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Cinco claves que determinarán la nueva financiación autonómica

El Gobierno tendrá que lidiar con una patata caliente complicada de manejar, entre las quejas de las comunidades ricas y los temores de las demás.

El Gobierno tendrá que lidiar con una patata caliente complicada de manejar, entre las quejas de las comunidades ricas y los temores de las demás.

La financiación autonómica será uno de los temas estrella de la legislatura... si todo marcha según lo previsto, porque ya hace cuatro años se preveía una revisión del modelo vigente y al final se metió en un cajón en vista de las dificultades políticas de sacarlo adelante. Hace unos días, en Libre Mercado nos hacíamos eco del estudio que Ángel de la Fuente, director de FEDEA y miembro del grupo de sabiosconvocado por el Gobierno, presentó bajo el título de "Simulaciones del modelo propuesto por la Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común".

No es un informe político, con conclusiones cerradas o recomendaciones, sino más bien un documento de trabajo, que plantea diferentes escenarios y cálculos de cómo sería el resultado en función de las elecciones políticas. Todo apunta a que los cambios en el modelo actual irán en la misma dirección: algo más de control para los gobiernos regionales sobre los impuestos recaudados en cada región y más capacidad normativa en cuestiones tributarias.

El resultado será un modelo en el que la financiación por habitante estará más equilibrada entre las diferentes regiones (no habrá tantas diferencias como ahora) y se respetará el orden entre recaudación e ingresos del sistema (las regiones más ricas serán también las que encabecen la tabla de financiación por habitante). Por eso, apuntábamos a una mejora relativa de Madrid y Cataluña. En casi todos los supuestos, serán estas dos las autonomías más beneficiadas junto con Valencia (entre otras cosas porque el modelo actual les perjudicaba en otras cuestiones).

Dicho esto, hay cinco cuestiones fundamentales alrededor de las que girará la negociación. Los siguientes cuadros (todos extraídos del informe de De la Fuente) nos pueden dar una idea de por dónde irán los tiros:

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No hay mucho margen. Con la financiación autonómica se hace mucha demagogia. Y es evidente que muchos gobiernos regionales malgastan en partidas perfectamente prescindibles. Pero incluso así, no hay que olvidar que casi el 85% del gasto de estas administraciones va destinado a educación, sanidad y servicios sociales. ¿Se puede ser más eficiente también en estas cuestiones? Pues sí, pero también es verdad que son capítulos del presupuesto muy delicados para la opinión pública. Sea cual sea el modelo de financiación autonómica escogido, el primer objetivo es que sea suficiente para cubrir estas partidas. De hecho, la tendencia (no sólo en nuestro país) apunta a un crecimiento del peso del llamado "gasto social". Es decir que, si acaso, el peso de las autonomías en el total del gasto público español se incrementará (lo que afectará al sistema de financiación).

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En un primer vistazo, podría parecer sencillo hacer el reparto de la financiación: creas una bolsa común con la recaudación de determinados impuestos (o un porcentaje de los mismos) y la repartes en función de las necesidades de cada región. ¿Y cómo se mide? Pues la primera intuición es hacerlo por población: tantos habitantes, tanto te toca.

Pero las cosas no son tan sencillas. Porque no es lo mismo un habitante que otro. Por ejemplo, en sanidad y servicios sociales, las regiones con una población más envejecida gastan más. Y en educación, las que tengan más alumnos matriculados. Por eso, para el cálculo de la financiación se usa una ponderación que da lugar a lo que se denomina como "población ajustada". ¿Y qué criterios se tienen en cuenta? Los que aparecen en el anterior cuadro, que incluye tanto las variables del sistema del 2009 como las propuestas por la Comisión de Expertos (CE) convocada por el Gobierno. Son muchos criterios diferentes y cada región tira para que el suyo (el que le beneficia más) sí entre en el cálculo y se caigan los que le perjudican. Todas hablan de "objetividad" y apelan a una discusión técnica, pero es evidente que aquí, en estos detalles está la clave que determinará quién gana y quién pierde.

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El tercer cuadro es interesante. Muestra cuál sería la financiación por habitante tras el reparto del principal fondo del nuevo sistema propuesto por los expertos. Luego, queda el llamado Fondo de Nivelación (FNV) para igualar algo (o todo) lo que cada región recibe por habitante ajustado. Según los cálculos de De la Fuente, con el modelo propuesto habría unos 4.217 millones para repartir, pero la brecha de gasto necesitaría de más de 11.000 millones para cerrarse. O por decirlo de otra manera, para que todas las comunidades tengan los mismos recursos por habitante ajustado, el Estado tendrá que destinar 11.000 millones al sistema de financiación. Es viable, pero implica un esfuerzo presupuestario que saldría de otras partidas. Otra decisión política complicada.

Porque además, incluso poniendo esos 11.000 millones de euros (y por tanto, con la misma financiación por región y habitante ajustado) hay motivos para las quejas y los agravios: hay regiones que ponen más y se pueden preguntar por qué tienen que recibir lo mismo que otras, se pueden discutir los criterios utilizados para hacer el cálculo, se puede reclamar un porcentaje más elevado de los ingresos en manos de las autonomías... Esta es una discusión económica, sí; pero toda ella está rodeada de un claro componente político.

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En este cuadro tenemos un resumen de los recursos del sistema de financiación tal y como saldría de la propuesta de los expertos (tomando el año 2015 como referencia en cuanto a las cifras de recaudación). El tramo autonómico de IVA e Impuestos Especiales va a la bolsa común. Del resto de impuestos cedidos (IRPF, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Tributos sobre el Juego y Tasas...): el 68% irían al fondo común y el resto se lo quedaría cada región.

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Como era previsible, las diferencias entre lo que se recauda son enormes. Tomando un valor 100 de media para estas regiones de régimen común, Madrid tendrá un valor de 168,2 (hablamos de los Ingresos Tributarios Directos, quedan fuera IVA e IIEE) y Extremadura de 58,7. Como decimos, no son todos los impuestos que forman parte del sistema de financiación, pero sí nos dan una idea de la capacidad recaudatoria de cada región.

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Este es el cuadro que utilizábamos en nuestra noticia del miércoles, en la que resumíamos cómo quedaría la financiación con el nuevo sistema (siempre usando como base el modelo propuesto por la Comisión de Expertos). Se mantiene el orden recaudación-ingresos (la que más recauda es la que más obtiene del sistema) pero sigue habiendo redistribución entre regiones (algo que, por otro lado, pasa en todos los países del mundo).

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