos y depositantes, han optado por huir de esta región como consecuencia de los alocados planes rupturistas. Este masivo éxodo empresarial tendrá graves consecuencias para el futuro de la economía catalana, cuya imagen internacional ha quedado seriamente dañada, pero también para el conjunto de la economía española. No en vano, en caso de que esta situación se prolongue en el tiempo, Cataluña, una de las regiones más ricas del país, podría entrar de nuevo en recesión y, por tanto, arrastrar consigo al resto de la economía nacional. Y ello sin contar que el agravamiento de la tensión política bien podría traducirse en nuevas turbulencias financieras, cuyo impacto podría frenar en seco la recuperación.
Así pues, no se trata de un tema menor, ni mucho menos, tal y como advierten las agencias de calificación, el FMI, la UE e incluso el propio Gobierno. Sin embargo, lejos de lo que pregonan los mandatarios del PP, los nacionalistas no son los únicos culpables de este enorme desaguisado. El actual clima de inseguridad es culpa de la Generalidad catalana, sin duda, pero también del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Gobierno cambió la ley -en dos ocasiones- para facilitar el cambio de sede social a todas aquellas empresas que quisieran salir rápido de Cataluña en busca de tranquilidad y certidumbre. Pero la solución a este grave problema no consiste en combatir algunos de sus efectos -inseguridad jurídica-, sino en eliminar su raíz -el órdago separatista-.
Lo que tenía que haber hecho el Gobierno, por tanto, es cumplir y hacer cumplir la ley mediante el restablecimiento del orden constitucional, tal y como señaló el Rey. Rajoy, por el contrario, haciendo gala de su habitual inacción, ha dejado hacer a los independentistas hasta llegar a la situación límite en las que nos encontramos hoy. Desde hace tiempo, existen razones legales y jurídicas de sobra para que el Ejecutivo active el artículo 155 de la Constitución con el fin de parar el golpe de Estado perpetrado por los nacionalistas y poner a disposición judicial a todos sus responsables. El incumplimiento de ese obligado mandato constitucional, sin embargo, es lo que ha terminado degenerando en el grave problema actual. Si el Estado, cuyo principal cometido es aplicar la ley, hace dejación de sus funciones ante un clamoroso delito, como es el caso del órdago separatista, sus dirigentes son igual de culpables que los criminales.
Lo que ha prendido la mecha de la intranquilidad entre empresarios, inversores y buena parte de la población catalana no es la declaración de independencia de Puigdemont y sus socios, puesto que éste y no otro era el plan inicial que venían anunciando los nacionalistas desde hace años, sino la inaudita voluntad del Gobierno de no hacer nada ante tan clamorosa ilegalidad. La solución, por tanto, no es confiar en que los independentistas depongan su actitud, sino que el Gobierno actúe de una vez, con la ley en la mano, para perseguir y condenar el histórico atropello cometido por el nacionalismo catalán.