El excesivo endeudamiento acumulado por las Administraciones Públicas motivó la reforma del artículo 135 de la Constitución y dio pie a la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Bajo este nuevo marco, las dinámicas presupuestarias que siguen el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han quedado sujetas a una serie de normas, entre las que destaca la Regla de Gasto.
Desde la izquierda radical, estos mecanismos han sido fuertemente criticados. En opinión de Podemos y sus grupos afines, el nuevo paradigma "obliga" a las Administraciones a aplicar políticas "neoliberales", marcadas por la "austeridad". Pero la realidad es mucho más simple y menos ideológica: en el fondo, lo único que hace la Regla de Gasto es cuidar que los gastos no se disparen en relación con los ingresos, de modo que sí está permitido aumentar los desembolsos, pero con la condición de que antes se tomen las medidas recaudatorias que permitan financiar ese mayor gasto sin necesidad de aumentar la deuda.
De acuerdo con el ministerio de Hacienda, el aumento del gasto en 2017 no podrá rebasar el 2,1%. No obstante, los datos de la Intervención General del Estado revelan que, entre enero y junio, las comunidades autónomas se han comportado de manera poco responsable, disparando sus desembolsos por encima de la tasa permitida. Para ser precisos, el gasto de los gobiernos regionales ha crecido un 3,6% durante el primer semestre del año, rebasando claramente los niveles marcados por la Regla de Gasto.
Cataluña gasta un 6,6% más
Pero, si este desempeño ya es preocupante, especialmente negativo es lo que está pasando en Cataluña. En pleno desafío separatista, los gastos de la Generalidad han crecido con intensidad durante los seis primeros meses del año. Si comparamos los datos de 2017 con los de 2016 vemos que la ejecución presupuestaria del gobierno catalán ha subido en 755 millones de euros.
Así, según revelan los datos de la Intervención General del Estado, el gabinete de Puigdemont y Junqueras está aumentando los desembolsos a un ritmo del 6,6%, frente al 2,1% que marca la Regla de Gasto, Si depuramos los datos y nos fijamos solamente en los empleos financieros, igualmente se mantiene la tendencia: aumento del 5,4%, más que duplicando el 2,1% fijado por Hacienda.
En este sentido, las medidas extraordinarias que ha anunciado el gobierno para controlar el gasto en Cataluña llegan tarde. Cierto es que la orden que ha dado Moncloa de "congelar" todo lo que no sea gasto en educación, sanidad o servicios sociales puede ayudar a corregir la desviación observada durante el primer semestre, pero está por ver si la Generalidad cumplirá esta orden o si será el ministerio de Hacienda el que deba tomar las riendas de las cuentas públicas catalanas, tal y como avanzó Cristóbal Montoro tras la reunión del Consejo de Ministros, el pasado viernes 15 de septiembre.
Conviene recordar que, desde que comenzó la crisis, la deuda pública ha subido en Cataluña a un ritmo diario de 12 millones de euros. De hecho, casi el 80% del pasivo asumido por la Generalidad ha terminado siendo "rescatado" por la Administración General del Estado, mediante la aprobación del llamado Fondo de Liquidez Autonómica.