España pagará las pensiones de los catalanes tras la independencia. Y no, no es una broma (aunque se parece al sketch de BraveMas en Vaya Semanita). Es la posición oficial del Gobierno catalán: las prestaciones de jubilación las pagará la Seguridad Social española, los diputados de ERC seguirán en el Congreso, Cataluña será parte de la UE y el Barça jugará la Liga española...
Puede haber quien piense que todo esto no son más que ensoñaciones de políticos nacionalistas, dispuestos a decir cualquier cosa por un voto. Y puede ser, pero lo que es cierto es que, como apuntábamos la semana pasada, buena parte del debate ante la opinión pública se sitúa en el terreno económico. A veces de forma más abierta y otras con más disimulo, pero uno de los principales argumentos del secesionismo gira alrededor del dinero que, aseguran, los contribuyentes catalanes pierden por formar parte de España y que recuperarían en caso de independencia. En esa discusión, las pensiones son uno de los temas estrella.
Lo primero que hay que decir es que éste es un debate con poco recorrido. Para determinar cuáles serían las condiciones económicas en las que se movería esa hipotética Cataluña independiente habría que responder a muchas preguntas que no tienen una respuesta cerrada, entre otras cosas porque nadie se plantea en serio cuál sería el estatus de ese nuevo país que no tendría reconocimiento internacional, ni moneda, ni acceso a la UE ni a los mercados financieros. Eso sí, dado que el nacionalismo independentista asegura que el nuevo país independiente sería un auténtico paraíso, quizás sí tenga sentido analizar cuánto hay de verdad tras la propaganda.
En los últimos meses se han publicado dos informes sobre el tema (y de signo contrario). Por un lado, Convivencia Cívica Catalana (CCC) se preguntaba cuáles serían las pensiones que podría pagar el Estado catalán si consiguiera la independencia. Por el otro, la Generalidad catalana publicaba la semana pasada su estudio "Los fondos de la Seguridad Social en Cataluña", en el que mezclaba las cifras de paro y prestaciones de jubilación con el objetivo de vender a su audiencia una situación financiera del sistema de pensiones mucho más favorable de la real.
Las cifras
Para empezar, podríamos analizar cuáles son realmente los ingresos y gastos en cotizaciones sociales y prestaciones contributivas en Cataluña. Debiera parecer sencillo. Pero no lo es. Como veíamos la pasada semana, ni siquiera en esto hay acuerdo. La Generalidad coge cifras del subsidio del paro para limitar los números rojos y habla de un déficit de 1.300 millones; mientras, el Gobierno central le atribuye a la región 4.900 millones negativos (más del 25% del déficit total del sistema). A mitad de camino, Convivencia Cívica, con los datos del año 2015, presenta estas cifras:
Son casi 3.200 millones de déficit en 2015. Así, Cataluña se sitúa como la primera región en términos absolutos en lo que tiene que ver con los números rojos de las pensiones (eso sí, en términos relativos hay otras autonomías con más déficit y una población mucho más envejecida).
Dicho esto, siempre puede pensarse que la situación puntual del sistema de pensiones tiene mucho que ver con la coyuntura laboral. Más allá de los problemas estructurales a largo plazo derivados de la demografía (y que afectarán a España, a Cataluña y a cualquier modelo que se base exclusivamente en un sistema de reparto), los números rojos pueden ser más o menos elevados en función del número de trabajadores, la tasa de paro, la edad de jubilación, el montante de las cotizaciones sociales medias...
En este sentido, la Generalidad destaca en su informe que Cataluña tiene mejores cifras que España en los principales indicadores, como la tasa de dependencia (población de más de 65 años sobre el total de población) y la de ocupación (población de entre 16 y 64 años que trabaja). Este último dato es fundamental. Uno de los principales problemas de la economía española es que tiene una tasa de ocupación muy baja (inferior al 60%). Cataluña, sin llegar al nivel de los países más ricos de Europa ni al de Madrid, estaba en 2015, según los cálculos de la Generalidad, en el 65%, una cifra que le ayudaría a pagar, a ese futuro Estado independiente, las pensiones. Además, a su favor tiene que los sueldos en la región (y las cotizaciones) son más elevados, con menos temporalidad y empleo a tiempo parcial que en el conjunto de España.
