Julio de 2012. España estaba inmersa en una profunda recesión, con la tasa de paro rozando el 25% y la prima de riesgo en máximos históricos. La economía nacional centraba entonces la atención de medio mundo, ya que muchos daban por hecho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se vería obligado finalmente a pedir un rescate internacional para evitar la quiebra soberana. El rescate llegó, sí, pero en forma de promesa de financiación ilimitada por parte del Banco Central Europeo en caso de necesidad, con la ya célebre frase que entonces pronunció Mario Draghi de hacer "todo lo necesario para preservar el euro".
Fue justo ahí, en medio de una de las mayores tormentas financieras que ha sufrido España, cuando el Parlamento catalán aprobó el polémico Pacto Fiscal con los votos de CiU, ICV-EUiA y ERC, y el apoyo parcial del PSC. Poco después, el expresidente de la Generalidad Artur Mas se reunió con Rajoy en la Moncloa para reclamar su cumplimiento. La respuesta del Gobierno central fue un no rotundo por no ajustarse a la Constitución, según adujeron.
Ahora, cinco años después y a escasos días de la celebración del referéndum ilegal del próximo 1 de octubre, el Ejecutivo desentierra el citado Pacto e incluso se muestra abierto a reformar la Carta Magna para tratar de aplacar el proceso secesionista a partir del 2 de octubre. Tal y como afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos, "en 2012, estábamos en mitad de la crisis y la atención estaba puesta en evitar el rescate de España, pero ahora la situación ha cambiado, tenemos más espacio fiscal, hay una recuperación y eso abre nuevas oportunidades para la discusión […] Cataluña ya tiene una gran autonomía, pero podríamos hablar de una reforma del sistema de financiación y otras cuestiones". En concreto, el Gobierno plantea conceder "más dinero y autonomía financiera" a la Generalidad, sin descartar el famoso Pacto Fiscal.
Pero, ¿en qué consiste dicho sistema? Los siete puntos del Pacto acordado por el Parlamento catalán se resumen en las siguientes claves:
- Creación de una Agencia Tributaria catalana propia y única, aunque "tendría que colaborar administrativamente con otras administraciones de carácter local, estatal y europeo, especialmente en la lucha contra el fraude fiscal".
- Destinar los nuevos recursos que se obtengan con el Pacto Fiscal a las políticas sociales y a preservar los servicios básicos del Estado del Bienestar.
- El Pacto se vincula a la progresividad fiscal en el sistema impositivo catalán y a la lealtad institucional tanto entre el Estado y la Generalidad como entre la Generalidad y los ayuntamientos y otros entes locales.
- Creación de una comisión de seguimiento de la negociación del Pacto Fiscal con el Estado, conformada sólo por las fuerzas parlamentarias "que manifiesten su pleno apoyo" a la propuesta aprobada en el Parlamento catalán.
La clave radica en la creación de la Hacienda propia por parte de Cataluña y en dotarla de plena capacidad normativa y recaudatoria sobre la región. De este modo, la Generalidad se encargaría de recaudar todos los tributos que se generen en Cataluña, no sólo los impuestos propios o cedidos a las CCAA, y, posteriormente, negociaría con el Gobierno central una especie de cupo, a través de un concierto económico, para sufragar los servicios públicos que presta el Estado en esa región, así como una cuantía destinada a la "solidaridad" interterritorial.
El Pacto modificaría, pues, el modelo de financiación autonómica. En el actual sistema, el Estado se encarga de recaudar los principales impuestos a nivel nacional -excepto en País Vasco y Navarra- y, posteriormente, se encarga de repartir parte de este dinero entre las distintas regiones en función de la participación autonómica en los grandes tributos (IRPF, IVA y Especiales) y según una serie de criterios -población, dispersión demográfica, PIB regional, etc.-.
Lo que pretendía Mas esdarle la vuelta al calcetín: Cataluña recauda y después acuerda ceder al Estado parte de ese dinero. El cupo, lo que Cataluña tendría que pagar al Estado anualmente por los servicios prestados en su comunidad y la solidaridad interterritorial, se revisaría cada cinco años y se negociaría de forma bilateral entre la Generalidad y el Ejecutivo. Así pues, Cataluña se convertiría, en la práctica, en el tercer territorio foral de España, junto a País Vasco y Navarra.
Implicaciones sobre el resto de CCAA
La cuestión, sin embargo, es que este planteamiento, en caso de aplicarse exclusivamente a Cataluña, obligaría a cambiar el actual modelo de financiación, ya que la Generalidad acabaría aportando menos dinero al resto de CCAA de régimen común -todas menos País Vasco y Navarra-. Como resultado, o bien la regiones más pobres reciben menos dinero a través del mecanismo de "solidaridad interterritorial" o bien el resto de autonomías ricas deben aportar más de su bolsillo para compensar la salida de Cataluña.
Según un estudio del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), "la equiparación de Cataluña con el País Vasco en términos de financiación por habitante exigiría unos recursos adicionales de más de 16.000 millones de euros que habría que detraer del resto de las comunidades de régimen común, lo que supondría reducir la financiación de éstas en algo más del 12% -con datos de 2007-".
Pero como el nivel de renta catalán es inferior al vasco, es probable que los rendimientos del sistema de concierto no fuesen tan elevados. Así, tomando como referencia los datos del cupo vasco, "un sistema de concierto a la vasca habría incrementado la financiación neta de Cataluña en 2007 en algo menos de 11.000 millones, lo que todavía implicaría una reducción del 8% en la financiación del resto de las regiones españolas".
Es decir, o el sistema de financiación reparte 11.000 millones menos entre las CCAA o las regiones más ricas aportan 11.000 millones más, siempre y cuando el Pacto Fiscal se aplique tan sólo a Cataluña y no al resto. En este último escenario, la gran perjudicada sería, sin duda, Madrid porque ser la mayor aportadora de recursos netos, de modo que los contribuyentes madrileños tendrían que desembolsar algo más de 1.500 euros extra por habitante para cubrir el agujero que dejaría Cataluña.
En la actualidad, cada madrileño aporta 2.979 euros al sistema de financiación frente a los 1.317 de los catalanes. Si se llegase a aceptar el Pacto Fiscal sin modificar por completo el sistema vigente, los catalanes saldrían ganando, sí, pero a costa de madrileños, y, en menor medida, valencianos y baleares.