El movimiento okupa está tomando en España un insólito rumbo. Una cierta aceptación social unida a la desprotección jurídica con la que se encuentra el propietario de una vivienda se han convertido en campo de cultivo para grupos organizados que quieren hacer de esta actividad ilegal un negocio.
"Dúplex del banco con agua y luz. Listo para vivir de okupa". Así, como si del cartel de una inmobiliaria se tratara, reza un mensaje en el conocido portal Milanuncios.com. Según el texto publicado hace 9 días, la vivienda está situada en Manresa, un municipio de la provincia de Barcelona, y los interesados que quieran habitarla ilegalmente solo tienen que pagar 1.200 euros al anunciante.
Aunque sorprende la naturalidad del mensaje, el anuncio anterior no es el único que aparece publicado en este portal con el objetivo de poner a la okupación al alcance de todos. Hace 6 días otra persona se ofrecía para proporcionar un piso en Vallecas (Madrid) a cualquiera que quiera residir en una propiedad ajena. Por el módico precio de 4.000 euros "innegociables" los interesados gozarán de luz, calefacción, suministros gratis y toda una larga lista de comodidades.
Como si de un mercado inmobiliario propio se tratara, junto a los oferentes se sitúan los demandantes. Y es que son muchos los usuarios que buscan a un experto que les proporcione una casa que poder okupar en ubicaciones como Vallecas, Alcobendas o Barcelona. El precio más habitual que ofrecen por instalarse en las viviendas de otro propietario es de 500 euros.
Como una vez que las viviendas son okupadas los dueños se ven obligados a pasar por un calvario legal para conseguir echar a sus nuevos habitantes, son muchos los que deciden deshacerse de su propiedad poniéndola a la venta. "Se vende casa con okupa", dice un anuncio de hace 2 días. Se trata de una vivienda de 3 dormitorios en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) que está a la venta por 24.000 euros. El precio de venta es tan ajustado porque la persona que adquiera el inmueble tendrá que lidiar con estos residentes ilegales. Otro ejemplo de la rebaja del precio deben de hacer los propietarios para darle salida al mercado a sus viviendas es un estudio en Benidorm "con okupa dentro" y "a 700 metros de la playa" que se vende por 9.500 euros.
"Hay profesionales de la okupación"
Al secretario general de la Asociación para la Defensa de los Propietarios de Vivienda (ADEPROVI) y socio de Vilacoba&Parra, Andrés Vilacoba, no le sorprenden "en absoluto" este tipo de anuncios debido a la "laxitud del sistema" que "da mucho margen de maniobra" a los okupas.
"Hay una práctica muy extendida que es la del profesional de la okupación. Llaman ellos mismos a la Policía y se pasan las casas unos a otros porque se ven legitimados para no respetar la propiedad privada", declara el abogado a Libre Mercado.
"La lentitud de la justicia" unida a que esta actividad "les sale muy barata" porque los okupas "van con abogados de oficio" y, al no tener propiedades a su nombre, "no afrontan la responsabilidad civil de los daños que causan en la vivienda, tanto por los destrozos, como por el lucro cesante del propietario al no tener acceso a su vivienda".
Vilacoba considera que los casos "donde los okupas son una familia, que no tiene dónde ir y se mete en una vivienda para no quedarse en la calle son la excepción. Está claro que la crisis ha afectado a muchas personas de manera importante, pero no se puede utilizar la excepcionalidad para legitimar un acto ilegal". El experto cree que con "la excusa de la solidaridad no se debe fomentar el parasitismo".
En este sentido, el artículo 47 de la Constitución dice que:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
"Esto significa que es el Estado el que se debe encargar de proporcionarle a las personas que realmente lo necesitan una vivienda digna, y no los propietarios", considera Vilacoba.
Por todo ello, el abogado pide al Gobierno "un cambio normativo que haga frente a una realidad social que está exigiendo protección al propietario". A su juicio, una forma de hacerlo sería "dar más competencias a los Cuerpos de Seguridad del Estado para actuar".