La celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, su gran repercusión mediática a nivel internacional y la amenaza de declaración de independencia que ha lanzado el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, abren un nuevo escenario de alta tensión e incertidumbre política, cuya intensidad afectará, en mayor o menor medida, al conjunto de la economía española e incluso europea en función de lo que suceda a partir de ahora.
Hasta hace poco, el tema catalán no estaba en el radar de los inversores ni de las agencias de calificación, pero esta situación ha cambiado por completo en los últimos días. El Ibex lidera las caídas de la bolsa europea este lunes, arrastrado por los principales bancos catalanes, que registran bajadas superiores al 3,5% durante la sesión. La prima de riesgo también sube con fuerza, superando el nivel de los 120 puntos, mientras que el euro retrocede hasta los 1,17 dólares, cayendo a mínimos de tres semanas frente al franco suizo, tradicional activo refugio.
Todo ello refleja el nerviosismo de los inversores. ¿Qué pasará? La principal preocupación radica en los efectos que podría conllevar la crisis política e institucional abierta en Cataluña. Para empezar, los separatistas de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han convocado una "huelga general" para este martes, pero no se descarta que la declaración de independencia y la posible activación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía acabe por extender las jornadas de huelga y las protestas en las calles.
A nivel nacional, la tensión en Cataluña ya se ha traducido en el retraso de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, después de que el PNV retirara su apoyo al PP, lo cual abocaría al Gobierno a prorrogar las cuentas públicas. De hecho, según cómo se desarrollen los acontecimientos y en base al posicionamiento que adopten los partidos de la oposición sobre este tema, el Ejecutivo podría verse obligado incluso a convocar elecciones generales, más allá de que se adelanten o no los comicios regionales en Cataluña en caso de intervención.
Este particular contexto de confusión e inseguridad amenaza con dañar la recuperación económica. En un momento en el que la economía española ya ha empezado a mostrar ciertos signos de desaceleración, el crecimiento del PIB podría bajar del 3,2% anual al 2,5%, según las últimas previsiones del banco de inversión Berenberg. La agencia Fitch, por su parte, ha señalado este lunes que una escalada sostenida de las tensiones con Cataluña podría interferir de forma negativa en las futuras previsiones del PIB, tras revisar al alza su pronóstico de crecimiento para España, hasta el 3,1% en 2017.
Pero es que, además, el proyecto independentista también supone un riesgo para la propia estructura de la zona euro, ya que, tal y como ha advertido la Comisión Europea, una Cataluña independiente no tendría cabida en la UE y, muy posiblemente, supondría su salida del euro (Catalexit), con todo lo que ello implica. Si Grecia, con un PIB próximo a los 176.000 millones de euros, fue uno de los desencadenantes de la crisis de deuda europea en 2010, las crecientes dudas sobre la situación de Cataluña, cuya economía ronda los 212.000 millones, también pueden desencadenar fuertes tensiones si la desconfianza se apodera de los inversores.
Ambrose Evans-Pritchard, analista de The Daily Telegraph, por ejemplo, advierte de que Cataluña implica una amenaza para el proyecto comunitario mayor que el Brexit. La agencia de inteligencia privada Stratfor avanzaba el pasado junio que, en caso de que la Generalidad declarase la independencia, se acrecentaría el "caos" y obligaría a la comunidad internacional a pedir negociaciones -cosa que ya ha hecho Bruselas este lunes con su llamada al "diálogo"-. Pese a todo, la entidad concluye que "el impulso de independencia de Cataluña no se desvanecerá en un futuro próximo y la fricción entre Madrid y Barcelona persistirá".
Impacto en Cataluña y en España
Por último, mucho se ha hablado de las posibles consecuencias que tendría la independencia para Cataluña, con caídas del PIB que oscilarían entre el 15% y el 30%, según las diferentes estimaciones realizadas al efecto, pero también sería traumático para el conjunto de España.
Cataluña representa el 19% del PIB español y es una de las regiones más ricas del país, con una población próxima a 7,5 millones de personas. El plan inicial de los secesionistas, en ausencia de negociación alguna con el Gobierno, es no asumir la deuda pública que le correspondería en caso de ruptura, unos 200.000 millones de euros, al tiempo que la Generalidad se apropiaría de los activos que posee el Estado en Cataluña. Bajo esa hipótesis, la deuda pública de España se dispararía del 99% al 120% del PIB, sin contar los demás efectos fiscales y económicos que produciría la secesión.