Asentada la recuperación, es propicio preguntarse cuáles son los puntos flacos de la economía española, vista la proximidad de la siguiente recesión -la experiencia histórica es de una contracción cada siete años- y la realidad de que aún nos encontramos por debajo de la media de la eurozona en PIB per cápita. ¿Cómo mitigar el daño de la próxima crisis y converger más pronto que tarde con las economías más prósperas del mundo?
En los tiempos que corren, tanto por sus consecuencias políticas como por el impacto mediático, podría pensarse que el separatismo en Cataluña y el sangriento terrorismo islamista presentan las amenazas más sobresalientes al bienestar futuro de los españoles.
Si bien es cierto que la incertidumbre creada por el independentismo probablemente esté frenando la inversión de forma temporal, los efectos permanentes se reflejarán más en una redistribución del capital y las empresas hacia el resto de España que en una pérdida neta de producción. Ésa por lo menos ha sido la experiencia en países como Canadá y Gran Bretaña que recientemente han sufrido fenómenos similares.
Del mismo modo, aunque los estudios académicos indican que el terrorismo etarra redujo el PIB del País Vasco en diez puntos porcentuales entre 1975 y 2000, gran parte de este impacto respondía a la persistencia del terrorismo nacionalista vasco y a la expectativa de que continuara en el futuro. La violencia islamista, sin embargo, opera de manera casi aleatoria -tanto en la selección de los lugares como de las víctimas- y es discutible su permanencia con la inminente derrota del ISIS. Pese al coste humano y psicológico, se calcula que el 11-S redujo el crecimiento estadounidense en sólo medio punto porcentual, que de todos modos se recuperó en los trimestres siguientes.
Débil protección de la propiedad
Por el contrario, uno de los factores que históricamente ha relegado a la economía española a la segunda división de los países desarrollados es la inseguridad jurídica. Nos referimos fundamentalmente a la proverbial lentitud de la Administración Pública, la propensión de sucesivos gobiernos a cambiar marcos legislativos clave de forma frecuente y arbitraria, y en general a la débil protección de los derechos de propiedad. La corrupción política refleja en parte esta falta de robustez institucional que otorga al político el papel de valedor de causas particulares.
Es ya ampliamente conocido el atasco de causas a todos los niveles de la Administración de Justicia. Y lo preocupante es que en algunos casos las dilaciones van en aumento. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, los procesos por expropiación forzosa tardaron en 2016 una media de 16 meses en dirimirse, cuatro meses más que en 2007. En el caso de los conflictos colectivos, la duración media fue de más de once meses -llegando a 58 en Baleares- cuatro veces más que al comienzo de la crisis. Esta tendencia al alza se observa también en procesos por despido, accidentes de trabajo y medio ambiente.
La arbitrariedad legislativa es otro problema acuciante para las empresas que operan en España. El ejemplo reciente más paradigmático es la retirada a partir de 2010 de las subvenciones de tarifa a las energías renovables. Ello nos ha convertido en el país europeo con más pleitos pendientes en el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, duplicando el número de casos del segundo, la corrupta y dictatorial Hungría. Lo grave no es el cambio legislativo en sí, ya que los subsidios verdes de la era Zapatero habían dilatado el déficit de tarifa e inducido una sobrecapacidad difícilmente sostenible incluso en los últimos años del boom, sino la imagen de país chapucero que transmite de España, ahuyentando la futura inversión extranjera en proyectos de envergadura.
Alquiler y okupas
Pero quizá la debilidad estructural más grave en lo que al régimen legal se refiere es la endeble protección de la propiedad privada frente a invasiones públicas y privadas. Sólo en los últimos años hemos comenzado a recuperarnos de la devastadora decisión de Franco –más socialista de lo que comúnmente se reconoce– de congelar los alquileres en 1946. Su Ley de Arrendamientos Urbanos destruyó en la práctica el mercado del alquiler en España durante medio siglo, y sólo con el estallido de la burbuja inmobiliaria ha vuelto a crecer, aunque sus dimensiones son aún muy inferiores a las de mercados europeos como el alemán o el británico.
Al legado de intervención franquista se une ahora el fenómeno de los okupas, parapetados tras Podemos y grupos afines, y frente a quienes los propietarios se encuentran indefensos por la pusilánime respuesta judicial a semejante usurpación. Conviene recordar que países de nuestro entorno que llevan más tiempo sufriendo ocupaciones tienen en la actualidad regímenes mucho más estrictos para contrarrestarlas. España, en cambio, sitúa la balanza en contra de los propietarios. No sorprende, por tanto, que el último Índice Internacional de Derechos de Propiedad nos sitúe a la cola de Europa occidental, sólo por delante de Grecia e Italia.
La inseguridad jurídica es una barrera a la inversión doméstica y extranjera. La expectativa de costosos y prolongados procesos judiciales aplaca la voluntad inversora de las empresas, reduciendo de este modo la productividad de los trabajadores y la ocupación. La arbitrariedad legislativa y la falta de vigor en la defensa de la propiedad privada apuntan en la misma dirección, hacia menos inversión, menos producción y menos oferta. No es gratuito que los países más ricos del mundo usen el sistema legal anglosajón y escandinavo, ambos reconocidos por su relativa transparencia, estabilidad y firmeza. Si queremos igualarlos, España deberá seguir su ejemplo.
Diego Zuluaga es economista e investigador del Institute of Economic Affairs de Londres.