Tras cinco años de hacer la vista gorda ante un delito continuado de malversación de fondos públicos como el perpetrado desde 2012 por la golpista Administración autonómica catalana en aras de su tan ilegal como carísimo proceso secesionista, el Gobierno de Rajoy nos quiere hacer creer –con el cómplice o meramente estúpido concurso de la prensa madrileña– que la Administración central del Estado a partir de ahora no sólo va a pasar a atender directamente el pago de las facturas que debía afrontar la Generalidad con sus cuantiosos recursos propios –tales como el pago a farmacias y proveedores–, sino todo el gasto de la Administración catalana en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o, lo que resulta aun más irrisorio, como forma de impedir el delito de malversación de fondos públicos que acarrea la ilegal consulta del 1 de octubre.
Es cierto que la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla desde su promulgación "mecanismos de control, sanción e intervención", tal y como advirtió en abril de 2012 un aguerrido Cristóbal Montoro al que el propio Rajoy se tomó a risa. No es menos cierto, sin embargo, que esa ley ha sido desde entonces burlada todos los años –y no sólo por la secesionista Administración catalana–, y que la única sanción o intervención del Ejecutivo de Rajoy ha sido la de elevar al alza los nada exigentes topes de déficit para las comunidades incumplidoras y, aun así, seguir haciendo una vista gorda que nos ha conducido al mayor incremento del endeudamiento del conjunto de las Administraciones públicas de los últimos cien años.
Lo peor de esta esperpéntica España oficial, renuente a la suspensión de la Administración autonómica aun cuando su despilfarro va a destinado a sufragar un carísimo proceso de ruptura constitucional, es que quiere creerse y que nos creamos que el Gobierno de Rajoy el pasado viernes pasó por fin a tomar el control directo de todos los gastos de la Administración regional, cuando en realidad lo que va a hacer es asumir directamente el pago de unas facturas que la Administración autonómica pagaba a través del FLA, tal y como reflejaban los justificantes de pago que la Generalidad venía entregando. Un pago directo que va a seguir llevando a cabo, no obstante, a cargo de un Fondo de Liquidez Autonómica que sigue destinando a la Administración en rebeldía la mayor parte de sus recursos.
Y es que si tuviéramos que creernos la formidable, persistente y espero que involuntaria manipulación de la prensa madrileña en torno al supuesto control directo del gasto de la Generalidad por parte de la Administración central del Estado (manipulación sólo comparable al engañoso triunfalismo que esa misma prensa protagonizó a escasas dos semanas de que los golpistas perpetraran su primera consulta secesionista del 9-N), el Gobierno de Rajoy esta vez evitaría el delito de malversación de fondos públicos que no se atrevió a impedir –y, lo que es más grave, ni siquiera a denunciar– con la no menos ilegal consulta cesionista de hace tres años.
Habida cuenta de que la Generalidad de Cataluña ya consignó en sus presupuestos de 2017 casi 5,8 millones de euros para "procesos electorales y participativos", y habida cuenta también de que los golpistas catalanes advirtieron desde el primer día que harían caso omiso a la sentencia del Tribunal Constitucional que en julio de este año estérilmente anuló la disposición adicional 40 de dicha ley autonómica, en la que se incluía esa partida, lo más probable es que el coste de los 1,3 millones de carteles y folletos de la ilegal consulta secesionista interceptados por la Guardia Civil, así como el del silenciado franqueo de las 55.000 cartas que los golpistas ya han enviado a los ciudadanos que les ha tocado formar parte de las mesas electorales, o las urnas y papeletas que los golpistas consigan colocar o no en esas mesas, o la publicidad de la ilegal consulta ya llevada a cabo por algunos medios de comunicación, como TV3, ya deben haber sido totalmente sufragados.
Podemos quejarnos de que la Fiscalía General del Estado no se haya atrevido ya a acusar a los golpistas de un delito de sedición, pero ¿cómo va a sostener siquiera su encomiable acusación de malversación de fondos públicos, que esta vez, y a diferencia de la convocatoria del 9-N, sí se ha atrevido a cursar con la convocatoria del 1-O, si el Gobierno de la nación ha pasado, en cuestión de días, de asegurar que la Generalidad "no ha destinado un solo euro a la consulta ilegal" a hacernos creer otra monumental mentira como la de que el Ejecutivo de Rajoy ha asumido el control de todos los desembolsos de la Generalidad?
Por otra parte, ¿nos quiere hacer creer Montoro que a partir del pasado viernes va a dejar de pagar –o ser él quien directamente pague– las nominas y el sostenimiento de la ilegal red de embajadas catalanas que la Consejería de Asuntos Exteriores ha acrecentado en los últimos tiempos como prueba de su anunciada y pública desobediencia a la sentencia del Constitucional que también vanamente trató de suspender dicha Conserjería? ¿Y qué decir de los costes que genera la Agencia Tributaria de Cataluña que los golpistas han adulterado hasta el extremo de querer convertirla en una Hacienda propia a pesar de una no menos desobedecida sentencia del Constitucional? ¿Va Montoro a pagar –o dejar de pagar– las nóminas de esta institución adulterada a pesar de que ha amenazado a los contribuyentes catalanes con multas si hacen en ella sus declaraciones de impuestos? ¿Y va a cortar también el grifo a una institución que no oculta ni en su denominación sus pretensiones delictivas como el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña?
Eso, en cuanto a algunas de las ilegales estructuras de Estado que los golpistas han venido erigiendo desde 2012; pero ¿qué decir también de la todavía más grave adulteración que, desde mucho antes, los nacionalistas vienen perpetrando de las competencias que la Administración regional sí tiene legal y absurdamente encomendadas, como la educación o la radiotelevisión? ¿Nos quieren hacer cree que va a ser Montoro el que pase ahora a pagar directamente –o dejar de pagar– el elevado coste de la educación pública que proscribe en Cataluña el español y que educa en el desprecio –cuando no en el odio– a España? ¿Y qué decir del coste de la TV3, cuyos presupuestos fueron incrementados por los golpistas catalanes en plena crisis económica con la confesa y pública justificación de que tenían que servir de "apoyo al proceso de transición nacional"?
En conclusión ¿nos quiere hacer creer el Gobierno de Rajoy que las facturas que genere a partir de ahora el proceso secesionista iniciado en Cataluña en 2012 no se van a pagar o las va a pagar Montoro? O lo que es peor, ¿nos quiere hacer creer que el proceso secesionista catalán se reduce a esta consulta ilegal que empieza y termina el 1 de octubre?