Los sindicatos han salido ganando con el intolerable chantaje sindical que han protagonizado este verano en el aeropuerto de El Prat, donde tomaron como rehenes a decenas de miles de viajeros en pleno verano para lograr subidas salariales, aumentos de plantilla y mejoras en las condiciones laborales. El laudo de obligado cumplimiento que presentó el pasado jueves el árbitro designado por el Gobierno, Marcos Peña, para tratar de solventar este conflicto laboral incluye un aumento de sueldo de 200 euros al mes en doce pagas, lo que supone un alza del 18%, así como un incremento en el número de trabajadores y la anulación de las sanciones y despidos aplicados por la empresa, Eulen, como consecuencia del incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga.
El laudo, básicamente, calca el acuerdo de intermediación que presentó en su día la Generalidad de Cataluña y que, sin embargo, fue rechazado por los representantes sindicales. Así pues, los graves daños ocasionados a los pasajeros del aeropuerto de Barcelona, lejos de conllevar una penalización, han tenido premio. Normal, por tanto, que, visto el favorable resultado de dicha estrategia, el resto de sindicatos del sector amenacen ahora con reproducir huelgas similares en el resto de aeropuertos en caso de no recibir idénticas mejoras. El Gobierno, con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a la cabeza, no piensa pelear ninguna de estas batallas, tal y como ya sucedió con el vergonzoso episodio de los estibadores, de modo que está dispuesto a ceder a este tipo de reivindicaciones, sin importar la conveniencia o no de tales medidas ni el coste que ello podría suponer.
En este sentido, ya se ha constituido una mesa de negociación para evaluar las condiciones laborales de todos los vigilantes de seguridad de los aeropuertos y el resto de infraestructuras públicas, mientras que Fomento está a la espera del visto bueno de Hacienda para elevar los sueldos a los trabajadores de AENA. Dada la posición de debilidad que está adoptando el Ejecutivo del PP, no es de extrañar, por tanto, que los grandes sindicatos amenacen abiertamente con desencadenar un "otoño caliente" en cuanto a huelgas y protestas de todo tipo para lograr sus reivindicaciones, tal y como ponen de manifiesto los paros convocados por los examinadores de Tráfico o el colectivo de funcionarios y su pretensión de reducir la jornada laboral a tan sólo 35 horas.
Este tipo de cesiones no salen gratis, sino que serán sufragadas por el conjunto de los contribuyentes mediante nuevas subidas de impuestos o, en su caso, tasas. Además, elevar los salarios de forma lineal sin tener en consideración la productividad real de los trabajadores o la situación de cada empresa constituye un grave error puesto que, en última instancia, acaba restando competitividad al conjunto de la economía, de modo que es pan para hoy y hambre para mañana. En este sentido, cabe recordar que, si bien El Prat es uno de los aeropuertos con más tráfico y más rentables de España, extender el alza de los costes laborales al resto de la red de Aena, donde muchos aeródromos pierden dinero, acabaría lastrando los resultados de la compañía.
Y lo mismo sucede con el resto de la economía. Las subidas de salarios que no están ligadas a un aumento de la productividad, tal y como sucedía habitualmente antes de la crisis, no son sostenibles en el tiempo y acaban minando el crecimiento y la creación de empleo. Por ello, el chantaje sindical y las sucesivas cesiones del Gobierno no solo no solventan los problemas de paro, precariedad y bajos sueldos que padecen numerosos españoles, sino que los agravan. Para conseguir sueldos más altos y una tasa de desempleo reducida o, directamente marginal, la receta a seguir es otra muy distinta. En concreto, el Gobierno debería profundizar la reforma laboral aprobada en 2012 para flexibilizar mucho más el mercado de trabajo, al tiempo que reduce la elevada carga fiscal que soportan los trabajadores e incentiva el crecimiento de las empresas mediante la eliminación de trabas con el fin de elevar la productividad e impulsar la competencia. Contar, en definitiva, con una economía mucho más libre y flexible es la base para construir sociedades más ricas y prósperas. Los nefastos resultados del recetario sindicalista, por el contrario, ya son bien conocidos desde hace décadas en España: alto paro y bajos sueldos.