"Recuperem el seny". El lema con el que Sociedad Civil Catalana convocó la manifestación que este domingo inundó las calles de Barcelona no podía ser más oportuno. Son muchos los catalanes (incluso muchos votantes nacionalistas) que sienten que se ha perdido la sensatez, la lógica, el sentido común, la cordura.
Sólo así, piensan, se explica lo vivido en los últimos días (aunque podríamos decir años): un referéndum ilegal, sin urnas, censo ni resultado fiable; una UE que dice por activa, pasiva y perifrástica que el nuevo Estado quedaría fuera de la Unión, tanto si existe acuerdo como si no con España… y unos líderes independentistas que siguen en sus trece de que no tendrán que abandonar ni la UE ni el euro; decenas de empresa que cambian su sede social, una posibilidad negada una y otra vez por los secesionistas hasta la semana pasada, mientras desde la Generalidad se mira para otro lado, como si no pasara nada; o a un sector liberal (si es que eso es posible de creer todavía) del nacionalismo asociándose con la CUP o Esquerra para conseguir la independencia, sin percatarse de las consecuencias que ellos mismos sufrirían al día siguiente si sus actuales socios controlasen el Gobierno.
Mucho seny no parece que haya. Pero cuidado, en ocasiones, sobre todo cuando se habla de cuestiones políticas, se confunden agentes y motivaciones, se mezclan intereses de grupo y particulares, se ignoran incentivos y se dan por buenas explicaciones de parte que no tienen por qué corresponder a la realidad. Y todo esto puede llevarnos a errores. Porque puede que para el conjunto de la sociedad catalana nada de esto tenga mucho sentido o sea una carrera hacia ninguna parte, con muchos más riesgos que recompensas. Pero para sus impulsores no tiene por qué ser así.
Como explicábamos en Libre Mercado hace un par de años, en este artículo sobre los ganadores y los perdedores de la independencia, no todos los catalanes están en la misma situación. Es una cuestión que la economía teórica ha estudiado en numerosas ocasiones: problema del principal-agente (esto se usa más para situaciones del tipo accionistas vs ejecutivos de sus empresas, pero puede servir también para políticos y votantes), el análisis de incentivos entre los que toman las decisiones y los que soportan el coste, los estudios sobre la medición del riesgo y la sobre-ponderación que el humano muchas veces hace sobre sus posibilidades de éxito y la minimización de las consecuencias del fracaso, la falta de información sobre las consecuencias de nuestros actos y sobre las reacciones que desencadenarán, la ceguera hacia lo que no queremos ver…
Lo cierto es que la gran mayoría de los expertos que escriben estos días sobre el tema alertan de que la independencia traería consecuencias desastrosas para la economía catalana, al menos en el corto plazo. Y eso no quiere decir que a largo plazo esté asegurado que la cosa vaya a mejorar. Eso dependería de dos factores imprevisibles: 1. cuánto estén dispuestos a ceder en la UE (sobre todo España y Francia, los dos países más contrarios ahora mismo a hacer concesiones al nacionalismo); 2. qué decisiones tome el futuro Gobierno del nuevo país (y que perfectamente podría salir de una coalición ERC-ComúPodem-CUP).
Y aún así, ¿está dispuesto Carles Puigdemont a jugárselo todo por la independencia? ¿Hay economistas en el campo nacionalista (y alguno hay) que hacen pronósticos en los que aseguran que la secesión sólo traerá días de vino y rosas a pesar de las previsiones de organismos internacionales, empresas de análisis, la mayoría de los expertos...? ¿Hay catalanes que aseguran que aceptarían un Gobierno de la CUP con tal de separarse de España? Pues sí. A todas estas preguntas, la respuesta es afirmativa. Y hay una motivación ideológica detrás, pero también se intuye un esquema de riesgo-recompensa muy claro. En Cataluña, como en muchos otros ámbitos de la acción política, los dirigentes (y sus intelectuales de cabecera) practican un juego muy poco honesto y muy tramposo: si todo sale bien, ellos ganan; si las cosas se tuercen, pierden otros.
Esto no quiere decir que Puigdemont o Junqueras no se crean su propia versión (al menos en parte) cuando defienden el paraíso en que se convertirá Cataluña tras la independencia. Pero sí que sus actos están muy influidos por las enormes ganancias que podrían obtener ellos mismos y los mínimos riesgos a los que se enfrentan. Así, los riesgos son completamente asimétricos: si Cataluña consigue la independencia y luego se empobrece, tanto el actual presidente de la Generalidad como a su círculo más cercano estarán protegidos por el control de los recursos públicos. Sería el catalán de a pie el que pagaría los platos rotos. Un desplome del PIB catalán del 20-25% en los dos años posteriores a la independencia no implicaría un desplome del patrimonio del señor Puigdemont en el mismo porcentaje. Ésta sí sería una buena prueba de compromiso: que los miembros del Gobierno catalán firmasen que, en caso de independencia, pagarían de su patrimonio el equivalente a la pérdida del PIB generada durante los primeros cinco años tras la secesión. O que prometieran cobrar un sueldo equivalente a la media salarial de la Cataluña independiente. Incluso así, seguirían teniendo una posición mejor que la del catalán corriente, porque desde el poder es sencillo buscar el acceso a ocupaciones bien remuneradas. Pero al menos así los incentivos estarían mejor alineados.
