El Instituto para la Gestión de la Universidad de Lausana tiene claro que nuestras Administraciones Públicas tienen un problema de eficiencia. Así se desprende de su ranking global, en el que analizan distintas categorías: calidad de la regulación, facilidades para la inversión extranjera, apertura de los concursos para los contratos públicos, ausencia de ayudas y subvenciones que distorsionen la competencia, efectividad para garantizar el cumplimiento de las leyes, ausencia de duplicidades y redundancias administrativas…
Algo similar apuntan los técnicos del Banco Mundial. Según sus indicadores de medición de la calidad institucional, el de España es uno de los sectores públicos menos eficientes de todos los países fundadores de la Eurozona. Solo Italia, Grecia y Portugal obtienen una peor nota.
En las mediciones de eficiencia fiscal tampoco salimos bien parados. Cuando se analiza el coste de recaudar y gastar, nos encontramos con que las Administraciones Públicas españolas necesitan recaudar 1,45 euros para poder desembolsar 1 euro de gasto efectivo.
Comparando el sector público de numerosos países desarrollados, el Instituto Fraser de Canadá ha elaborado una comparación entre el coste de las Administraciones Públicas y los resultados obtenidos en decenas de indicadores socioeconómicos: inflación, desempleo, PIB per cápita, crecimiento, esperanza de vida, mortalidad infantil, educación, desigualdad, seguridad, calidad de vida, satisfacción, libertad política, calidad del medio ambiente…
España se coloca en la zona media-baja de la tabla, con una puntuación de 5,7 sobre 10 que contrasta con el gran resultado que cosechan los sectores públicos de Corea del Sur, Luxemburgo, Suiza, Australia, Noruega, Chile, México, Canadá, Estados Unidos o Japón, que se mueven en notas superiores a 7,8 puntos.
Según dicho informe, el sector público español está un 47,6% por debajo de los niveles óptimos de eficiencia que se alcanzan en Corea del Sur. No sería realista pensar que podemos cerrar esa brecha a corto plazo, ya que exige un replanteamiento integral de nuestras estructuras públicas, pero sí que merece la pena analizar qué podemos hacer para ir llevando a nuestras Administraciones hacia posiciones de mayor eficiencia.
La productividad de los empleados públicos es un factor clave en este debate. El Círculo de Empresarios ha señalado que en 1980 no había grandes diferencias entre la productividad de los trabajadores del Estado y la del sector privado. Casi cinco lustros después, la divergencia era notable y la productividad de los trabajadores públicos era un 35% menor. Esto tiene un coste notable: el Círculo estima que nuestro PIB sería un 6% más alto si la productividad de nuestros empleados públicos evolucionase al mismo nivel que en el resto de los países europeos.
¿Qué se puede hacer para mejorar la eficiencia del sector público por la vía de la productividad? En Alemania, las reformas introducidas en 2005 acordaron horarios flexibles y nuevos sistemas retributivos que valoran mejor el rendimiento de cada trabajador. En 2007 se avanzó en el modelo de remuneración por objetivos, que puede llegar a aumentar un 10% el salario de los empleados públicos siempre que logren resultados sobresalientes en las metas fijadas.
También en Finlandia se ha abordado esta cuestión, con la presentación en 2004 de un plan que contiene 200 iniciativas orientadas a mejorar la productividad del sector público. Reordenando procesos, las Administraciones redujeron sus plantillas en 9.645 personas entre 2004 y 2011, a lo que se sumó el cambio de posición de unos 6.000 funcionarios.
Por otro lado, los Países Bajos también se han adoptado medidas enfocadas en aumentar la productividad de los empleados públicos. Esta decisión fue de la mano con una reordenación de plantillas aprobada en 2008 que redujo la burocracia en más de 12.000 personas. En paralelo, se favoreció la flexibilidad de los empleados públicos para diseñar sus horarios y organizar sus programas, manteniendo no obstante un criterio claro de valoración por objetivos.
En España, no pocos expertos subrayan la importancia de revisar los esquemas de contratación. Según el Círculo de Empresarios, el 10% de los empleados públicos europeos tiene empleos vitalicios, frente a los porcentajes de más del 70% que se observan en nuestro país. En el resto de Europa, el trabajo "de por vida" se reserva a jueces, inspectores, fuerzas del orden… mientras que en España se otorga el mismo rango a todo tipo de empleados públicos.
La Comunidad de Madrid puso en práctica algunas medidas orientadas a mejorar el rendimiento de los empleados públicos. Por ejemplo, cuando en 2012 se suprimió el complemento salarial por enfermedad, 2.450 empleados de la Administración regional se reincorporaron a sus puestos de trabajo. Además, el gobierno de Esperanza Aguirre redujo de 3.500 a 700 el número de liberados sindicales, medida que supuso un ahorro de 72 millones de euros para las arcas de Madrid.
Soluciones desde dentro y desde fuera
Los empleados públicos podrían relanzar la eficiencia de las Administraciones si se ponen a la cabeza de las reformas necesarias para aumentar la productividad y reducir los gastos. Tendría sentido abrir concursos de innovación para que los empleados públicos presenten propuestas encaminadas a agilizar el funcionamiento de las instituciones y ahorrar en gastos superfluos. Una pequeña parte de los ahorros logrados podría entregarse como paga "extra" a aquellos empleados públicos que diseñen estas medidas. De esta forma se crearían incentivos adecuados para promover una cultura de emprendimiento ahorrador entre los propios trabajadores públicos, poniendo su conocimiento y creatividad al servicio del contribuyente.
