El Banco de España (BdE) acaba de actualizar la cuantía de dinero, tanto público como privado, que se ha destinado a la reestructuración de las cajas de ahorros, entidades semipúblicas controladas por los políticos cuya insolvencia quedó patente tras el estallido de la crisis financiera.
El volumen total asciende a 62.754 millones de euros a finales de 2016, equivalente al 5,6% del PIB, que, a su vez, se divide en 41.150 millones correspondientes al Estado a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y otros 21.604 millones a las entidades financieras privadas a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC). Así pues, el 65,5% del coste de dicho rescate ha recaído sobre el sector público y el 34,4% sobre el sector privado. Y, tal y como se preveía, el Estado perderá buena parte del dinero invertido en sanear las cajas de ahorros.
El proceso de reestructuración bancaria ha pivotado, básicamente, sobre el FROB y el FGDEC desde 2009, materializándose, a su vez, en dos tipos de ayudas: las inyecciones de capital, diseñadas para evitar la quiebra de las cajas, y el otorgamiento de avales y esquemas protección de activos (EPA) para garantizar la liquidez del sistema bancario y la venta de ciertas entidades con problemas.
En el caso del FROB, las ayudas públicas en forma de capital suman 54.353 millones de euros. Sin embargo, de esta cantidad ya se habían recuperado 3.873 millones a cierre de 2016, de los que 977 millones fueron devueltos por CaixaBank en abril de 2013 procedentes de las ayudas recibidas por Banca Cívica, 800 millones de una emisión de mayo de 2010 de cuotas participativas de CajaSur, 782 millones por la venta de su participación en Catalunya Banc, 783 millones por venta de la participación en NCG, 407 millones amortizados anticipadamente por Ibercaja Banco de una emsión de obligaciones convertibles realizada por Caja 3 y 124 millones amortizados antes por Liberbank de una emisión de obligaciones convertibles.
Además, el Banco de España estima que este importe recuperado se incrementará en 10.402 millones adicionales con la venta de las participaciones del FROB en BFA (Bankia) y BMN, y con la amortización de las obligaciones obligatoriamente convertibles de Banco CEISS por 604 millones de euros.
Por otro lado, el organismo que preside Luis María Linde recuerda que el Estado concedió 110.895 millones en avales para asegurar las emisiones de deuda del sector bancario español durante los años de crisis, pero, tras los vencimientos de las correspondientes emisiones, dichos avales han sido cancelados en su totalidad sin que se haya producido ninguna pérdida para el sector público.
En cuanto a los EPA, las pérdidas acumuladas hasta ahora por el FROB se elevan a 883 millones de euros (392 millones correspondientes a CajaSur y 491 millones a Banco Valencia). A esta cuantía cae añadir, además, otros 1.629 millones de euros debido a la cobertura de otro tipo de contingencias, como las futuras reclamaciones por la incorrecta comercialización de productos híbridos o garantías relacionadas con determinadas desinversiones y traspasos.
Todo ello suma un total de 41.150 millones de euros netos aportados por el sector público, cuya factura corre a cargo de los contribuyentes. Esta cantidad equivale a algo más de 2.200 euros por cada familia española. Las aportaciones privadas del Fondo de Garantía de Depósitos, por su parte, alcanzan un total de 21.604 millones de euros a cierre de 2016, sin que ello suponga coste alguno para el contribuyente.
El siguiente cuadro, elaborado por el BdE, resume las distintas ayudas financieras destinadas al rescate de las cajas.
Por último, el BdE también señala que el Estado inyectó otros 2.192 millones de euros en el capital del banco malo (Sareb) a través del FROB y concedió avales públicos por valor de 40.925 millones de euros para garantizar su deuda emitida hasta finales de 2016. El coste fiscal para el contribuyente del banco malo dependerá, en última instancia, de las pérdidas o no que acabe registrando esta entidad a lo largo de los próximos años mediante la liquidación de los numerosos activos inmobiliarios que todavía constan en su balance.