La Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad. En total, se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido el pasado 7 junio y posteriormente vendido al Santander al precio de un euro.
La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en bolsa. Según fuentes jurídicas, si bien es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Entre las querellas contra los exdirectivos destaca la que presentó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado mes de julio contra el expresidente Ron; el ex consejero delegado (CEO) Pedro Larena; el exvicepresidente Roberto Higuera; la firma auditora PwC, y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor. También el despacho Cremades & Calvo Sotelo amplió en julio con una querella la denuncia presentada contra Saracho por presunta administración desleal.
Estos pleitos se suman a los recursos contencioso administrativos interpuestos contra el papel de la Junta Única de Resolución (JUR) y el FROB, encargado de ejecutar la operación. Además, numerosos inversores del banco han demandado a la JUR para obligarla a publicar un informe de Deloitte que sirvió de base para la operación y que atribuía al banco una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros pero que, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros.
El fondo de inversión estadounidense Pimco y otras cuatro firmas inversoras -Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital- presentaron el 7 de septiembre un recurso contencioso administrativo contra el FROB por su papel en la resolución y venta del Popular, que en conjunto les costó 850 millones de euros.
Asimismo, el grupo chileno Luksic, cuya participación en el Popular –que pasó de 113 millones de euros a cero– alcanzaba un 3,45%, también presentó un recurso contencioso-administrativo contra el FROB, y ayer hizo lo mismo contra la JUR y la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por su parte, el que fuera el principal accionista individual en el Popular, el mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2% del capital del banco y que ha perdido 550 millones de euros, ya presentó su denuncia a la JUR.