El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha ofrecido a los empleados públicos un plan de subida salarial a tres años (2018-2020) vinculado al Producto Interior Bruto (PIB), según han confirmado a Europa Press fuentes sindicales y del Gobierno.
La propuesta del Ejecutivo es la primera vez que contempla un plan plurianual y también es novedosa porque se trata de no establecer un incremento fijo al inicio del año, como ha venido siendo habitual hasta ahora, sino de un aumento variable como hacen ya muchas empresas privadas, vinculado en este caso a la evolución del PIB.
Las previsiones del Gobierno estiman que el PIB crecerá un 2,6% en 2018, un 2,5% en 2019 y un 2,4% en 2020, del tal manera que vincular los salarios de los funcionarios al incremento de la economía evitaría, al menos, una pérdida de poder adquistivo, teniendo en cuenta además que el Ejecutivo contempla una evolución moderada de la inflación en los próximos años.
En cualquier caso, y al margen de la fórmula concreta que finalmente se acuerde con los sindicatos, el sueldo de los funcionarios subirá en 2018 por encima del 1%, la subida que se ha aplicado en los últimos años y que los sindicatos consideran insuficiente con aumentos del PIB cercanos al 3% y tras los recortes sufridos durante la crisis.
Las demandas de los sindicatos
Desde los sindicatos valoran la propuesta de Hacienda como "un factor más a tener en cuenta" para el incremento salarial, pero a priori y a la espera de que se concrete la propuesta, consideran que el crecimiento del PIB no debería ser determinante para fijar la subida salarial, sino simplemente un factor más a tener en cuenta, señalaron a Europa Press en fuentes de UGT. En su lugar, siguen reclamando una subida salarial para los funcionarios ligada al IPC para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, indicaron desde CSIF y UGT.
Los agentes sociales se reunieron con Hacienda el pasado jueves para abordar las condiciones laborales de los funcionarios en los Presupuestos Generales de 2018. Durante este encuentro, las organizaciones sindicales reiteraron la necesidad de alcanzar un pacto de legislatura para recuperar, de manera progresiva, el poder adquisitivo perdido durante la crisis, que el sindicato CSIF cifra en torno al 20%.
Además, también ven "fundamental" la recuperación de la jornada de 35 horas para aquellas administraciones que así lo acuerden con las organizaciones sindicales, como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid.
Los sindicatos también destacan la importancia de aprobar una oferta de empleo público que ponga fin a la tasa de reposición y que permita, a través de un plan de recursos humanos, aumentar las plantillas por encima de las jubilaciones "en los ámbitos donde sea necesario". Antes de las vacaciones de verano, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mostró abierto a incluir esta medida en las cuentas del Estado para 2018.
En esta línea, el Gobierno confirmó que estaba "dispuesto a negociar" y que quizás es posible recuperar las 35 horas en algunos ámbitos. No obstante, interlocutores sociales afirman que Hacienda "por el momento" no ha mostrado sus cartas y les han trasladado que están viendo "posibilidades presupuestarias".
Hacienda convocará de nuevo esta semana a las centrales sindicales, previsiblemente para el miércoles o el jueves, para seguir negociando la subida salarial y el resto de asuntos relativos a los funcionarios, de forma que convocará la semana que viene la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
En la Mesa General están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes 22 de septiembre.