España ya está en precampaña electoral -si es que alguna vez deja de estarlo- y se nota en las medidas y promesa que empiezan a esbozar las distintas formaciones políticas de cara a los comicios locales y autonómicos que tendrán lugar en 2019. El Gobierno del PP no es ajeno a esta cita con las urnas, ni mucho menos, y prueba de ello es que pretende recuperar el apoyo que perdió en su día entre los funcionarios, tras la polémica suspensión de la paga de Navidad en 2012 y los posteriores años de moderación salarial, a costa de talonario.
Primero reintegró la extra previamente eliminada, luego anunció una histórica oferta de empleo público, con más de 20.000 nuevas plazas para 2017 a las que hay que añadir, además, el plan para convertir en funcionarios a más de 250.000 interinos hasta 2019, así como garantizar una tasa de reposición del 100% en la mayoría de servicios públicos -todo el que se jubile será cubierto mediante la convocatoria de una nueva plaza-… Y ahora le toca el turno a los sueldos y la jornada laboral.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ofreció el lunes al conjunto de los empleados públicos un plan de subida salarial a tres años (2018-2020)vinculado al Producto Interior Bruto (PIB). Partiendo de las previsiones que maneja el Ejecutivo, la economía nacional crecerá un 2,6% en 2018, un 2,5% en 2019 y un 2,4% en 2020, de modo que la subida salarial rondaría el 7,5% en los próximos tres ejercicios. Esto no significa que no se tomen como referencia otros indicadores para fijar la cuantía final, pero el PIB serviría como punto de partida.
Los sindicatos insisten en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis y, puesto que la inflación prevista oscila entre el 1% y el 1,5%, la vinculación al PIB satisfaría, al menos inicialmente, las demandas de los funcionarios. Además, los sueldos públicos subirían en 2018 muy por encima del 1% que se ha venido aplicando en los últimos años.
La propuesta del Ejecutivo es la primera vez que contempla un plan plurianual y también es novedosa porque se trata de no establecer un incremento fijo al inicio del año, como ha venido siendo habitual hasta ahora, sino de un aumento variable como hacen ya muchas empresas privadas, vinculado en este caso a la evolución del PIB.
Ahora bien, ¿cuánto costaría el plan del PP para contentar a los empleados públicos de cara a las elecciones? Según los últimos datos disponibles de la Intervención General del Estado, el dinero público destinado a la remuneración de funcionarios y empleados públicos fue de 119.125 millones de euros en 2015, de modo que una subida del 7,5% se traduciría en un coste adicional de casi 9.000 millones de euros hasta 2020 para el conjunto de los contribuyentes.
Sin embargo, los funcionarios piden más. Los sindicatos alegan que la pérdida total de poder adquisitivo durante al crisis asciende al 20%. Así pues, el Estado tendría que desembolsar cerca de 24.000 millones extra en los tres próximos años en caso de atender tales exigencias.
Pese a ello, cabe recordar que la masa salarial, lejos de reducirse durante la crisis, ha aumentado en unos 11.600 millones de euros desde 2007. De hecho, la partida destinada a remuneraciones públicas siguió creciendo con fuerza hasta 2010, cuando España ya estaba en plena crisis, y sólo descendió a partir de ese momento, especialmente en 2012, cuando se eliminó la extra y se apostó por revertir el aumento de plantillas públicas acometido entre 2008 y 2011, tal y como refleja el siguiente gráfico.
Además, durante su encuentro con Montoro, las organizaciones sindicales demandaron la necesidad de recuperar la jornada de 35 horas para aquellas administraciones que así lo decidan, como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid. También pretenden aumentar las plantillas públicas por encima de las jubilaciones "en los ámbitos donde sea necesario".
Hacienda, por el momento, no se cierra a nada y se muestra dispuesta a negociar. Por ello, convocará de nuevo esta semana a las centrales sindicales para seguir negociando la subida salarial y el resto de asuntos relativos a los funcionarios, de forma que convocará la semana que viene la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.