El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, presentó el lunes los documentos Una España mejor para todos y Un pacto para un crecimiento integrador con los que esta entidad celebra su 40 aniversario, con el objetivo de abrir un gran debate nacional del que surja el proyecto de una "España mejor para todos".
En concreto, desde el Círculo plantean tres grandes reformas estructurales relacionadas con la educación, el tejido empresarial y la economía sumergida que, si se hubieran llevado a cabo diez años atrás, harían que España arrojara un panorama muy diferente en términos de empleo, exclusión social y sostenibilidad del Estado de Bienestar.
1. Mejorar la calidad educativa
Por un lado, hay que impulsar la conexión del mundo educativo con el mundo empresarial, poniendo especial atención en el desarrollo de la Formación Profesional dual, de la formación continua y de habilidades emprendedoras.
"Si España hubiera consensuado un pacto educativo con una mayor orientación profesional y adaptación a los nuevos requerimientos demandados por las empresas, habríamos logrado reducir el elevado abandono escolar y converger a la media de la UE por nivel de estudios. Es decir, entre los jóvenes de 25 y 34 años habría 1.068.485 graduados más en FP de grado medio", aclara el documento.
Esta nueva distribución, aplicando las tasas de actividad y de paro actuales de nuestro país por segmento educativo, permitiría reducir el nivel de desempleo de los jóvenes entre 25 y 34 años en un 7,4%. Es decir, "una mayor formación se traduce en aumento de la empleabilidad", añade.
Además, si España contara con un sistema educativo más competitivo, mejores políticas activas de empleo y un mercado de trabajo basado en la flexiseguridad, se podrían haber alcanzado las tasas de paro promedio de la UE. De esta manera el número de parados entre 25 y 34 años se habría reducido en 649.657 personas.
2. Facilitar el crecimiento empresarial
En segundo lugar, España requiere un tejido empresarial con alta presencia de medianas y grandes empresas, que son las que poseen más capacidad de innovar e internacionalizase y garantizan mejor empleo y mayores salarios. La calidad futura del empleo también está condicionada a que se produzcan avances significativos en la productividad y en la competitividad.
Ello exige, por una parte, "adaptar el marco regulatorio y diseñar una política económica con visión a largo plazo. Por otra, empresas que adopten una política retributiva vinculada a la productividad y la permanente recualificación de los propios trabajadores", incide el documento.
En este sentido, el Círculo señala que si España hubiera diseñado la Ley de Emprendimiento de 2013 tomando como referencia la que se aprobó en Francia en 2009, actualmente se crearían potencialmente un 50% más empresas al año, hasta alcanzar las 3.439.979.
En Francia, la Ley del Autoemprendedor creó un marco más flexible en términos burocráticos, diseñó un régimen social y fiscal simplificado aplicable a las empresas con un volumen de negocio inferior a 80.000 euros en actividades comerciales y 32.000 euros en el resto de servicios, y garantizó la protección del patrimonio personal del emprendedor. Todo ello ha generado un incremento promedio anual del número de empresas creadas de un 70%.
Paralelamente, si España hubiera elevado los umbrales fiscales, laborales y burocráticos que dificultan el tamaño de las empresas y adoptado medidas para diversificar las fuentes de financiación, facilitar la atracción de talento y garantizar la unidad de mercado, contaríamos con más empresas de mayor tamaño. "Si hoy tuviéramos el tamaño medio empresarial de Francia, contaríamos con más medianas y grandes empresas. En concreto, 11.603 medianas y 2.534 grandes más, y el número de empresas exportadoras aumentaría en 16.600. A su vez, el de empresas innovadoras se incrementaría en 5.127".
Este ritmo de creación y crecimiento empresarial generaría aproximadamente 1.100.000 ocupados más, de los que un 48,6% los crearían las medianas y grandes empresas. Por su parte, la OCDE afirma que, a mayor tamaño empresarial, menor incidencia de la temporalidad. En concreto, para el caso de España, la temporalidad es un 44% mayor en las empresas de menos de 20 trabajadores respecto a las medianas (50-249) y grandes (+250).
A este nuevo empleo estructural se une el generado por el crecimiento económico próximo al 3% (500.000 empleos anuales adicionales) hasta alcanzar los 20,1 millones de ocupados. De esta manera, la tasa de paro retrocedería en 5,9 puntos porcentuales, hasta situarse en este nuevo escenario en el 11,6% de la población activa.
Además del efecto sobre el empleo, este nuevo escenario empresarial impactaría con una aportación al PIB nominal de 3,5 puntos (43.893 millones de euros), adicionales a los generados por el ciclo económico. De éstos, un 62% correspondería a un aumento de la masa salarial, lo que permitiría alcanzar un PIB nominal final de 1,2 billones de euros.
Asimismo, España lograría unos ingresos fiscales adicionales de 22.155 millones de euros (1,8% del PIB) y saldría del protocolo de déficit excesivo, alcanzando un saldo presupuestario total (unido al plan de estabilidad presupuestaria de 2017) del -0,76% del PIB y un superávit primario -descontando el pago de intereses- del 1,76%.
3. Reducir la economía sumergida
Por último, el documento señala la necesidad de avanzar en la reducción del peso de la economía sumergida (17,2% del PIB) por sus efectos negativos sobre la capacidad de recaudación. "Si España hubiera adoptado medidas para fomentar la corresponsabilidad tributaria de los ciudadanos, intensificado la lucha contra las bolsas de fraude o generalizado el pago electrónico, el nivel de nuestra economía sumergida podría ser actualmente del 11,6% (media economías avanzadas con menor economía sumergida que España)". De esta manera, el PIB nominal aumentaría en 64.960 millones de euros y los ingresos públicos aumentarían en 24.879 millones de euros.
En este sentido, el Círculo destaca que el peso de la economía sumergida es menor en aquellas economías que cuentan con una mayor calidad institucional y un marco regulatorio simple y estable, que favorece el desarrollo de la iniciativa privada.
Más PIB, menos paro y superávit
En síntesis, la combinación de estas reformas lograría situar el PIB per cápita en 27.373 euros, reduciría la tasa de paro a cerca del 10% y permitiría generar superávit presupuestario
