La Audiencia Nacional investiga la ampliación de capital del Banco Popular. Con nombres y apellidos; el juez Fernando Andreu ha admitido a trámite tres querellas que colocan en la diana a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, además de los integrantes de su Consejo de Administración. Se investigan presuntos delitos contra el mercado, de falsedades societarias y administración desleal, falsedades documentales y apropiación indebida.
La causa ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional que dirige Fernando Andreu, que tuteló el caso de las tarjetas black y trabaja actualmente en los supuestos desmanes de Bankia. El magistrado, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha abierto dos piezas separadas. La primera se refiere a la ampliación de capital realizada en el ejercicio 2016 por el Banco Popular por importe de 2.505 millones de euros.
La segunda, investigará los hechos relativos a la manipulación del mercado "mediante la publicación de noticias que contenían datos o información que la parte querellante califica como falsa, con la finalidad de hacer caer el valor de la cotización de las acciones del Banco Popular y obtener importantes beneficios, así como los delitos conexos y referidos a esta etapa, como el uso de información privilegiada y relevante para la cotización de las acciones con la que los querellados se hubieran podido lucrar".
Ron y Saracho, citados
Fernando Andreu acuerda una batería de diligencias impulsadas por quienes han interpuesto las querellas. Entre ellas, cita a declarar a los querellados en los días y horas que se fijen por la Audiencia Nacional. También requiere documentación a la CNMV, al Banco Popular y al FROB y al Banco de España para que designe a dos funcionarios que, en relación con el folleto y la documentación en que se asentó la ampliación de capital, "determinen si la información contable en ella expresada ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de manipulación o deformación".
Los hechos investigados se dividen en dos etapas: cuando el Consejo de Administración del Banco Popular estuvo presidido por Ángel Ron, hasta el 20 de febrero de 2017, y la que contó como presidente de la entidad a Emilio Saracho a partir de esa fecha. Respecto de la primera época, se denuncia la operativa realizada para la ampliación de capital en el ejercicio 2016 para captar la participación de los potenciales inversores a través de los folletos informativos correspondientes. Al parecer, la información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad, de forma que de haber reflejado la imagen fiel de la misma no se habría efectuado la inversión en términos y condiciones que lo fue.
A juicio del magistrado, la causa compete a la Audiencia Nacional por la grave repercusión del tráfico mercantil, así como por los miles de accionistas repartidos por toda España. La querella refiere la posible tipicidad derivada de las condiciones salariales e indemnización vitalicia fijada para Ángel Ron al cesar en el cargo de presidente del Consejo de Administración. En cuanto a la segunda época, se denuncia lo que se entiende como una campaña de desprestigio del Banco Popular a través de la publicación de noticias falsas.