Pero no todas las cifras son tan buenas, como puede verse en el informe de CCC. Por ejemplo, la ratio afiliados/pensionistas es de 2,06 en España y 1,98 en Cataluña. También las pensiones son más elevadas en esta región (de 889 euros de media a finales de 2015 en España a 929 en Cataluña) algo que se deriva de las superiores cotizaciones que hicieron en el pasado los trabajadores catalanes, pero que hace más complicado el pago de las prestaciones futuras. Además, aunque la población catalana supone el 15,94% de la española, los pensionistas catalanes son el 17,93% de los pensionistas españoles (es decir, hay más pensionistas en la región de los que les correspondería si cada autonomía tuviera el mismo porcentaje que población).
En realidad, con todos estos datos encima de la mesa, lo que se intuye es una situación financiera, en lo que tiene que ver con las pensiones, más o menos en la media española. Ni mucho menos Cataluña es una de las regiones con más déficit en relación a su población ni más problemas de sostenibilidad (por ejemplo, Asturias, Galicia o Castilla y León, si se independizaran, con una población muy envejecida, tendrían un déficit en pensiones al que no podrían hacer frente). Pero cuidado, también es verdad que la Seguridad Social en Madrid, una región similar en cuanto a población, estructura productiva o renta, tiene una situación financiera mucho más saneada que la de Cataluña (ver los siguientes dos cuadros del informe de CCC):
El recorte
Por eso, los autores de este informe de CCC alertan: "En consecuencia, en un sistema únicamente catalán de Seguridad Social en que las prestaciones se pagaran con arreglo únicamente a las cotizaciones pagadas en Cataluña y sin posibilidad de recibir aportaciones del resto de España o acceder a las reservas del sistema español (la denominada ‘hucha de las pensiones’) generada en años de bonanza económica deberían reducirse las pensiones y demás prestaciones pagadas en dicho porcentaje. En valores absolutos, ello significaría que la pensión media mensual de un pensionista catalán bajaría en 144 euros, pasando de los 928.7 euros actuales a 784.7 euros, un 15,5% menos".
También es verdad que este recorte no tendría por qué producirse. Hablamos de unos supuestos que podrían cambiar. Por ejemplo, el futuro Gobierno de esa Cataluña independiente soñada por el nacionalismo podría subir los impuestos o las cotizaciones, o recortar los gastos en otras partidas del Presupuesto para dedicar más a las pensiones. También es verdad que hay una serie de interrogantes que no son fáciles de responder: ¿seguirían todos los trabajadores que actualmente cotizan en Cataluña viviendo allí tras la independencia? Cuidado, que esto está lejos de estar asegurado. De hecho, es más fácil imaginar un movimiento de población en activo (siguiendo a sus empresas si éstas se deslocalizan) que de pensionistas. ¿Pagaría la Generalidad todas las prestaciones? ¿También las de los jubilados que trabajaron en la región pero ahora viven fuera?
Y no sólo eso. Al final, como hemos visto, la Seguridad Social del conjunto de España está tan en números rojos como la catalana. A medio plazo, eso no cambiará. Aquí entra un tema que casi nunca ocupa espacio en el discurso nacionalista: la solvencia del futuro Estado y su acceso a los mercados financieros. Para pagar sus déficit, España realiza emisiones de deuda. Parece algo obvio, pero recordemos que en 2010 y 2012 los mercados estuvieron a punto de cerrarse y sólo el apoyo del resto de la UE evitó la quiebra. Es decir, que nadie asegura a un ente estatal, por mucho que sus políticos lo den siempre por descontado, que encontrarán alguien que les financie. En este punto, los pensionistas de esa futura Cataluña independiente tendrían que preguntarse si creen que esa Seguridad Social catalana que Oriol Junqueras les asegura que subirá sus prestaciones tendrá la misma solvencia que la española. Y no hablamos dentro de 20 ó 25 años. Eso nadie lo sabe. Sino del día después a la independencia, que es cuando ellos querrán cobrar su primera paga mensual. CCC habla de un 15% de recorte con los números actuales. La Generalidad asegura que no sólo no bajará las pensiones, sino que las subirá. ¿La realidad? Pues depende de lo que cada uno crea que ocurriría en ese escenario que nadie tiene muy claro cómo sería. Eso sí, seguridad, solvencia, fiabilidad... eso es lo que piden los pensionistas catalanes y los de todo el mundo. No parece que sea precisamente el camino emprendido.