De hecho, el único escenario en el que sí podría decirse que los Puigdemont, Junqueras o Forcadell arrostran un riesgo cierto es aquel en el que terminan en la cárcel, con largas condenas por delitos contra el Estado y con multas que tuvieran que pagar de su patrimonio personal (y no con colectas, como están intentando). Esto sí que sería más equilibrado en lo que hace referencia a los incentivos y a un esquema de premios-castigos que ayude a tomar decisiones correctas. Lo que ocurre es que no parece, viendo la actuación del Gobierno español, que esta sea una posibilidad muy cercana. De hecho, fue cuando tuvieron que empezar a poner sus firmas en documentos oficiales y cuando comenzaron las multas a líderes concretos cuando comenzaron también las primeras deserciones entre el nacionalismo: es decir, cuando algunos de sus dirigentes sintieron que sí tenían de verdad algo que perder, comenzó a enfriarse el furor independentista entre ellos.
Junto a los políticos nacionalistas, los otros grandes triunfadores en una Cataluña independiente serían los intelectuales del régimen: periodistas afectos, escritores cercanos al nacionalismo, economistas por la secesión… También todos ellos tienen mucho que ganar (puestos de relevancia en el nuevo estado) y muy poco que perder (incluso si todo saliera mal y Cataluña se hundiera en el marasmo económico, tanto su situación financiera como la posibilidad de salir al extranjero amortiguarían el golpe para ellos). De hecho, no es extraño que, en estas cuatro décadas de dominio nacionalista, una de las obsesiones de los políticos secesionistas haya sido construir un aparato clientelar de asociaciones-medios de comunicación-intelectuales cercanos a la causa. Hace mucho que los incentivos de unos y otros están perfectamente alineados.
Algo parecido pasa con economistas y expertos, sobre todo si viven fuera de Cataluña. Como explicábamos hace dos años, para un catedrático de una universidad americana o británica, posicionarse a favor de la independencia o publicar un informe sobre sus beneficios económicos sin informar de los riesgos asociados es un ejercicio de hipocresía: sí, quizás se cumplan sus predicciones… pero si no es así, él seguirá siendo catedrático en EEUU y serán los ciudadanos de Reus o Figueras los que sufrirán sus errores de cálculo. Ése es el problema de la intelectualidad catalana pro-secesión: ya no es que defiendan su posición con mejores o peores argumentos, es que además ocultan los riesgos (que saben que existen) para no perjudicar su relato, sabiendo que el principal coste recaería en otros. Hace unos años, se generó un movimiento que pedía a los economistas que hacían predicciones que apostaran como respaldo a sus pronósticos (es decir, que se jugaran su dinero a si el PIB, el paro o la Bolsa subirían o no como ellos dicen). Sería también un ejercicio interesante: que los expertos pro-independencia liguen sus activos a la marcha del PIB de la nueva república (si es que triunfa la secesión). Al igual que en el caso de los políticos, no es un instrumento perfecto, pero alinearía un poco los incentivos.
En el ámbito del aparato productivo, tampoco todas las empresas y trabajadores catalanes están en la misma situación. Aquellos que exportan y compiten con compañías extranjeras soportan un riesgo superior a los que trabajan para el mercado interno o dependen de contratos públicos (sobre todo del Gobierno regional) para su supervivencia. A estos últimos, de hecho, una independencia que encarezca las importaciones y les proteja de la competencia exterior les podría incluso suponer un beneficio (si consiguen que el resto de efectos negativos, desde la fuga de grandes empresas al corralito bancario, no les penalice).
Para las grandes empresas, la situación es mucho más complicada. La independencia implica la salida de la UE, por lo que tendrían que trasladar su sede fuera de Cataluña, algo que muchas ya han hecho. Por ahora es una cuestión puramente administrativa, pero si se llegase al peor escenario, hablaríamos de traslado de plantas, oficinas, trabajadores y todo lo necesario para el normal funcionamiento de su actividad. Aquí habría diferencias entre empresas españolas e internacionales con establecimientos en Cataluña (probablemente abandonarían el nuevo país de un día para otro a la espera de que la situación se tranquilizase) y las catalanas (para estas sería mucho más complicado todo). De nuevo aquí entra en juego el cálculo de riesgos-beneficios: puede que, como dice Junqueras, no pase nada tras la independencia… pero ¿qué multinacional extranjera con sede en Barcelona se va a arriesgar a verse atrapada en un nuevo país sin reconocimiento internacional pudiendo evitarlo sólo con mover su sede a Madrid? Pues eso.
También hay aquí otro sesgo que la economía y la psicología han estudiado durante años, aquel por el que todos pensamos que el futuro será lo que nosotros queremos que sea. Así, si se pregunta a dos catalanes pro-independencia, un votante del PdCat y otro de la CUP, cómo creen que se gobernaría el nuevo país, probablemente los dos respondan situando a sus partidarios en el Palacio de la Generalidad, aunque es evidente que eso no es posible. ¿Sabe un pequeño empresario nacionalista que correría el riesgo cierto de tener a dos o tres ministros de la formación anticapitalista-antisistema en el Gobierno? ¿Sabe lo que eso implicaría para él y para su negocio? ¿Está dispuesto a planteárselo o el ansia independentista lo ciega también ante esa posibilidad nada desdeñable?
En realidad, el principal riesgo tras la independencia lo soportarían aquellos ciudadanos que, en el caso de que la secesión derivase en un caos económico, no tuvieran posibilidad de una huida: pensionistas, clases medias-bajas sin formación, propietarios que hayan concentrado sus ahorros en el inmobiliario… Quizás en este grupo se encuentran los miles de catalanes que en los últimos días han pedido a sus entidades que cambien el domicilio de sus cuentas corrientes para situarlas fuera de su región. Muchos no han estudiado economía. Pero tienen muy claro el esquema de riesgos-incentivos que sus líderes no han tenido a bien explicarles en estos años. Son esos catalanes de a pie que saben que si todo va mal, no serán Puigdemont, ni Colau, ni los tertulianos de TV3, los que sufrirán de verdad las consecuencias.