En el contexto actual de recuperación económica, muchos formadores y otros expertos coinciden en que la formación es la verdadera asignatura pendiente que tiene el sistema de empleo en nuestra nación. Si a esto le añadimos las rigideces del mercado laboral, nos podemos explicar por qué a pesar del esfuerzo financiero realizado por el Gobierno y las comunidades autónomas, las cifras de paro no terminan de disminuir hasta el entorno del pleno empleo que en España debería estar en el 5%.
Pero lo que nos ocupa aquí es el apartado de la formación. En 2015, se aprobó la Ley 30/2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. Dicha Ley debería suponer el ordenamiento de la formación en el ámbito laboral porque, además, capacita y actualiza al trabajador a lo largo de toda su vida profesional.
En teoría, este nuevo sistema es positivo para los agentes que intervienen en el mercado de trabajo. Para los trabajadores, mejora de sus competencias profesionales, mejora de su empleabilidad, acreditación oficial de sus competencias y disminución de la brecha digital y accesibilidad a las TICs (tecnologías de información y comunicación). Para las empresas, por la mejora de sus productividad y competitividad, al tener un personal más y mejor formado.
Inversión en formación
De los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, extraemos el coste de la formación para el empleo, que asciende a 2.154 millones de euros (754 millones destinados a formación de desempleados; 1.016 millones a formación de ocupados; 266 millones a oportunidades de empleo y formación y 118 millones a flexibilidad: formación y recualificación).
Este importe está cubierto casi en su totalidad con las cuotas de formación profesional que aportan empresas y trabajadores (0,6 y 0,1%, respectivamente) a la Seguridad Social, además de las aportaciones que realizan el Fondo Social Europeo (FSE) y el propio Estado.
Entidades que la prestan
La organización que gestiona este tipo de formación es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es), antigua Fundación Tripartita que, como consecuencia de la mala administración de los fondos para la formación realizados por los sindicatos y patronal en el pasado, ha pasado a ser controlada por el SEPE.
Pero las entidades que prestan esa formación se cuentan por centenares: comunidades autónomas, servicios de empleo regionales, empresas de formación de carácter público y privado, ayuntamientos, sindicatos, organizaciones empresariales, Cámaras de Comercio y Fundación Incyde -de impecable comportamiento, por cierto-, universidades, Fundación ONCE, etc, siempre que estén inscritas en el Registro Estatal de Entidades de Formación.
Solo por ofrecer el dato del FSE, Europa está aportando para el septenio 2014-2020 más de 7.000 millones de euros en cursos de formación para trabajadores desempleados y ocupados en los ejes de igualdad, juventud y nuevas tecnologías.
Comparación con otros países
A pesar del esfuerzo inversor que tanto el Estado como el FSE están realizando en España para que la formación profesional sea la herramienta principal de la creación de empleo, las cifras en nuestro país siguen siendo decepcionantes. Solo el 33% de los titulados (y por tanto capacitados para ejercer una profesión según el CNCP) lo son de Formación Profesional; por debajo de la media de la OCDE (40%) y de la UE (46,1%). Solo superamos a Gracia, Francia, Hungría y Estonia, muy lejos del 97% de Finlandia, 75% de Holanda, 50% de Portugal (sí, Portugal), 45% de Alemania, 40% de Italia, etc.
¿Por qué? Rigidez, eficacia y condicionamientos sociales. El mercado de trabajo sigue siendo especialmente rígido. Resulta muy difícil y caro contratar a un empleado en España. Difícil por el interminable número de posibilidades de contratación y caro porque lo elevado de las cotizaciones sociales y de las indemnizaciones por despido impiden a los empresarios adaptarse a las necesidades reales de su demanda. De hecho, ya existen informes de la Comisión Europea en el sentido de dar una vuelta de tuerca más a la flexibilización de dicho marco laboral (cosa a la que nuestros sindicatos decimonónicos no están dispuestos).
Por otra parte, todavía sigue siendo una aspiración de las familias españolas que los hijos alcancen un grado de formación superior sin tener en cuenta la empleabilidad de dicha formación. Así, el porcentaje de graduados superiores que se integran en programas de formación profesional para el empleo no deja de ascender: entre un 10-20% según regiones, con lo que eso supone de pérdida de tiempo y de fondos dedicados a la formación superior tirados, literalmente, a la basura. Según la misma OCDE, dos tercios del empleo que se genere de aquí a 2020 en Europa lo hará en categorías profesionales técnicas de FP y FD-dual.
Eficacia de la formación
Para terminar solo destacar la escasa eficacia que tiene una formación profesional que invierte fondos de todos los españoles (vía presupuesto) y de los europeos (vía FSE) en cursos de cocina, bailes de salón, composición y diseño de música RAP y otros que nunca deberían ser pagados íntegramente con dinero público, mientras, al mismo tiempo, tenemos la mayor tasa de abandono escolar (incluida la FP) de la UE en cursos de formación para los que las empresas demandan titulados.
En España, tenemos demasiada gente con poca cualificación profesional (44%), un 31% con mucha y muy poca con una cualificación intermedia (23%). Las cifras lo dicen todo.
Antonio Sancho es economista y director de Proyectos Fund Incyde de la Cámara de Comercio de España.