Pero la reforma también tiene que venir desde fuera, por eso hay que plantear la creación de foros de innovación abierta que permitan canalizar iniciativas del sector privado y la sociedad civil orientadas a lograr ahorros en el gasto público y mejoras en los procesos de funcionamiento. Se trata de conseguir una Administración más ligera en costes y en procedimientos. Una modesta parte de los ahorros logrados se podría reservar también para reconocer a quienes contribuyan a aumentar la eficiencia de nuestras instituciones.
Tanto el emprendimiento de los propios trabajadores públicos como la innovación abierta orientada a mejorar las instituciones debería coordinarse con la creación de una nueva figura que se encargaría de tutelar de manera transversal todas las políticas de ahorro, eficiencia y productividad de los distintos niveles de las Administraciones. Estos Comisionados para la Reforma de las Administraciones Públicas podrían ser ejecutivos reclutados del sector privado que cobrarían por objetivos y tendrían que diseñar las reducciones de gasto y las mejoras de funcionamiento de acuerdo con sus superiores políticos.
¿Cuál es el margen de ahorros que se puede conseguir por esta vía? Según los trabajos del Banco Central Europeo sobre la eficiencia de las Administraciones Públicas en el Viejo Continente, España puede conseguir ahorros estructurales que rondarían los 40.000 millones de euros si logramos equiparar la calidad de nuestras Administraciones Públicas a la media europea.
El grueso de esos ahorros saldría del gasto de las comunidades autónomas, donde el margen de ahorro ronda los 30.000 millones de euros. El gasto público medio de las regiones ronda el 16% del PIB de cada territorio, pero hay grandes diferencias entre el 27% de Extremadura y el 11% de Madrid. De hecho, replicar la eficiencia presupuestaria madrileña ahorraría inmediatamente 15.000 millones de gasto público.
En términos per cápita, la Comunidad de Madrid gasta 2.600 euros por habitante frente a los 4.000 euros por cabeza de Cataluña. Si analizamos solamente el gasto corriente, resulta que los desembolsos en Madrid rondan los 1.100 euros por persona, un 60% menos que la media nacional.
El modelo liberal que impulsó Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid muestra, de hecho, que gastar menos no significa obtener peores resultados. Lo vemos, por ejemplo, en el Informe PISA: pese a las protestas sindicales por las medidas del gobierno autonómico, Madrid alcanzó en el Informe PISA 2012 la mejor nota del país en lectura, la segunda mejor en ciencias y la cuarta mejor en matemáticas. Y todo con un gasto educativo más bajo que la mayoría de comunidades autónomas.
Las reformas liberales aprobadas en la Comunidad de Madrid se desarrollaron en tiempos de bonanza económica y siguieron apuntalándose en tiempos de crisis. Otras regiones no han tenido la misma suerte pero sí han demostrado que es posible ajustar las cuentas, reducir gasto improductivo y ganar en eficiencia.
Un buen ejemplo es Castilla-La Mancha, que en 2011 registró el déficit público más alto de todas las comunidades autónomas, con un descuadre del 7,7% del PIB. En 2012, las medidas de racionalización del gasto que introdujo el gobierno de María Dolores de Cospedal redujeron el déficit en más de seis puntos, en línea con un ahorro diario medio de 10 millones de euros. Este espectacular vuelco fue posible tras la aprobación de casi veinte reformas estructurales en la Administración Pública, que en el planteamiento de partida incluían la supresión del 90% de las empresas públicas, el recorte de los liberados sindicales, la reducción de los presupuestos de inversiones…
El debate sobre la eficiencia no solamente debe plantearse en clave de reducir gastos superfluos, sino que también va en relación con el diseño y la efectividad de los distintos programas presupuestarios en vigor. Lorenzo Bernaldo de Quirós apela a datos de Eurostat para explicar que el "gasto social" apenas reduce el número de hogares en riesgo de pobreza del 22% al 19%. Los informes de la OCDE destacan que la falta de progresividad en el diseño de los programas de "gasto social" eleva el coste total de los programas y redunda al mismo tiempo en su menor eficiencia. Concentrar las ayudas en las rentas bajas permite bajar los impuestos y ayuda a diseñar y evaluar mejor los distintos programas de las Administraciones Públicas.
Por último, un punto que conviene abordar es el del fraude en el cobro de prestaciones y ayudas públicas. Entre 2012 y 2016, el Ministerio de Trabajo detectó un millón de bajas laborales fraudulentas. Los inspectores denuncian que cuatro de cada diez bajas revisadas eran irregulares.A esto se suma el cobro indebido de prestaciones por parte de trabajadores sin empleo, que ha supuesto casi 800 millones de euros al erario público. Una mejora de la integración tecnológica de estas prestaciones facilitaría la detección del fraude, tal y como ya ocurre en los países del Norte de Europa, que han reforzado enormemente estos controles.
Este artículo es un fragmento del libro Por qué soy liberal, de Diego Sánchez de la Cruz (Ediciones Deusto, 2017).