"Estas medidas no afectan a las competencias de la Generalidad. No asumimos el control [del Gobierno regional catalán]. Pero sí se evita el riesgo de que el dinero se utilice arbitrariamente o, peor aún, ilegalmente". Con estas palabras, Cristóbal Montoro explicaba este miércoles por la tarde, en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, la decisión del Gobierno de intervenir las cuentas de la Generalidad catalana.
En una bastante técnica y menos tensa de lo que se preveía (incluso en el turno de réplica a los diputados de los partidos independentistas se han mantenido las formas), el ministro de Hacienda se ha amparado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en el incumplimiento de la Generalidad de sus obligaciones de información para con su departamento para justificar por qué y cómo se han tomado las decisiones de las últimas 24 horas.
Lo cierto es que en su discurso no ha habido demasiadas referencias al desafío secesionista. Montoro se ha centrado más en el déficit, en las relaciones financieras Estado-Generalidad y en la normativa presupuestaria y de gestión del gasto público. De esta manera, el ministro de Hacienda ha asegurado que "ante el riesgo evidente de que se use el dinero público para el ilegal referéndum, el Gobierno ha decidido controlar los pagos. En ningún momento se suspenden sus competencias", ha reiterado en varias ocasiones, "pero el Gobierno sí controlará la gestión de sus gastos".
¿Y cómo lo hará? Pues Montoro ha explicado que, tal y como ya se apuntaba en las medidas extraordinarias aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado viernes, lo que va a ocurrir a partir de ahora es que "el Estado no va a enviar más transferencias a la Generalidad" para el pago de los servicios fundamentales. Son más de 1.600 millones al mes que se quedarán en las cuentas del Ministerio de Hacienda para que sea éste el que efectúe los pagos que hasta ahora ejecutaba el Gobierno catalán. Además, todo el resto de los pagos, los provenientes de los impuestos que cobra de forma directa la Generalidad, tendrán que ser justificados ante Hacienda. Y todas las operaciones de endeudamiento "requerirán" de la aprobación del Gobierno central. Montoro ha insistido en todo momento en que estas medidas están amparadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y ha subrayado que se mantendrán por tiempo indefinido, "el que sea preciso" para garantizar que las autoridades catalanes cumplen con el ordenamiento jurídico vigente.
"El Gobierno de la Generalidad está sometido a las leyes, la Constitución y el resto de las normas del Estado de Derecho, así como a las sentencias judiciales", ha apuntado Montoro, que ha explicado cómo el Gobierno impuso al Ejecutivo regional una obligación de informar cada semana de todos sus gastos, para evitar que ninguna partida fuera destinada al pago del referéndum del próximo 1-O. Durante un tiempo, el departamento de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalidad y consejero de Economía, cumplió con estos requisitos. Pero la semana pasada informó de que no lo haría más y se negó a firmar el acuerdo de no disponibilidad al que le había requerido el Gobierno central. A partir de ahí se desató la intervención de Hacienda.
Y parece ser que esa intervención ha dado resultado, porque Montoro ha informado también de que la interventora general de la Generalidad ha enviado los certificados sobre los gastos realizados por el Gobierno catalán la semana pasada (lo envió el lunes) y esta semana (lo ha enviado hoy). Eso sí, certificados que ha mandado directamente la interventora, sin la firma de Junqueras, algo que ha provocado que el ministro de Hacienda denunciase el "proceder errático" de la Generalidad y el "caos" que rodea al Gobierno catalán:
"Ellos mismos deciden incumplir [sus obligaciones con la Comisión Delegada] al amparo de una nueva legislación. Eso nos colocaba ante la abierta posibilidad de que la Generalidad fuera a incumplir con la prohibición de destinar dinero a gastos para el referéndum por la independencia. Una decisión que supone una grave vulneración del ordenamiento jurídico vigente y una manifiesta desobediencia de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Para añadir más confusión al proceder errático y al caos con que se desempeña en ese viaje al margen de la legalidad, el pasado lunes la interventora de la Generalidad envió al Ministerio de Hacienda las certificaciones que se había negado a enviar la semana anterior y hoy mismo ha remitido las correspondientes a esta semana. Todo esto sin explicar a qué se debe este cambio de criterio. También sin aclarar por qué es la interventora la que remite estos certificados y no el vicepresidente. Y sin que nadie explique nada ni nadie rectifique la afirmación del señor Junqueras de que el nuevo marco legal catalán la faculta para desobedecer las órdenes de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Hoy en el Ministerio se está estudiando la aportación de la intervención general y requiriendo nueva información".
"El ordenamiento jurídico español mantiene su plena vigencia", recordaba el ministro que acudió también a la coyuntura económica, a las normas de estabilidad presupuestaria y a los acuerdos con Bruselas sobre el déficit para justificar las medidas: "El Estado es el máximo acreedor de Cataluña, con una deuda de más de 75.000 millones de euros. La más alta de todas las CCAA. Es el 67% del total de la deuda pública catalana. Lo que da idea del enorme esfuerzo que ha hecho el estado para aliviar la situación económica de la CCAA. Eso tiene contrapartidas", explicaba como las que exige la Comisión Delegada del Gobierno a la Generalidad en lo que tiene que ver con la información sobre los gastos de esta administración. "La Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Estado es el último garante del cumplimiento de las obligaciones y del acceso a los servicios públicos fundamentales. No podemos poner en riesgo la recuperación económica y la creación de empleo. El Gobierno no lo va a permitir", ha insistido.
En este sentido, en su respuesta a las intervenciones de los diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha reiterado que "la autonomía sigue funcionando con plena normalidad". "Se introduce un control de pagos que ya me dirán ustedes a quién le estorba", se preguntaba el ministro, para responderse a sí mismo que sólo estorba a quien quiera hacer algo ilegal y destinar fondos a financiarlo: "El señor Puigdemont puede seguir gobernando. Tiene toda la acción de Gobierno a su disposición, pero no puede desarrollar ninguna acción ilegal. La actitud de algunos dirigentes políticos de la Generalidad nos inducía a pensar que esos recursos no se iban a dedicar a lo que se tienen que dedicar".
Por eso, en la última parte de su intervención ha asegurado que "de la buena voluntad de los dirigentes de la Generalidad no esperamos nada". En su opinión, los dirigentes independentistas ya han demostrado "que no tienen palabra" y lo que hay que hacer, ha afirmado, es "reconducirles" hacia el Estado de Derecho. Eso sí, en lo que tiene que ver con los servicios públicos y en lo que afecta a los ciudadanos catalanes se ha mostrado confiado en que "todo va a seguir igual o incluso mejor".