A pesar de que el Gobierno de Rajoy se comprometió no hace mucho a cortar el grifo del Fondo de Liquidez Autonómico a los sediciosos mandatarios catalanes en caso de financiar los preparativos de la nueva consulta secesionista del próximo 1 de octubre; y a pesar también de que la Fiscalía General del Estado ya ha cursado una querella contra Puigdemont y el resto de su cuadrilla precisamente por un delito –entre otros– de malversación de caudales públicos, el Gobierno de Rajoy se dispone a mantener la financiación extraordinaria que viene brindando a la Administración autonómica en rebeldía desde 2012.
Téngase en cuenta, además, que los cuantiosos recursos públicos que la Generalidad de Cataluña viene desde entonces destinando a su ilegal proceso secesionista van mucho más allá que los que requirió la ilegal consulta del 9-N o la que pueda seguir requiriendo la no menos ilegal consulta del próximo 1 de octubre. El sostenimiento de ilegales estructuras de Estado, tales como el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, la adulterada Agencia Tributaria de Cataluña, aspirante a convertirse en la futura Hacienda de la República Catalana, o la activa Consejería de Asuntos Exteriores –vanamente suspendida por el Tribunal Constitucional–y su acrecentada red de embajadas, por poner sólo unos pocos ejemplos, cuesta una pasta que tampoco sale del bolsillo particular de ningún independentista sino del dinero del contribuyente –fondos propios de la Generalidad– que manejan los golpistas que ostentan y, mucho me temo, van a seguir ostentando la máxima representación del Estado en Cataluña.
Es normal que los golpistas perpetren tan colosal desvío de fondos públicos para financiar el ilegal proceso de independencia que públicamente inauguraron en la Diada de 2012. Y es normal que semejante desvío de fondos propios de la Generalidad genere agujeros en las competencias que la Administración autonómica tiene legalmente encomendadas, como la sanidad o el pago a provedores. Lo que me resulta escandaloso desde 2012 es que la Administración central del Estado, a través del mencionando Fondo de Liquidez Autonómico, venga a tapar esos agujeros sin exigir previamente a los mandatarios un compromiso, tanto de palabra como de obra, con el cese de ese ilegal desvío de fondos y un compromiso, no menos público y verificable, con el ordenamiento constitucional.
Entiendo que, con esa exigencia, y sólo en el caso de que los mandatarios prosiguieran financiando su ilegal procés, Rajoy se arriesgaría a una suspensión de pagos por parte de la Administración regional y a las quejas de los proveedores, lo que abocaría al Gobierno de España a tener que intervenir por completo los recursos propios de la Generalidad para que ni un solo euro de los mismos vaya destinado a tan ilegales menesteres. Pero eso es precisamente lo que Rajoy, con su insensata, acomodaticia y temeraria cobardía, todavía quiere evitarse a toda costa: tener que suspender la autonomía de Cataluña, ya sea por razones políticas o financieras. Y esa es la razón por la que la Administración central del Estado va a seguir pagando "cosas básicas" que deberían pagarse con los recursos propios de la Administración regional.
Lo más lamentable de todo es ver cómo se maquilla todo este escandaloso modus operandi en casi todos los medios de comunicación. Así, titulares tales como "El Gobierno podría asumir parte del presupuesto de la Generalidad" dejan en segundo plano lo más relevante de la noticia del día, y es que el Gobierno va a seguir manteniendo a la Administración en rebeldía como la principal destinataria de los Fondos de Liquidez Autonómica. Y lo que es peor: ese "podría asumir" deja en segundo plano el hecho de que el control del gasto con el que Rajoy trata de tapar, ya desde hace tiempo, su financiación involuntaria e indirecta pero no por ello menos decisiva del procés no se realiza sobre el destino que se da a los recursos propios de la Generalidad sino al de los recursos que esta recibe a través del FLA.
Que el Gobierno de España pasase a pagar directamente a los provedores en lugar de exigir un justificante de pago a la Generalidad a cambio de entregarle a ella el dinero no resuelve en absoluto el problema; como mucho lo oculta.
Lo más lamentable de todo es que esa falsa asunción del presupuesto de la Generalidad por parte del Gobierno de Rajoy no obedece a otra cosa que a tratar de ocultar la ya mencionada financiación indirecta al procés y que Junqueras ya ni siquiera se va a molestar en enviar justificantes de pago a cambio de lo que recibe del FLA.